El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que el próximo lunes las autoridades provinciales se reunirán con las empresas de transporte de pasajeros para avanzar con las medidas de seguridad en ese sector.
"Luego del encuentro que los ministros Sergio Berni y Jorge D'Onofrio", de Seguridad y Transporte, respectivamente, "mantuvieron con los representantes de los trabajadores en la tarde de hoy, volveremos a encontrarnos con las empresas el próximo lunes en Casa de Gobierno" provincial, en La Plata, dijo Kicillof en su cuenta de Twitter.
Añadió que "como dijo el ministro Berni, somos conscientes de que hay que redoblar los esfuerzos realizados hasta el presente. Vamos a seguir trabajando para buscar respuestas y alternativas" para reforzar la seguridad de los choferes.
Los ministros se reunieron con los colectiveros en el Centro de Monitoreo de Puente 12 y avanzaron en la búsqueda de soluciones a los problemas de la inseguridad en el transporte colectivo de pasajeros en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), para lo cual acordaron establecer una mesa de trabajo permanente.
Mediante la Ley Nº 14.897, sancionada en el año 2018, se estableció la obligación para que todas las unidades de transporte público de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal cuenten con dispositivos que graben en tiempo real.
Cinco años más tarde, solo entre un 10 y un 15 por ciento de las unidades que transitan por territorio bonaerense cuentan con un dispositivo. Según pudo saber LaTecla.Info, de los 10 mil colectivos que prestan servicio, apenas tienen cámaras 1.300. Esto no incluye, por supuesto, a los transportes de media y larga distancia, a los que también incluye la ley.
Ahora bien, las empresas concesionarias debían dar cumplimiento a lo establecido en la norma, bajo su exclusivo cargo y responsabilidad, readaptando las unidades en funcionamiento dentro de los cientos 180 días de reglamentada la Ley, elaborada por el diputado Martín Domínguez Yelpo, de Espacio Abierto Juntos.
Eso, por supuesto, no pasó. Las empresas apenas colocaron un mínimo porcentaje pese a haber recibido del Estado provincial 2.500 millones de pesos que, de todas maneras, no le correspondía hacer ya que, como se dijo, el costo lo asumía el privado.
De todas maneras, Domínguez Yelpo cuestionó al Gobierno provincial por no realizar los controles pertinentes. Más allá de haber desembolsado el dinero y no haber certificado el cumplimiento de la Ley, desde la Cámara de Diputados hacen hincapié en que las concesionarias del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) debían informar y certificar el cumplimiento de la Ley.
“El incumplimiento acarrea la inhabilitación para la circulación de las unidades dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, y será considerada infracción al régimen legal de transporte”, expresa la normativa.
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