A la par de la causa que se tramita en la Justicia Federal de La Plata contra el incremento de tarifas, otro expediente corre en la Justicia provincial, donde intendentes y organizaciones no gubernamentales buscan frenar los aumentos de EDELAP, EDES, EDEA y EDEN, las principales distribuidoras de energía eléctrica del interior bonaerense, y de decenas de cooperativas.
En ese expediente, jefes comunales del PJ y el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) buscan anular las resoluciones 1/2019 y 39/2019 del Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires (OCEBA) y 186/19 del Ministerio de Infraestructura, que autorizaron subas en las boletas en virtud de la inflación y la devaluación.
El eje de las controversias es la incorporación en las facturas del ítem Incremento de Costos Tarifarios (ICT), que alude a los costos mayoristas, de distribución de energía y los costos propios de las distribuidoras, como mecanismo de compensación.
Se trata de un porcentaje sobre el cargo variable, es decir, el consumo que cada uno de los usuarios tiene. La medida guarda semejanzas con la que intentó llevar adelante, sin éxito, en octubre de 2018, para el gas, Javier Iguacel, el entonces secretario de Energía.
La aplicación bonaerense tiene sus particularidades. Si Iguacel había planteado un plan de 24 cuotas, el OCEBA planteó en cambio que la implementación del ICT se sostendrá hasta tanto las firmas se encuentren compensadas. Para eso, el ente de control revisará las declaraciones juradas periódicas que lo acrediten.
Las miradas del CEPIS y del PJ se posan, además, sobre Rogelio Pagano, el CEO de DESA. La firma, que tiene una posición dominante al controlar a las cuatro principales prestatarias, alcanza a dos millones de hogares, según sus estimaciones.
Efectos
En su presentación, CEPIS midió el impacto que puede tener la aplicación del ICT en las áreas de concesión de las distintas firmas, sumado a los aumentos que las facturas registraron desde la llegada de María Eugenia Vidal, en diciembre de 2015.
No obstante, la incorporación del ICT, aún no ha sido total. Las prestatarias de DESA en el Gran La Plata, el noroeste bonaerense, el sur provincial y la zona atlántica han optado por aplicar porcentajes menores que los autorizados.
Por caso, en la región Capital, EDELAP tiene habilitado, por resolución del OCEBA, aplicar por ICT hasta el 65 % de la facturación del cargo variable de los usuarios residenciales. “Sin embargo está aplicando un ICT algo menor al 30 %”, aclaró Mariano Lovelli, titular del CEPIS, y agregó: “Evidentemente, las empresas están teniendo un poco de pudor”.
Ante la consulta de La Tecla, desde el OCEBA se limitaron a informar que el ICT se autorizó por los ajustes que sufrieron los cuadros tarifarios fijados en 2017 por cinco años, en un proceso que se conoció como Revisión Tarifaria Integral (RTI). Sin embargo, remarcaron que los cuadros están “sujetos a las variaciones en los precios de la energía y transporte”, a las normas nacionales y a la actualización de los valores de costos.
Si el ICT se aplicara sin restricciones, las facturas registrarían desde 2015 un aumento promedio -entre las tarifas de las cuatro firmas- de 2.600 % para una familia tipo, con consumo de 3.500 KWh. Así, quienes pagaban $120,33 en diciembre de 2015 pasarían a abonar $3.283.
En tanto, en la situación por área de concesión, sobresale la boleta de EDELAP. Con el ICT total, la factura habría tenido un aumento de hasta un 5.600 % entre 2015 y 2019, el mayor
incremento con respecto a las otras tres prestadoras.
El poder adquisitivo es otro punto analizado en la presentación. Mientras el ingreso ciudadano promedio en ese lapso se ubicó en torno al 113 %, el aumento promedio de las tarifas alcanzó el 2.600 %.
Mariano Lovelli – CEPIS
“Las tarifas deben ser razonables”
“Lo que Macri no pudo hacer con Iguacel en 2018 con el gas, de implementar las cuotas para compensar la devaluación, lo está haciendo Vidal hoy con Rogelio Pagano”, afirmó a La Tecla el titular de CEPIS, Mariano Lovelli, con relación al polémico Índice de Costos Tarifarios. La presentación judicial objeta el traslado del precio mayorista a las boletas, y el costo propio de distribución, es decir, el monto correspondiente a las distribuidoras.
En ese sentido remarcó lo que la Corte Suprema tuvo en cuenta en 2016 ante una demanda de la ONG que preside. “Entendemos que esto forma parte de un dibujo para la renta empresaria”, manifestó.
“La Corte habló con claridad y dijo que las tarifas deben ser justas, razonables, deben atender a criterios de gradualidad y deben tener en mira principalmente la capacidad de pago del usuario, antes que la rentabilidad empresaria”, aseveró.
El especialista también se refirió a la situación de que las distribuidoras no aplique todo el monto disponible autorizado por el OCEBA. “Es una situación grosera que las firmas sean las que se autocontrolen y no apliquen todo el porcentaje habilitado”, añadió.
Santiago Maggiotti – Intendente de Navarro
Rentabilidad empresaria en la mira
El intendente de Navarro, Santiago Maggiotti, es uno de los firmantes del amparo. En diálogo con La Tecla destacó que el interior “está muy afectado por lo que han incrementado las tarifas desde el 2016 a la actualidad”.
El jefe comunal enfatizó sobre la ganancia de las prestadoras. “Nosotros creemos que las empresas han tenido una rentabilidad impresionante a costo de los usuarios. En una porción importante, lo que antes no era una preocupación, el costo de los servicios públicos, hoy empieza a ser un problema. Hay muchos usuarios que están pagando en dos o tres veces estos costos, por el impacto que tienen en los ingresos familiares”, aseguró.
Firma de alcaldes
Pusieron la rúbrica, primero Fernando Gray, titular del PJ, y los alcaldes Osvaldo Cáffaro (Zárate), Aníbal Regueiro (Presidente Perón), Hernán YZurieta (Punta Indio) y Santiago Maggiotti (Navarro). Se sumaron Germán Lago (Alberti), Alberto Conocchiari (Alem), Walter Torchio (Carlos Casares), Pablo Zurro (Pehuajó) y Jorge Cortés (Hipólito Yrigoyen).
Primeras medidas de la Justicia
El juez en lo contencioso administrativo Francisco Terrier tiene en análisis la información brindada por el Ministerio de Infraestructura y el OCEBA, en el marco de la causa promovida contra los recientes aumentos en el interior bonaerense.
La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso N° 1, que supo conducir Luis Arias y ahora subroga Terrier. El magistrado había solicitado a las dependencias provinciales copia certificada de los expedientes que justificaron los incrementos
Terrier había aplazado al ministerio que encabeza Roberto Gigante y al organismo de control a enviar la documentación en el período de diez días hábiles. “Se presentó todo y vamos a estar siempre a derecho”, se limitaron a responder desde Infraestructura ante la consulta de La Tecla.
En concreto, el magistrado pretende conocer los pormenores de los detalles que fundamentan las dos resoluciones que autorizaron los aumentos y que, entre otras cosas, incorpora a las boletas el ICT.
Asimismo, el magistrado solicitó información para conocer el estado de avance de la causa “CEPIS c/ PEN y Ot. S/ Amparo Colectivo”, que tramita en la Justicia Federal el juez platense Alberto Recondo. Se trata de la otra causa que CEPIS llevó adelante, junto con el PJ bonaerense, y que apunta a los aumentos de las firmas Edesur y Edenor.
Por otro lado, Terrier firmó la inscripción de la presente causa en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva, trámite habitual.
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