"No se escuchó ni mu", fue la lacónica respuesta de un alto dirigente gremial cuando La Tecla le consultó por las repercusiones de la denuncia penal que el Sindicato Único de Trabajadores de la Administración Portuaria (SUTAP) realizó a un ministro y varios funcionarios de Puertos de la Provincia.
La referencia no es antojadiza, sino que responde a una constante, que los trabajadores vienen señalando con insistencia: tanto el Director de Asuntos Administrativos del área, Eduardo Azconegui, como el Director Provincial de Puertos, Marcelo Gentili, brillan por su ausencia desde hace meses por las oficinas del organismo.
Es por eso que les resulta imposible testear reacciones, luego de que presentasen la querella por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. No sólo contra los dos citados, sino que también recae en el ministro de Producción, Javier Tizado, y el Subsecretario de Puertos bonaerense, Rodrigo Silvosa, además del Delegado del Puerto Dock Sud, Alejandro Semmartin.
"Para que tengan una idea, acá han venido la Policía Federal y hasta la Prefectura para notificarlos por las varias denuncias penales que tienen, y nunca los encontraron para firmar", aseguran desde el gremio, añadiendo que presentaron, tiempo atrás, otras demandas por temas como el presunto vaciamiento del Fondo Portuario, agresiones o el traslado arbitrario de personal.
 
Como informara este medio, desde el gremio alertaron sobre una maniobra que se realiza en dicha terminal portuaria, ubicada en el distrito de Avellaneda, consistente en la condonación de deudas a grandes empresas petroleras, como Shell o Exolgan.
De acuerdo con el SUTAP, las compañías, especialmente SHELL, acumulan deudas por el derecho de uso (canon), sin que el Estado reclame por ellas. Una vez que se acumulan compromisos, se recurre a funcionarios para licuarlas a través de una obra sin control.
La mecánica es conocida por los trabajadores: las autoridades portuarias ceden su obligación de realizar dragados a las empresas, que contratan barcos para las tareas, una función que le corresponde a los funcionarios. Sin embargo, los trabajos no son controlados, tomándose como verdad absoluta lo que la empresa dice que hicieron.
Adolfo Barja, secretario General del SUTAP, señaló a este medio que "los funcionarios aceptan canjear el costo del dragado por la mayor parte de lo adeudado", algo que es calificado como anormal por los expertos.
El dirigente recordó que, apenas asumido el cargo, Gentili -lo acompañó Azconegui en dicha ocasión- fue increpado por unas 60 personas, quienes reclamaban por temas laborales, entre ellos los traslados y el destino del dinero del Fondo Portuario. "Ese día nos dijo que el viernes nos volviéramos a juntar y que nos daría una respuesta, pero no vino nunca más".
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