A través de Mariano Lovelli, presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad -CEPIS-, los intendentes del peronismo bonaerense presentaron este lunes el amparo contra las resoluciones de la Secretaria de Gobierno de Energía y el Ente Nacional Regulador de la electricidad.
Quienes pusieron su firma en el documento fueron Fernando Gray, titular del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, y los jefes comunales Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Andrés Watson (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gabriel Katopodis (San Martín), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Verónica Magario (La Matanza), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Juan Zabaleta (Hurlingham), Gustavo Barrera (Villa Gesell), y los diputados Felipe Solá y Cristina Álvarez Rodríguez más el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
El escrito lleva además las firmas de la Asociación Civil DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores), y la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (A.D.D.U.C.).
Asimismo, adhirieron a la presentación el intendente Julio Zamora (Tigre), los diputados Victoria Donda, Leonardo Grosso y, Rodolfo Tailhade, y los legisladores provinciales Darío Díaz Pérez, Fabiana Bertino, y Guillermo Escudero, Gildo Onorato y Daniel Menéndez, dirigentes de la CTEP, y Waldemar Mariño, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa.
“La tarifa final que cada usuaria y usuario del servicio público de electricidad, carece a todas luces de razonabilidad; ello no sólo desde el aspecto cuantitativo sino también cualitativo”, manifiesta el escrito que retoma un de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2016 en ese sentido.
“La pretensión se funda en que las resoluciones en crisis aplican un incremento en el costo de la electricidad mayorista (MEM), de alcance nacional para todas las distribuidoras de la República, al par que las restantes autorizan trasladar a las tarifas de las y los usuarios del servicio público de electricidad de competencia federal, los incrementos en dicho costo mayorista, contraviniendo los principios rectores en la materia”, se indica en otro de los párrafos.
La presentación contra el Poder Ejecutivo Nacional se realizó ante el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 4 de La Plata, a cargo del Juez Alberto Recondo.
En este sentido, considera que los nuevos aumentos vulneran el principio de tarifas justas y razonables, y señala además que “no se ha cumplido con el procedimiento de audiencia pública”, lo que va en contra del artículo 42 de la Constitución Nacional.
La medida solicita a los jueces de la Nación que “frenen los atropellos del Poder Ejecutivo y aseguren el derecho de los ciudadanos a una tarifa justa y razonable”. Además requiere la suspensión de las Resoluciones 366/2018 de la Secretaría de Energía y las resoluciones del ENRE. Y que ambas reparticiones del Estado Nacional “se abstengan de trasladar a las y los usuarios del servicio público de electricidad el nuevo cuadro tarifario aprobado por dichas normas, con inicio el 1 de febrero de 2019, hasta tanto se dicte sentencia de fondo”
“El 10 de diciembre de 2015 significó no sólo un cambio en la gestión gubernamental sino una modificación copernicana de la política tarifaria en materia de servicios públicos, y en el caso que nos ocupa en particular, en el servicio público eléctrico”, se agrega en el escrito.
|
