La investigación por presuntas irregularidades en las elecciones de 2015 en el municipio de Monte Hermoso, conducido por el peronista Marcos Fernández, será investigada por la Justicia Federal, según lo definió la Cámara Federal de Casación Penal.
La Sala IV, integrada de manera unipersonal por el juez Gustavo Hornos, descartó así la competencia de la Justicia Electoral, declarando competente a la justicia de Bahía Blanca, jurisdicción en la que se produjeron los hechos. Y pidió a los magistrados bahienese que aceleren la investigación, evitando "dilaciones innecesarias".
Como informó La Tecla, el jefe comunal, además de otros funcionarios municipales (entre ellos su hermano, Martín), está bajo sospecha por la acusación de "asociación ilícita"por el tras una denuncia por asociación ilícita presentada en 2015 por los ediles Carolina Bertazzo y Victorio Dupuy, del Frente Progresista Cívico y Social, por presunta adulteración de padrones electorales y una operación para que voten personas que no vivían en ese distrito a cambio de dinero.
La causa fue llevada adelante por el titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Bahía Blanca, Antonio Castaño, quien concluyó que autoridades del Municipio “aunaron voluntades y pergeñaron un plan con el objeto de cometer, entre otros, delitos electorales”. Así, la causa se reactivó y la jueza federal María Gabriela Marrón comenzó a citar a indagatoria a los imputados.
Los hechos denunciados ocurrieron en las PASO de 2015, que finalizaron con un amplio triunfo del peronismo (800 votos), cuando dos años antes el radicalismo obtuvo una cómoda victoria. En tal sentido, Castaño advirtió que “se pudo establecer que hay nuevos electores con domicilios inexistentes, donde no hay construcciones (...) o aparecen una cantidad indeterminada de electores en un mismo domicilio”.
El fiscal menciona el caso de Oscar Bertin, director del Registro Civil montermoseño, quien ingresó “declaraciones falsas en los DNI de las víctimas” y “facilitó su domicilio personal, donde residían numerosísimas personas” al momento de las elecciones. O las siete personas que figuraban empadronadas en un baldío.
Además, apuntó a los responsables de los “transportes contratados por el propio Municipio”, aclarando que el recorrido era “desde barrios carenciados de Bahía Blanca o directamente desde la sede del FpV” hacia la sede de ese partido en Monte Hermoso, o directamente hacia las escuelas donde tenían que votar. Y señaló “la manipulación ejercida sobre los votantes, al punto que se sintieron ultrajados por la maniobra que no advirtieron desde el comienzo”.
Por su parte, la empresa Transporte La Patagonia confirmó que fue contratada para trasladar a personas a Monte Hermoso, pagándose con tiques de Acción Social de la Municipalidad montermoseña. También fue admitido, según consta en la causa, por la firma Norte Bus; mientras que Transporte Fuertes argumentó que no cobraban los servicios al oficialismo el día de las elecciones. Y añadió que la Juventud Peronista les entregó vales de combustibles para cubrir los gastos.
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