La Sociedad Rural puso el grito en el cielo por los controles de Kicillof a los empleadores
La entidad rechazó la implementación de un formulario obligatorio para que los empleadores informen salarios, jornadas y acreditaciones bancarias. La medida del Ministerio de Trabajo comenzará a regir en enero de 2027 y abrió un nuevo frente de cuestionamientos para la administración bonaerense.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El gobierno de Axel Kicillof sumó un nuevo foco de tensión con el sector empresario. Esta vez, el cuestionamiento llegó desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), que salió al cruce de una resolución del Ministerio de Trabajo bonaerense que establece nuevas obligaciones de información para los empleadores y advirtió sobre un incremento de la burocracia y los costos administrativos para quienes producen y generan empleo.
A través de un comunicado, la entidad que preside Nicolás Pino expresó su preocupación y rechazo a la Resolución 260/2026, firmada por el ministro Walter Correa, que puso en marcha el Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.). El sistema establece la presentación mensual de una declaración jurada con información salarial, documentación respaldatoria de los pagos y datos sobre las jornadas laborales de los trabajadores.
La obligación alcanzará a los empleadores que tengan domicilio legal o fiscal en la Provincia, exploten establecimientos en territorio bonaerense o cuenten con personal bajo relación de dependencia dentro de la jurisdicción. Si bien durante diciembre de este año la presentación será voluntaria, desde enero de 2027 tendrá carácter obligatorio para todas las actividades.
Desde la Sociedad Rural consideraron que la iniciativa representa un retroceso en materia de simplificación administrativa y un avance hacia esquemas de controles excesivos. En ese sentido, cuestionaron que se incorporen nuevos requerimientos de información y documentación en un contexto económico en el que, según plantearon, resulta necesario promover la producción, la inversión y la generación de puestos de trabajo.
“Resulta fuera de lugar que, en un contexto en el que se necesita promover la producción, la inversión y la generación de empleo, se incorporen nuevos requerimientos de información y documentación que demandan tiempo, recursos y mayores costos a las empresas, especialmente a las Pymes”, señalaron desde la entidad.
El planteo también incluyó un reconocimiento a las facultades estatales para controlar el cumplimiento de las normas laborales, aunque con una advertencia sobre los límites que debería tener la intervención administrativa. “Entendemos que el Estado debe garantizar el cumplimiento de las normas laborales, pero esto no puede significar multiplicar trámites, generar controles innecesarios ni trasladar permanentemente nuevas obligaciones al sector privado”, agregaron.
La normativa impulsada por la cartera que conduce Correa establece que los empleadores deberán informar mensualmente los salarios abonados, con discriminación de conceptos remunerativos, no remunerativos y montos netos, además del método utilizado para controlar las jornadas de trabajo. También tendrán que adjuntar los recibos de haberes y los comprobantes bancarios que acrediten el depósito de los sueldos. En caso de existir acuerdos sobre bancos de horas, compensaciones por horas extras o descansos, deberán incorporar esa documentación en las presentaciones correspondientes.
El sistema tendrá carácter de declaración jurada y funcionará a través del Portal de Trabajo provincial. Las empresas deberán conservar las presentaciones y sus respectivos respaldos durante un mínimo de dos años, mientras que los incumplimientos podrán dar lugar a sanciones previstas en la normativa laboral vigente.
Del lado de la administración bonaerense, la lectura es diferente. En el Ministerio de Trabajo sostienen que F.U.T.U.R.O. permitirá fortalecer las tareas de fiscalización, ordenar la información disponible y detectar posibles irregularidades antes de las inspecciones presenciales. Entre los objetivos aparecen la identificación de pagos parciales o fuera de término, la subdeclaración salarial y los incumplimientos vinculados con las jornadas laborales.
Correa defendió la herramienta como una respuesta al nuevo escenario normativo nacional y a las modificaciones introducidas por la reforma laboral. El funcionario sostuvo que la Provincia debe preservar sus facultades constitucionales para ejercer el poder de policía en materia de trabajo y cuestionó los cambios que, desde su perspectiva, limitan las competencias de fiscalización de las jurisdicciones provinciales.
“F.U.T.U.R.O. es una clara respuesta al artículo 20 de la denominada Ley de Modernización Laboral, que cercena facultades constitucionales provinciales y amenaza nuestro poder de policía en materia inspectiva”, afirmó el ministro al presentar la iniciativa. También remarcó que el Gobierno bonaerense no permitirá que una reforma nacional avance sobre competencias que la Constitución le reconoce a la Provincia.
De esta manera, la discusión excede la incorporación de un nuevo formulario administrativo y vuelve a exponer las diferencias sobre el rol que debe asumir el Estado en las relaciones laborales. Mientras la administración de Kicillof presenta el mecanismo como una herramienta para garantizar derechos y sostener los controles, desde la Sociedad Rural advierten que las exigencias pueden convertirse en un obstáculo para la actividad privada.
Por lo pronto, la entidad pidió formalmente al Gobierno provincial y al Ministerio de Trabajo que revean la resolución y reconsideren sus alcances. El planteo vuelve a colocar al Ejecutivo bonaerense frente a un reclamo de sectores productivos que cuestionan el peso de las obligaciones administrativas en un escenario económico complejo. Con la entrada en vigencia prevista para enero próximo, el contrapunto entre fiscalización laboral y simplificación de trámites promete sumar nuevos capítulos.