Después de las denuncias, cambian los métodos pero siguen los nombres

Las denuncias mediáticas que dieron cuenta de presuntas irregularidades en las prestaciones de servicio por parte de privados, parecen haber colmado la paciencia de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien mandó a ejecutar una serie de cambios en el sistema de prestaciones del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). En definitiva, los cambios no llegan hasta el final del conflicto, es que solamente modificarán los modos pero no los nombres.

Incluso, tal como informó La Tecla.info, los rumores de intervención del organismo, que conduce Pablo Di Liscia, fueron descartados por fuentes oficiales. De todas maneras, desde calle 6 aseguraron que habrá cambios en la manera de prestar ciertos servicios.

Claro, en el Gobierno salieron al cruce de las acusaciones y aseguraron que desde el inicio de la gestión de Cambiemos se llevan adelante modificaciones en el IOMA.

En números, se informó que “hay aproximadamente 30 denuncias penales en curso por distintos hechos de corrupción de prestadores, farmacias y clínicas y más de 80 sanciones que son el resultado de sumarios que se comenzaron a partir de la detección de irregularidades en las prestaciones”.

Esas denuncias penales se hicieron a empresas proveedoras de prótesis (entre ellas las ortopédicas) e insumos, farmacias, y médicos, entre otros prestadores.

En tanto, el Gobierno asegura que desde el inicio de 2019 comenzará a funcionar un nuevo nomenclador, que establece compras directas sin intermediarios. Esto, según la versión oficial, permitirá una reducción de sus valores de alrededor del 30%. Como se recordará, los nomencladores fueron pesificados en el año 2016.

Al mismo tiempo, IOMA se encuentra trabajando en la creación de un Registro General de Prestadores, que va a incluir a todos los proveedores. La intención es “garantizar un estándar de calidad; la inclusión de una política de usuarios de sistemas que permita responsabilizar a los auditores de la obra social por sus autorizaciones y un convenio de colaboración para formalizar y profundizar el trabajo que ya se está realizando en equipo con la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI)”.

No obstante, a pesar de las promesas de nuevos cambios, no existe denuncia contra responsables y no hubo funcionarios removidos de sus cargos por los años de entramados que afectaron al Instituto.