Por una ordenanza municipal, que cuenta con el aval del intendente Hernán Bertellys, se inició una polémica en Azul, debido a que representantes inmobiliarios aducen que dicha regulación choca con la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) y el Código Civil y Comercial. Desde la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) advierten que el jefe comunal y el municipio, en caso de persistir con esa supuesta ilegalidad incurrirán, “en responsabilidad civil patrimonial, al igual que los concejales en forma personal, porque los daños que ya están causando son mensurables económicamente y de muy fácil prueba en sede judicial”.
En 2019 Azul aprobó la ordenanza 4352/19 para “Prohibir, en el ámbito del partido de Azul, la publicidad en la vía pública de negocios inmobiliarios bajo la forma de representación de franquicias”. Además, ordenó “la remoción inmediata de publicidad de este tipo ya existente”. Así, en forma arbitraria e inconstitucional, se vulnera el derecho a trabajar y la actividad comercial y el derecho al trabajo de martilleros y empresas publicitarias.
Este tipo de maniobras habían comenzado con el Colegio de Corredores Inmobiliarios porteño (CUCICBA). En esa oportunidad denunciaron a la empresa RE/MAX por ejercer “una actividad ilícita” ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Ese organismo, con la resolución N° 350, determinó disolver RE/MAX Argentina SRL. Luego, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ordenó este año dejar sin efecto la resolución con imposición de costas al organismo.
Al igual que el Colegio de Martilleros porteño, el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires y la mayoría de los colegios distritales bonaerenses alentaron la prohibición. La estrategia fue casi idéntica en todos los casos: presionar a los municipios con la resolución de la IGJ para quitar del mercado a competidores que eligen trabajar con franquicias como RE/MAX.
En tal sentido, el titular de CAMESI Mariano García Malbrán asegura que “la resolución de la IGJ fue rechazada por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, con expresa imposición de costas. Esto cambia absolutamente el panorama de las ordenanzas, que ya eran ilegales porque son contrarias a la Ley Orgánica de las Municipalidades al legislar sobre aspectos y cuestiones que van más allá de su competencia; pero ahora este fallo de la Cámara Nacional deja a los municipios y a los concejales en un riesgo legal de exposición patrimonial enorme. Y la realidad es que están causando un daño muy importante, no solamente a la industria inmobiliaria, sino también a la de la publicidad”.
Malbrán añade que “los municipios van a ser responsables patrimonialmente por daños y perjuicios civiles. Estas acciones serán iniciadas por los corredores inmobiliarios que contrataron los servicios de las marcas y tuvieron un daño patrimonial enorme, derivado de una ordenanza ilegal. Asimismo, las asociaciones de publicistas se encuentran analizando el mismo camino. Además, los concejales podrán recibir cargos patrimoniales por su responsabilidad personal frente al Estado, porque se basaron en una resolución administrativa de un organismo del Poder Ejecutivo que aún no se encontraba firme para prohibir la actividad comercial de empresas que prestan un servicio absolutamente legal y que genera muchos puestos de trabajo e ingresos económicos de manera directa e indirecta”.
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