La conducción bonaerense del programa Incluir Salud, un plan que presta asistencia a beneficiarios de pensiones no contributivas sin obra social , renunció por falta de recursos económicos para la atención de los miles de afiliados, mientras se lleva adelante el proceso de traspaso gubernamental.
Nicolás Ginnobili, director ejecutivo y Rosario Diulio, responsable de la oficina de Prestaciones Médicas decidieron dar un paso al costado ante la falta de respuestas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, entidad madre del programa.
La Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo que depende directamente de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, a quien los trabajadores le reclaman respuestas urgentes. La Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, a cargo de Pablo Atchabahian, es el área a la que dirigen sus reclamos.
A través del programa, los titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas (por discapacidad y madres de 7 hijos, entre otras), acceden a medicamentos de alto y bajo costo, pañales, insumos (prótesis, ortesis) y servicios como radioterapias, internaciones domiciliarias, soporte nutricional y oxigenoterapia domiciliaria, entre otros.
En la actualidad, el programa (ex Profe) cuenta con 245.944 afiliados, que se encuentran sin acceso a la cobertura, según denunciaron los trabajadores de Incluir Salud mediante un comunicado en el que dieron cuenta de la situación. "La falta de cobertura expone a los pacientes a “interrumpir su tratamiento con consecuencias directas e irreversibles en la salud y la vida de los mismos, vulnerando sus derechos como ciudadanos y exponiendo la ausencia del Estado”, afirmaron.
Los trabajadores nucleados en ATE pusieron de manifiesto que la última partida presupuestaria se recibió en septiembre, aunque corresponde al mes de mayo. “La falta de pago a los prestadores hace que, no sólo no coticen, sino que no entreguen los pedidos ya cotizados, suspendiendo cirugías, la entrega de medicación oncológica, los tratamientos de diálisis, radioterapia, incrementando las demandas judiciales y dejando una situación de incertidumbre”, recalcaron.
Si bien el programa es nacional y es conducido en la Provincia por una Unidad de Gestión regional, los trabajadores también centran sus reclamos hacia el gobierno bonaerense. En efecto, el programa funciona dentro de la órbita de IOMA y buscan que la administración de Vidal interceda ante Gabriela Michetti para que se liberen los fondos pendientes.
Eso no es todo. La situación de los 360 trabajadores del programa está lejos de ser la ideal. “Somos trabajadores precarizados (con contratos de locación de obra), que no tenemos garantizada nuestra fuente laboral para el año entrante, y tampoco tenemos garantías de seguir percibiendo nuestros haberes mensuales correspondientes”, denunciaron.
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