Las piedras del “no” al pacto fiscal

Con la aprobación del Concejo Deliberante, el municipio de Laprida buscó contraer dos préstamos de alrededor de 12 millones de pesos para renovar el Parque Vial. En concreto, una motoniveladora, camiones y una pala cargadora para mantener los más de 1000 kilómetros rurales que tiene el distrito. Para nada grata fue la sorpresa del intendente Alfredo Fisher (PJ) cuando recibió el 12 de octubre la respuesta.
 

Todo pedido de endeudamiento requiere del aval del Gobierno bonaerense. Y en este caso fue negativo. La subsecretaría de Política y Coordinación Económica le remarcó que desde el 1º de enero “es condición necesaria” la adhesión al Régimen de Responsabilidad Fiscal. “A la fecha, de acuerdo a la información obrante en esta repartición provincial el Municipio de Laprida no ha adherido a la Ley”, remarcó el área, que depende del ministro Hernán Lacunza.
 

“Nos ponen sanciones por firmar un pacto que, a nuestro criterio, es limitante de las autonomías municipales. Si hacemos todos los deberes y cumplimos todos los requisitos, ¿por qué nos bloquean de esa manera”, se preguntó  Fisher ante La Tecla.
 

Como a Laprida, lo mismo le ha ocurrido a otros distritos del interior de la Provincia como Adolfo Gonzáles Cháves y Roque Pérez, los tres gobernados por el peronismo. A ellos se suman otro puñado de municipios que, directamente, ante las trabas previstas a quienes no adhirieron al Pacto, evitan solicitar créditos. Conocen de antemano, dicen, la respuesta.
 

Otros, en cambio, cedieron. Walter Torchio, intendente de Carlos Casares, adhirió al Pacto Fiscal después de criticarlo abiertamente. La razón: el impedimento en el acceso a los créditos. “Necesitábamos encarar una serie de obras para cubrir el cien por ciento de cloacas en el casco urbano. Si no firmábamos, el Banco Provincia no nos permitía tomar el crédito”, remarcó a este medio.
 

A casi un año de aprobarse la nueva ley de Pacto Fiscal, impulsada por la gobernadora María Eugenia Vidal, 95 municipios de

la Provincia adhirieron. Eso incluye a la casi totalidad de los distritos gobernados por Cambiemos y a una veintena de comunas controladas por el peronismo, el Frente Renovador o espacios vecinalistas.
 

En rigor, el artículo 8 bis de la ley 14.984 que modifica el Régimen de Responsabi-lidad Fiscal de la ley 13.295 establece que los municipios necesitan adherir al Pacto Fiscal para acceder a operaciones de endeudamiento, a operaciones de leasing y/o compras a plazo, además de suscribir fideicomisos. Y especifica que aquellos que requieran asistencia financiera no la tendrán si no firman.
 

Desde el principio, la medida lanzada por el Ejecutivo –en consonancia con el Régimen Fiscal que el gobierno nacional firmó con las provincias– despertó polémica. Sin embargo, las resistencias de la oposición comenzaron a menguar de a poco, y varios jefes comunales aceptaron poner el gancho. De todos modos, Lacunza está lejos de convencer a la totalidad de los jefes comunales, el objetivo que se había fijado, al menos a principios de año.
 

Desde el Ministerio de Economía llamaban insistentemente a las secretarías de Hacienda de varios municipios “rebeldes” para consultarlos sobre la fecha de la adhesión y el aval del Concejo. Con la megadevalución de mitad de año, los llamados cesaron.
 

Casos

La bronca por las limitaciones en el Pacto Fiscal llevó a algunos jefes comunales a explorar la vía legal. El intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, envió en abril una carta a la Asesoría General de Gobierno de la Provincia para clarificar qué normas intervienen a la hora de tratar los endeudamientos municipales.
 

El alcalde puso de manifiesto, a partir de un análisis de su equipo jurídico, que las imposiciones del Pacto Fiscal chocan en la Constitución bonaerense y la Ley Orgánica de las Municipalidades y que “en algunos casos se conforman contradicciones y su-perposición de regulación”. Sin embargo, no tuvo respuesta.

Santillán tuvo otro inconveniente. Presen-tó un proyecto para adquirir contenedores de plástico de residuos, a un monto de 4 millones de pesos. Provincia le dio viabilidad. Pero luego llegó el rechazo.
 

En Roque Pérez, el municipio gobernado por Juan Carlos Gasparini –ahora en uso de licencia– vio bloqueada la oportunidad de acceder a un leasing por 2 millones de pesos. El director del Hospital, Juan Bautista Cora, quiso comprar una mesa de anestesia nueva y renovar la aparatología por equipos más modernos. “Nos dijeron que no por no adherir al Pacto Fiscal”, respondió el funcionario. La duda, como en el resto de los casos, atraviesa las comunas. Los municipios que plantean las críticas aseguran que tienen sus números en orden y se ofuscan frente a las negativas de la Provincia.
 

Perspectivas

En medio de la discusión por el Presupuesto, el Ejecutivo provincial impuso en la Ley Impositiva un tope del 38% de aumento de las tasas municipales. La medida, con carácter transitorio, es justificada en la falta de armonización de las tasas entre municipios vecinos, tal como se había acordado. La imposición, en línea con el Pacto Fiscal, despertó críticas hasta de los propios. Radicales avisaron que las tasas son definidas por los intendentes, aún con el Pacto Fiscal firmado.

 

“Reclamamos la autorización que sí debe darnos el ministerio”

El intendente de Laprida subrayó que su municipio está habilitado por todas las normas económicas para solicitar un crédito “excepto por la decisión de la Gobernadora de hacer firmar a todo el mundo un Pacto Fiscal”.

“Reclamos la autorización que sí debe darnos el ministerio de Economía para que nosotros tomemos instrumentos financieros, legales, vigentes de la economía nacional y provincial para financiar nuestra actividad económica”, afirmó a La Tecla.

El pedido de endeudamiento contó, además, con la aprobación por unanimidad del Concejo Deliberante, con el bloque de Cambiemos incluido, y la Asamblea de Mayores Contribuyentes en mayo de 2017. Y etambién se aprobó por unanimidad una declaración en mayo de 2018 dirigida a la gobernadora Vidal para que dé “curso favorable” a los créditos solicitados.

Fisher le atribuyó un carácter extorsivo al Pacto, y señaló que “es el resultado de condicionamientos del Fondo Monetario Internacional”.

 

“No nos votaron para ser delegados de la Gobernación”

El intendente de Merlo y presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, criticó que el gobierno bonaerense restrinja la posibilidad de créditos o aportes del tesoro nacional o de la Provincia ante la negativa de la firma del Pacto Fiscal.

Y en su caso mencionó un proyecto de luminarias que interesó en el municipio. “No se puede acceder a un montón de beneficios, por ejemplo de luminarias. Hay empresas de que trabajan con el Banco Provincia que te dan la posibilidad de adquirir luminarias a través una operación de la entidad”, señaló el alcalde a  La Tecla.

Destacó, asimismo, que hay “cosas del Pacto Fiscal que están bien” como la “mayor cantidad de controles”.

la Gobernación. No nos votan a nosotros por eso”, apuntó Menéndez.