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Jueves, 19 noviembre 2026
Argentina
EN VICENTE LOPEZ

Todo cambia menos los negocios

La gestión de Soledad Martínez autorizó el alquiler de un inmueble a una empresa que acumula denuncias y una sanción provincial, que además está vinculada a un exfuncionario municipal del PRO

Todo cambia menos los negocios
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En materia de negocios pueden cambiar los gobiernos, pero no las metodologías ni los viejos conocidos. La gestión municipal de Vicente López mantiene el alquiler de inmuebles destinados a la Secretaría de Seguridad con una empresa que fue sancionada por contratar para el complejo servicios de vigilancia privada sin habilitación. La situación vuelve a poner bajo la lupa una relación comercial que ya había sido cuestionada en administraciones anteriores y los mecanismos de licitación local.
 
 


En el centro de la controversia aparece Desarrolladores del Norte SA, firma vinculada al complejo Olivos Center, cuyas instalaciones fueron utilizadas como depósito, Centro de Monitoreo y sede de la Secretaría de Seguridad local. A fines de 2025, mediante el Decreto 7567/25, firmado por la intendenta Soledad Martínez, se dispuso emitir una orden de compra por 175.842.816 pesos para el alquiler del inmueble durante 2026, con actualizaciones trimestrales y una renovación automática prevista hasta diciembre de 2027.

La empresa no es una desconocida en el historial de contrataciones del municipio. En administraciones anteriores, los cuestionamientos apuntaron contra el exsubsecretario de Desarrollo Económico, Bernardo Leopoldo Fernández, señalado como beneficiario de una contratación directa por el alquiler del predio de su propiedad. Tras su salida del municipio, Fernández también participó en Yrigoyen Center SA, sociedad vinculada con otro inmueble, en este caso alquilado para el funcionamiento del Instituto de Formación Policial. Esa operación también despertó cuestionamientos por haberse concretado mediante contratación directa. Los registros del Boletín Oficial muestran que Fernández ocupó cargos directivos en ambas sociedades.

Pese a los cuestionamientos y las denuncias, que fueron desestimadas por la Justicia, la administración de Soledad Martínez mantuvo el vínculo comercial. Asimismo, desde la oposición pusieron la lupa en los mecanismos de contratación, la caída de los procesos de licitaciones y la falta de información por parte del Ejecutivo local.

A este escenario se suma otro antecedente que vuelve a poner el foco sobre la firma. En octubre de 2025, el ministerio de Seguridad bonaerense multó a Desarrolladores del Norte SA por la contratación de servicios de vigilancia privada no habilitados en Olivos Center. Apenas dos meses después de esa sanción, el municipio formalizó una nueva decisión administrativa para sostener el alquiler del inmueble, lo que reavivó los interrogantes sobre la continuidad de las contrataciones y los vínculos comerciales que atraviesan distintas gestiones municipales. Desde el municipio solamente reconocieron que  la firma tenía el predio anterior donde funcionaba el Centro de Operaciones pero no brindaron respuesta sobre el vínculo con Fernández, ni la continuidad del decreto que dio cuenta del alquiler durante 2027 y el 2027, como también qué destino se le dio a ese alquiler, lo que demuestra que la transparencia sigue siendo una cuenta pendiente en Vicente López.

Respuesta municipio
Un decreto, una mudanza y relaciones poco claras

En medio de la polémica por un posible conflicto de intereses en torno a la contratación de Desarrolladores del Norte SA, firma vinculada al exfuncionario municipal Bernardo Fernández, ante la consulta de La Tecla desde el municipio de Vicente López, señalaron que “no era contratista, sino que tenía el predio anterior donde estaba el Centro de Monitoreo”. Además, destacaron que el organismo fue trasladado a otra dirección y pusieron el foco en las implicancias de ese proceso. Sin embargo, no brindaron precisiones sobre los alcances del Decreto 2765/25, de diciembre pasado, que dejó constancia de la operación y volvió a poner bajo la lupa el vínculo comercial cuestionado. De esta manera, la respuesta oficial dejó sin esclarecer los interrogantes sobre las condiciones de la contratación y la relación entre el municipio y una firma vinculada a un exintegrante de la administración local.

Carlos Roberto - exconcejal y referente del PS
"En general los proveedores son siempre los mismos"

Carlos Roberto, exconcejal de Vicente López, volvió a poner bajo la lupa los alquileres municipales vinculados a empresas relacionadas con el exfuncionario Bernardo Fernández. Las contrataciones comenzaron durante la gestión anterior y continúan bajo la administración de Soledad Martínez.

El exedil recordó que una de las propiedades fue alquilada cuando Fernández todavía integraba el gobierno municipal. Roberto cuestionó además el sistema de contrataciones de la comuna. “En general los proveedores son siempre los mismos”, sostuvo, y agregó: “Hay 3, 4 empresas que son siempre los que ganan las licitaciones de obra”.

En esa línea, advirtió sobre las dificultades para controlar el gasto público: “Hay muchas contrataciones directas. Es difícil acceder a la información”. Según explicó, para consultar las resoluciones municipales es necesario revisarlas individualmente.

El exconcejal también apuntó contra la falta de respuestas a los pedidos de información. “Yo personalmente me fijo en los decretos que se publican todos los días y abro uno por uno”, relató. Además, aseguró que los pedidos de informes generalmente no reciben contestación. Consultado sobre la continuidad de los alquileres durante la gestión Martínez, aseguró: “Los dos predios los sigue alquilando el municipio”. 

Laura Breiza - concejal de Fuerza Patria
Si no hay nada funcionando, ¿por qué lo seguimos pagando?

La concejal Laura Braiza, de Fuerza Patria, cuestionó que la gestión de Soledad Martínez mantenga el contrato de Olivos Center pese al traslado del Centro de Monitoreo a un edificio ubicado en la avenida Maipú. “El predio hoy sigue alquilado, no está funcionando el centro de monitoreo”, dijo. 

La edil recordó las importantes inversiones realizadas para acondicionar las instalaciones y subrayó: “En cinco minutos lo mudaron, lo desmantelaron”. Uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo dirigido a la falta de transparencia en el manejo de los recursos municipales. Braiza reveló que el Ejecutivo dejó de remitir al Concejo Deliberante información detallada sobre los proveedores, que anteriormente se incorporaba a las Rendiciones de Cuentas con códigos de identificación, montos pagados y obligaciones pendientes.“En la última remisión eso decidieron no mandarlo más al Concejo Deliberante”, sostuvo. La decisión, según explicó, impide realizar el seguimiento de determinadas empresas y sus contrataciones. A eso se suma que algunas resoluciones administrativas no están disponibles públicamente, lo que dificulta el acceso a documentación relevante.
La edil también cuestionó los métodos utilizados para adjudicar servicios y realizar compras. “Los mecanismos de licitación cumplen con lo formal”, reconoció, aunque advirtió que existen procedimientos que terminan habilitando contrataciones directas. 

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