Un sindicalista bonaerense fue baleado y la CATT le exige respuestas a la Justicia
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte reclamó avances en la investigación del ataque contra Luis Pérez, secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento de Bahía Blanca. Juan Carlos Schmid cuestionó la falta de respuestas y pidió identificar a los responsables materiales e intelectuales del atentado.
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El ataque a tiros contra un dirigente sindical de Bahía Blanca encendió las alarmas en el movimiento obrero y abrió un nuevo frente de reclamos hacia la Justicia y las autoridades bonaerenses. Se trata de Luis Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento de esa ciudad, quien fue baleado frente a su domicilio el pasado 28 de octubre. A casi un mes del episodio, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) expresó su preocupación por la falta de avances en la investigación y exigió que se esclarezca el hecho.
El planteo fue realizado durante un Congreso de la organización gremial, que reunió a representantes de 40 sindicatos y 115 congresales. Allí, los dirigentes coincidieron en la necesidad de mantener el caso en agenda y reclamar que la investigación permita determinar quiénes estuvieron detrás de la agresión.
El secretario general de la CATT, Juan Carlos Schmid, fue uno de los que elevó el tono del reclamo y cuestionó la falta de respuestas judiciales. “Si no hay nada detrás relacionado con un apriete a un dirigente sindical, ¿por qué la Justicia no toma cartas en el asunto?”, planteó el dirigente, al poner sobre la mesa la posibilidad de que el ataque haya tenido un trasfondo vinculado con la actividad gremial.
La Confederación también apuntó contra la falta de intervención efectiva de las instituciones y reclamó que tanto la Fiscalía como las autoridades de la provincia de Buenos Aires adopten las medidas necesarias para esclarecer lo sucedido. En ese marco, sostuvo que “hay una extrema derecha que intenta poner en jaque el sistema democrático”, en una lectura política que acompañó el pedido de respuestas por el atentado.
“Entendemos que ningún hecho de violencia contra un dirigente sindical puede quedar sin esclarecerse”, remarcaron desde la organización. Además, advirtieron que “no se trata solamente de un ataque contra una persona, sino de una situación que interpela al conjunto del movimiento obrero y que exige una respuesta clara de las instituciones”.
El episodio ocurrió el miércoles 28 de octubre, poco antes de las 9 de la mañana, cuando Pérez, de 68 años, se encontraba en la puerta de su vivienda. Según relató el propio sindicalista, un hombre que se desplazaba en una motocicleta se acercó, extrajo un arma de fuego y le disparó antes de escapar. El proyectil impactó en su pierna izquierda y fue trasladado al Hospital Municipal de Bahía Blanca, donde los profesionales constataron que la lesión no había comprometido tendones ni nervios.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Marina Lara, titular de la UFIJ N° 7, con intervención también de la UFIJ N° 15. Sin embargo, la falta de resultados concretos encendió las críticas de la conducción de la CATT, que reclama avanzar tanto sobre los autores materiales como sobre quienes pudieron haber organizado o instigado la agresión.
“La violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para amedrentar a quienes representan y defienden los derechos de los trabajadores”, expresaron desde la entidad, que ratificó su respaldo a Pérez y a los trabajadores de Dragado y Balizamiento.
El reclamo vuelve a poner en discusión las condiciones en las que se desarrolla la actividad sindical y la necesidad de garantizar que los conflictos laborales y las disputas de representación no deriven en hechos de violencia. Para la conducción de la CATT, el esclarecimiento del atentado será una prueba para las instituciones y una señal sobre las garantías que existen para quienes ejercen responsabilidades gremiales.
Por ahora, el sindicalismo del transporte decidió sostener la presión sobre la Justicia y las autoridades provinciales para evitar que el expediente quede sin respuestas. La exigencia apunta a reconstruir las circunstancias del ataque, establecer sus motivaciones y determinar todas las responsabilidades detrás de un episodio que trascendió el ámbito de un sindicato local y llegó a la agenda de una de las principales confederaciones del movimiento obrero.