Tras la conferencia de prensa que brindó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a Verónica Magario para confirmar que realizarán acciones legales para impedir el recorte de fondos por parte del gobierno nacional de Javier Milei, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Juan Martín Mena, y el Fiscal de Estado, Hernán Gómez, hablaron sobre el procedimiento administrativo para oficializar el reclamo.
El Gobernador anunció que instruyó al Fiscal de Estado para realizar acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y conseguir, mediante medidas cautelares, que la Nación envíe los fondos correspondientes a la Provincia de Buenos Aires del Fondo de Fortalecimiento Fiscal.
En ese sentido, el fiscal aseguró: “Una vez que se publicó el decreto ayer a la noche, se abre la posibilidad de que la Provincia cuestione ante la Corte Suprema la validez de ese de ese decreto. Nosotros creemos, consideramos que jurídicamente no tiene fundamento, que es ilegítimo”.
“Entonces vamos a ir con una acción judicial tendiente a reclamar esa nulidad, que se deje sin efecto ese decreto y que temporariamente y cautelarmente se le restituyan los fondos que todavía no se le transfirieron a la provincia de Buenos Aires y que también cautelarmente este no, no se innove en esa situación. Y que la Provincia pueda seguir refiriendo y recibiendo fondos que están fundados en una norma. Este válida y que están confirmados por ley con reserva presupuestaria y que se venían cumpliendo de alguna manera hasta diciembre del año pasado”, sostuvo Gómez.
En ese sentido, aseguraron que “todos los poderes del Estado entienden la gravedad institucional que tiene esta medida, que repercute en la diaria de los ciudadanos”.
A su vez, Mena deslizó que los gobernadores como los ministros de cada cartera “están conversando con nuestros pares de la Provincia” y aseguraron que lo que hace el gobierno nacional es “absolutamente inadmisible”.
“Nos dimos cuenta que era una decisión arbitraria, no razonada, absolutamente ilegal, y es por eso que el Gobernador instruyó para que judicializamos inmediatamente la cuestión en defensa, ni más ni menos que de los intereses de los y las bonaerenses”, aseguró el ministro de Justicia.
Consultado por la posibilidad de un juicio político, aseguró que “lo resolverá la política llegado el caso”. Y advirtió: “Cualquier diputado, cualquier senador puede impulsar en el Congreso esta cuestión. Denuncias puede hacer cualquiera. La política tendrá que resolverlo. Yo creo que el Gobierno central tiene que llamar a la reflexión lo que está haciendo con la República Argentina”.
“Lo que está haciendo es, ni más ni menos que desunir a los argentinos. Y creo que eso no es negocio absolutamente para nadie. Y los que tenemos responsabilidades puntuales sobre determinadas jurisdicciones de nuestro país tenemos que defender los intereses de nuestro pueblo”, cerró el ministro bonaerense.
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