Mientras aguarda ansioso el resultado del informe que le permita dar vía libre a la cuestionada licitación para la obra de dragado del puerto de San Nicolás, el subsecretario de Puertos bonaerense, Rodrigo Silvosa, y el ministro de la Producción, Javier Tizado, recibieron un baldazo de agua desde lo judicial.
Fueron denunciados penalmente por lo que se considera “un hecho de corrupción” que estaba ocurriendo en el puerto de San Nicolás, del que dio cuenta La Tecla. La presentación la hizo el abogado Pablo Cuomo, precisamente luego de la publicación de este medio el martes 2 de octubre.
Según el denunciante, que actúa a instancias de “personal de la Subsecretaría de Puertos”, se habrían producido serias irregularidades en el dragado parcial de la terminal de San Nicolás, que luego de realizado el trabajo, el personal de la delegación se negó “a pagar el costo del servicio de dragado, por las irregularidades y sobreprecios del mismo”, según consta en la denuncia. También se detalla que “el directorio del puerto de San Pedro no estaba de acuerdo con la situacióny rechazaron realizar el pago, toda vez que no podían pagar un servicio que no era para San Pedro”.
Es que la draga Dasa-I de la empresa Pentamar estaba trabajando en San Pedro cuando, por directivas de la subsecretaría, fue mandada a San Nicolás sin licitación previa.
Paralelamente al trámite judicial iniciado por Cuomo, Silvosa tiene sobre su escritorio una solicitud poco frecuente: el pedido de subsidio realizado por el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro (con nuevo presidente) ante lo que consideran una compleja situación financiera. Solicitan que la plata salga del Fondo Portuario.
Sin embargo, el S.O.S. lanzado por el consorcio sanpedrino tiene una particularidad: no fue dirigido a Economía, sino a los funcionarios del área (Silvosa y/o el ministro de la Producción, Javier Tizado), por lo que sobrevuela la sospecha de que podrían recurrir a dinero del Fondo Portuario como salvavidas para pagar la deuda con Pentamar.
“¿Por qué van a salvar a un consorcio con guita que recaudan los puertos del Estado con su actividad, cuando tienen que autofinanciarse?”, se preguntó un dirigente del Sindicato Unico de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP).
En efecto, el fondo es manejado por Silvosa y se compone de los ingresos que generan las terminales portuarias que no fueron consorciadas: Dock Sud, San Nicolás y Coronel Rosales. Esos fondos, según la ley, gozan de intangibilidad. Es decir que deben usarse exclusivamente en los puertos estatales, en obras o en capacitación de su personal. “La ley puede tener algún gris, que ellos (los funcionarios) podrán usar para dar curso al subsidio”, dicen desde el gremio.
Las autoridades del Consorcio fundamentan su solicitud mencionando una sucesión de factores que, según explican, los han obligado a “tirar la manga” por un monto de 32 millones de pesos; “a fin de poder abordar las costas de la realización de la obra de dragado de 100.000 metros cúbicos, aproximadamente, en trámite mediante expediente administrativo 54/17”, según señala la nota enviada a Silvosa, con fecha de ingreso en Mesa de Entradas el 26 de octubre de 2018. De acuerdo con los peticionantes, el puerto corre riesgo de perder cargas y mano de obra.
Sin embargo, autoridades del Consorcio confirmaron a La Tecla que parte del dinero requerido irá destinado a cumplir con el reclamo de la empresa Pentamar, que realizó el dragado en los puertos de San Nicolás y San Pedro, en un poco claro manejo que incide en la licitación llamada para realizar el dragado de la terminal nicoleña y que le costó el cargo al titular del Consorcio sanpedrino, Horacio Frangi. El saliente presidente se negó a poner la firma en una erogación millonaria y con sospechas de sobreprecio por un trabajo que no fue licitado.
Una deuda detrás del “mangazo”
Referente del Partido FE (creado por el fallecido dirigente gremial Gerónimo Venegas), el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar (Cambiemos), explicó que “el año pasado, el 33% de la fruta cítrica salió del puerto de San Pedro, y este año perdimos cuatro barcos por la falta de dragado ante la bajante histórica del río Paraná”.
El alcalde señaló que “la anterior gestión dejó el puerto con una deuda inmensa, sin los trabajos de dragado necesarios; por eso nos auxiliaron con 9 millones de pesos”; a lo que añadió que “ahora pedimos un subsidio extraordinario, de algo más de 30 millones, por la bajante histórica del Paraná; porque, si no, se quedarían más de 250 personas sin trabajo”.
En cuanto a las tareas necesarias para permitir el ingreso de barcos de mayor calado, el alcalde dijo que “de eso se hace cargo el Consorcio, en la medida que tenga un subsidio;
si no, la vamos a pasar mal”.
Consultado acerca de si parte de ese subsidio estaría destinada a pagar el dragado a la empresa Pentamar S.A., el jefe comunal fue categórico en su respuesta: “Así es, eso es correcto”. Esto confirmaría las sospechas esgrimidas por los trabajadores portuarios acerca del destino de dineros del Fondo Portuario.
En cuanto a Eliseo Almada, hombre de su extrema confianza y propuesto para presidir el Consorcio tras la renuncia de Horacio Frangi, Salazar afirmó que “es un muchacho que conoce perfectamente la operatoria del puerto, prácticamente nació en él”.
Salazar informó, ade-más, que la terminal tiene un presupuesto de ingresos previsto para 2019 de 48.482.912 pesos, mientras que los egresos proyectados ascienden a 48.445.664 pesos.
Sospechas de corrupción en una licitación “a medida”
En su demanda, el abogado Pablo Cuomo hace referencia al expediente iniciado para el dragado del Puerto de San Nicolás, que tuvo observaciones de personal de Puertos que no fueron tenidas en cuenta por las autoridades.
Además, citando la nota de La Tecla del pasado 2 de octubre, expresa que la licitación estuvo paralizada “esperando que se genere la emergencia en San Nicolás, porque el hecho de no realizar el dragado generaría pérdidas millonarias”. Al ocurrir lo predecible, “Silvosa, a sabiendas de que existía tal situación, dejó correr el tiempo”.
Además, señala la denuncia, el ministro Tizado “procedió a consentir y ocultar denuncias contra Silvosa y la empresa Pentamar S.A.”, no procediendo -añade- a realizar “ninguna acción, salvo cubrir los rastros dejados en los expedientes.”
“No hay antecedentes de que se pague un dragado con dinero del fondo”
Luego de la voz de alerta sobre las intenciones ocultas -o no tanto-, Facundo Monticelli, secretario adjunto del Sindicato Unico de Trabajadores de Administracio-nes Portuarias (SUTAP),aseguró a La Tecla que “los consorcios han pedido subsidios y lo han obtenido. Mar del Plata, por ejemplo, en un momento pidió un subsidio para obras de dragado y le pagó un porcentaje la Nación y otro la Provincia. Pero no hay antecedentes de que se pague un dragado con dinero del fondo”.
En tal sentido, el dirigente recordó que “el anterior subsecretario de Puer-tos, Marcelo Lobosco, también recibió un pedido de subsidio de San Pedro.
Y en ese momento fue muy cate-górico, cuando nos dijo: ‘Hablé con el presidente del puerto (el renunciante Horacio Frangi) y le dije que si no pueden pagar el dragado con sus propios fondos, lo pagamos nosotros, pero que el puerto vuelva a ser del Estado’”.
Finamente señaló que “es ilógico financiar a un consorcio cuando Economía pide a Puertos que las terminales estatales bajen sus gastos a la mitad”, lo que agravaría la ya desastrosa situación que atraviesan las administraciones.
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