La municipalización de Punta Mogotes: un reclamo de Mar del Plata, una deuda de la política

El próximo 31 de agosto se cumplirán 36 años de la firma del convenio de creación de la Administración Punta Mogotes, un paso por entonces necesario para salir de la crisis económica en que se encontraba la empresa municipal que administraba el complejo balneario pero que significó la pérdida de soberanía de la Municipalidad sobre ese frente costero.

Y el reclamo que unifica a todos los sectores políticos de la ciudad pero no fue canalizado desde la aprobación de una iniciativa legislativa que en 2015 buscó el inicio de gestiones con la Provincia, renueva sus expectativas ante un nuevo cambio de gestión.

En mayo de 2015, a poco del comienzo de una clave campaña electoral, fue aprobada la ordenanza 22.232 mediante la cual se facultó al Departamento Ejecutivo, conducido en aquel entonces por Gustavo Pulti, a que denuncie el convenio suscripto por la Provincia el 31 de agosto de 1984, en función de lo dispuesto por el artículo 17 del convenio ratificado por la ley 10.233.

Ese acuerdo firmado por el intendente Ángel Roig planteaba que “las partes se obligan a denuncian el referido convenio una vez extinguidas las deudas que el ente denominado Proyectos Especiales de Mar del Plata Sociedad del Estado contrajera con el Banco de la provincia de Buenos Aires y la totalidad de las obligaciones que le correspondan a la Administración de Punta Mogotes (APM)”.


En el pasado, el Concejo Deliberante impulsó diversos proyecto, sin mayores eco en el Ejecutivo
 

La salida jurisdiccional fue la solución al conflicto financiero que atravesaba en aquel entonces la nombrada entidad municipal, que adeudaba unos $50 millones de dólares, según detalló en 2015 el concejal José Cano, quien en 1984 se desempeñaba como Secretaría de Hacienda. Las deudas finalmente fueron contraídas por la APM mediante el convenio de refinanciación de deudas que contrajo el 17/10/1986 con el Banco Provincia, por lo que la deudora dejó de ser la Municipalidad.

La reivindicación de la municipalización volvió a tomar fuerza a partir de 2011, cuando se sucedieron diversos proyectos de ordenanzas en el Concejo Deliberante que reclamaban el inicio de gestiones con la Provincia. Primero fueron dos proyectos de los ediles Leandro Laserna (Acción Marplatense) y Diego Garciarena (Frente Para la Victoria), que en 2012 fueron condensados en un nuevo proyecto por Hernán Alcolea, por entonces en el Frente Renovador y luego funcionario arroyista. Tras idas y vueltas, ese último proyecto fue finalmente aprobado en 2015, donde se dio un plazo de 180 días para la realización de gestiones, aunque nunca llegó al final deseado. Pese a que persistieron algunas dudas, en el Concejo también se consideró que ya había sido resuelta la deuda que tenía la APM, por lo que no debería haber trabas en el camino.

Ante la falta de avances significativos, en octubre de 2016 el Concejo Deliberante volvió con otro pronunciamiento, en esta oportunidad en base a una iniciativa de Mario Rodríguez (UCR). Allí se instrumentó un pedido de informes al intendente Arroyo para que diera cuenta de las gestiones llevadas y una comunicación al gobierno provincial de María Eugenia Vidal, para que en tanto se inicie el proceso de municipalización, se designe al frente de la APM al representante municipal.

Es que si bien General Pueyrredón cuenta con el 30% de la titularidad del Complejo de Punta Mogotes y un representante en Consejo de Administración integrado por otros dos miembros designados por Buenos Aires, en rigor las decisiones son tomadas por la gestión bonaerense. La presencia del representante municipal, se creía, sería un paso hacia la restitución.

Entre varias cuentas pendientes, el intendente Montenegro deberá retomar el histórico reclamo

No sólo no hubo respuestas de parte de la Provincia, donde Carlos Amud fue designado presidente del Consejo, sino que tampoco hubo eco en el Palacio Municipal. Recién en 2017 llegó la respuesta de Arroyo: “hasta la fecha no se cuenta con antecedentes de ninguna causa judicial que involucre a la Administración relacionada con la municipalización de la Administración Punta Mogotes”, dijo por un lado. “Del dictamen de la Dirección de Dictámenes de la subsecretaría Legal y Técnica surge que no ha tomado intervención administrativa alguna sobre el tema cuestionado”, completó por el otro, confirmando que no se realizaron gestiones en los 180 días que había fijado la ordenanza. En 2018 el jefe comunal amagó con confirmar una comisión para evaluar la iniciativa, pero nunca avanzó.

La llegada de Guillermo Montenegro a la intendencia municipal y de Axel Kicillof a la gobernación, por el propio impulso del cambio de aire, pueden generar un nuevo clima para que el reclamo encuentre eco en quienes tienen poder de decisión. El reclamo, como hace años, sigue vigente.