En medio del escándalo por la causa de los aportes truchos, el oficialismo buscará avanzar con una modificación clave en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
Tras acordar con una parte del PJ en el Senado nacional, las empresas privadas podrán aportar a las campañas electorales, cuestión que estaba prohibida hasta ahora y que los empresarios debían hacer a título personal.
Según reconoció la propia Cámara Nacional Electoral, ese cambio favorecerá a los partidos de centroderecha o derecha, mientras que el financiamento exclusivamente estatal beneficiaba la equidad y, en consecuencia, a los partidos de izquierda.
Para favorecer el control, además, se eliminarán los aportes en efectivo y se crea el "Registro de Trazabilidad de Aportes a Agrupaciones Políticas”, que estará disponible en la web de la CNE, además del "Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión".
No obstante, la nueva legislación no permitirá que los sindicatos aportes dinero a las campañas electorales, cuestión que fue criticada por un sector de la Justicia.
Si bien las modificaciones a la ley de financiamiento tiene luz verde para tratarse en el Senado, todavía debe pasar por la Cámara baja, donde su tratamiento será más que complejo, teniendo en cuenta que el oficialismo no cuenta con mayoría y que en su propio seno hay diferencias acerca de la normativa.
La situación en la Provincia
Tal como publicó La Tecla, tras destaparse el escándalo de los aportes truchos, Vidal instruyó tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para trabajar en un proyecto de financiación de campañas que sea exclusivo para la provincia de Buenos Aires.
Los borradores son varios. Uno de ellos, el que sigue más de cerca el jefe de Gabinete, Federico Salvai, está a cargo del senador Dalton Jáuregui, presidente de la comisión de Reforma Política, y del subsecretario de Reforma Política bonaerense, Manuel Terrades.
El porqué de la necesidad de encarar un proyecto propio y no adherir al que trabajó en Nación el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, tiene más que ver con una cuestión de tiempos, pues, en caso de no prosperar la iniciativa, la Gobernadora habría incumplido con su palabra.
De todos modos, vale decir que el proyecto nacional y el provincial van en el mismo sentido, ya que, en caso de diferir demasiado, podrían hasta no ser compatibles. O sea que para poder ponerlos a andar, las elecciones tendrían que ser desdobladas; situación que hasta ahora nunca se ha dado a nivel bonaerense (sí en la CABA, cuando se instrumentó el voto electrónico, en 2015, aunque en 2017 se volvió a las boletas tradicionales), y que tampoco está pensada para los venideros comicios.
Por supuesto, llegada la hora del debate, habrá que discutir o negociar fuerte; sobre todo en Diputados, donde Cambiemos no cuenta con un número tan favorable como en el Senado. Más allá de los detalles, en el oficialismo confían en que “todos los sectores” van a estar de acuerdo en que “la sociedad pueda tener acceso a la identidad de cada uno de los aportantes”, así como también al origen de esos fondos. Claro está, la referencia es para el dinero de los privados.
Tal como indicó la mandataria provincial, el objetivo número uno del proyecto de ley tiene que ver con la bancarización de los aportes a los partidos, tanto para su desenvolvimiento institucional como para las campañas electorales. Actualmente, la gran mayoría de las contribuciones son en efectivo, lo que significa un claro obstáculo para que la identidad del aportante sea pública. Por tanto, la iniciativa, siempre y cuando se apruebe, no permitirá el dinero físico en las campañas.
Por otra parte, como se dijo, se estipula la eliminación de la prohibición a las personas jurídicas de realizar aportes de campaña.
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