La justicia federal rechazó la pretensión del intendente de Lincoln, el radical Salvador Serenal, de ser parte de la causa, en calidad de querellante, que investiga al exjefe comunal peronista de ese distrito, Jorge Fernández.
El abogado de Fernández, Humberto Pastor, confirmó a Cuestión Política que “la Cámara hizo lugar a la apelación y revocó que Serenal sea querellante”, recordando que “es una denuncia que radicó el fiscal Ochoaizpuro, entendiendo que en la causa por enriquecimiento ilícito se podría haber consumado un delito de acción pública. Serenal se había presentado como particular damnificado”.
“Es una denuncia que radicó el agente fiscal Javier Ochoaizpuro, entendiendo que, de los elementos recolectados en la causa por enriquecimiento ilícito, se podría haber consumado un delito de acción pública de sede federal, lo cual es un disparate, porque el presunto ilícito, que sería lavado de activos, es una rectificación de una declaración que hizo Bernardo Baccello, que llegó a ser contador de Jorge Fernández”, explicó el letrado.
Serenal, de Juntos por el Cambio, se había presentado como particular damnificado, argumentando que "con todo lo que robó Fernández, se hizo millonario y despojó a los linqueños de fondos", una expresión que descalifica el abogado defensor. “La causa por enriquecimiento ilícito está cerca de llegar a su fin y esto de que se robó todo es un disparate. Si era una causa sobre lavado de activos, puede participar la Afip, pero Serenal no tenía nada que hacer ahí”, explicó.
Respecto de la decisión judicial, el profesional mencionó: “La Cámara me notificó de que había hecho lugar al recurso de apelación y revocó que Serenal sea tenido como querellante. Ahora falta el otro recurso por la nulidad, pero estamos seguros de que la causa no va a avanzar. Serenal tendría que ir a Casación, pero los argumentos que da la Cámara son contundentes”.
Salvador Serenal, intendente de Lincoln.
Fernández está acusado de varios delitos, como los de defraudación a la Administración Pública; asociación ilícita, malversación de caudales públicos; enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales y cohecho.
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