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Sábado, 21 noviembre 2026
Argentina
LA TECLA PATAGONIA

Más de 850 mil firmas y seis meses sin respuestas en la demanda contra la Ley de Glaciares

Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denuncian que la Justicia todavía no resolvió las medidas cautelares ni el planteo de inconstitucionalidad. El juez unificó la causa con otra de La Pampa y restringió el acceso al expediente original.

Más de 850 mil firmas y seis meses sin respuestas en la demanda contra la Ley de Glaciares
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Más de 850.000 personas respaldaron una demanda colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares y las organizaciones que la impulsaron denuncian que, a más de seis meses de su presentación, la Justicia todavía no resolvió los pedidos urgentes.

La acción fue presentada el 5 de mayo de 2026 por Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto a asambleas y organizaciones de distintos puntos del país. El objetivo es que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley 27.804 y se suspenda su aplicación en todo el territorio nacional para proteger glaciares y reservas de agua.

Pese al volumen del respaldo ciudadano, las medidas cautelares solicitadas y el planteo de inconstitucionalidad siguen sin respuesta de fondo. Las entidades cuestionan las decisiones del juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, a cargo de la causa Esquivel (FBB 5866/2026). Según denunciaron, el magistrado declaró la conexidad con otra demanda iniciada por el Gobierno de La Pampa y tomó medidas que restringieron el acceso al expediente original y postergaron el tratamiento de los argumentos y las pruebas presentadas.

Tras meses sin avances y dos pedidos de pronto despacho, el 8 de octubre el juez unificó el tratamiento de ambas causas. El 12 de noviembre, ante un nuevo escrito que pedía resolver las cautelares sin subordinarlas al otro expediente, Baric informó que la presentación había sido archivada sin tratamiento y ordenó restringir el acceso al expediente, remitiendo a los demandantes a actuar en el proceso pampeano.

Al revisar ese expediente, las organizaciones comprobaron que no estaban incorporadas la demanda colectiva, sus fundamentos, las pruebas técnicas ni las adhesiones de las más de 850.000 personas. Por eso advierten que el reclamo quedó en una situación de incertidumbre. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas aclararon que las firmas siguen vigentes y que la demanda no fue anulada, pero remarcaron que ese respaldo todavía no se tradujo en una resolución sobre las medidas urgentes.

También cuestionaron que la unificación restrinja la participación de quienes pidieron intervenir y postergue el análisis de los elementos propios de la causa. Entre las pruebas presentadas mencionaron los riesgos que, según sostienen, representa el proyecto minero Vicuña —incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)— para el glaciar de escombros GE110, en San Juan.

Frente a esta situación, los abogados de las organizaciones presentaron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para que el juez revierta el archivo del escrito y la restricción del expediente. Si no lo hace, pidieron que la decisión sea revisada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Además, exigieron que se restablezca el acceso al expediente original, se incorporen la demanda, los argumentos, las pruebas y las adhesiones ciudadanas, y se resuelvan de inmediato las medidas cautelares pendientes.

Las organizaciones advierten que, mientras los proyectos extractivos avanzan, los ecosistemas glaciares y periglaciares permanecen sin la protección judicial solicitada y pueden quedar expuestos a intervenciones irreversibles. El planteo no se limita al trámite procesal: más de 850.000 personas respaldaron una demanda para proteger los glaciares y las reservas de agua, pero seis meses después la Justicia todavía no resolvió los pedidos urgentes que motivaron la presentación.

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