Planes sociales en la mira: cómo es la nueva medida que preocupa a los piqueteros

Finalmente el Gobierno nacional dio luz verde al decreto que crea el Programa "Puente al Empleo" y que tiene por objetivo transformar los planes sociales en trabajo formal. Tal medida es cuestionada por las organizaciones piqueteras que advierten por posibles recortes en el número de beneficiarios. Mientras tanto, se llevan a cabo las auditorías.

El Decreto N° 551, de 20 artículos, que entrará en vigencia el 1 de octubre próximo y que fue publicado el Boletín Oficial, tiene como objetivo transformar de manera gradual los programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado de calidad.

Además, busca mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas y promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica.

En el marco del Programa, los empleadores del sector privado que contraten nuevos trabajadores que participen en los programas sociales, educativos o de empleo lo harán por un plazo de 12 meses, según indica en sus artículos.

Durante el plazo en que se desarrolle la relación laboral, el empleador, una vez que se acoja al Programa, deberá considerar e imputar la asignación dineraria de los programas sociales, educativos o de empleo a cuenta del pago de la remuneración.

Producida la discontinuidad del contrato de trabajo, los trabajadores tendrán la posibilidad de continuar percibiendo las asignaciones dinerarias que brindan dichos programas, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses.

En caso que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los ocho y los 12 meses, los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de permanecer en el programa de origen o acceder a la prestación por desempleo.

Para las relaciones laborales que se inicien en el marco del Programa, la reducción de las contribuciones patronales será del 100%.

Además, el Decreto invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir o a dictar medidas de similar tenor para compatibilizar los programas sociales, educativos y de empleo locales con el trabajo registrado.