Vidal puso los límites: hasta cuánto pueden gastar los funcionarios del Gabinete bonaerense

En medio de una fuerte política de ajuste, la gobernadora María Eugenia Vidal le puso los límites a sus funcionarios. Según fue publicado en el Boletín Oficial, la mandataria modificó el cuadro que establece los niveles de decisión y competencias de la administración provincial, correspondientes a los gastos del Estado. 

El mencionado decreto expresa que “la instancia generadora del gasto, y bajo su exclusiva responsabilidad, deberá explicitar fundada y ponderadamente las causas y razones por las que debió eludir el proceso contractual reglado y las circunstancias de hecho y de derecho que precedieron y justifican el reconocimiento”.

“Para que esa fundamentación surta efectos jurídicos, se requerirá el dictado del pertinente acto administrativo que reconozca el gasto y autorice su pago por parte de la autoridad administrativa”, añade la resolución. 

En este sentido, a partir de la modificación, un Director General de Administración (DGA) o autoridad con rango equivalente, podrá reconocer el gasto (o denegarlo) y autorizar su pago hasta 50 mil Unidades de Contratación (UC).

Los subsecretarios, en tanto, tendrán competencia en compras de entre 50 mil UC y hasta 500 mil UC; los ministros y secretarios entre 500 mil y hasta 1.250.000 UC; mientras que la Gobernadora exclusivamente será la responsable de autorizar pagos superiores a 1.250.000 UC.

Cabe destacar que la Unidad de Contratación es la medida de valor expresada en moneda de curso legal, que se utiliza para determinar el monto de los contratos comprendidos en este régimen. 

El valor en moneda de curso legal de cada unidad de contratación es fijado por el Poder Ejecutivo, en la Ley de Presupuesto que, en la normativa que rigió en 2017, era de 30 pesos. 

Tal como publicó LaTecla.Info, la Gobernadora impulsa una serie de medidas para acortar los gastos estatales. Entre ellos, lanzó un programa de retiros voluntarios para los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430. 

Al plan, que entró en vigencia este mismo viernes, podrán adherirse los empleados de planta permanente con más de dos años de antigüedad y menos de 24 años en la función pública, pero no policías ni agentes penitenciarios.