A otra ventanilla: Álvarez se corre del pago de las indemnizaciones a los damnificados
Tras la explosión que dejó un muerto y 30 heridos en Lanús, el intendente Julián Álvarez reconoció que el municipio no indemnizará a familias y comerciantes. Cada damnificado deberá impulsar sus propias acciones contra MetroGAS.
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La tragedia de Remedios de Escalada dejó al descubierto una nueva preocupación para los vecinos de Lanús: además de las pérdidas humanas, los heridos y los daños materiales, los damnificados deberán afrontar un largo camino para intentar recuperar lo que perdieron. El intendente Julián Álvarez se reunió con familias y comerciantes afectados por la explosión y reconoció que el Municipio no podrá hacerse cargo de las indemnizaciones.
El planteo del jefe comunal llegó después de los reclamos de quienes sufrieron las consecuencias del estallido ocurrido el viernes 13 de noviembre, en la intersección de Coronel Fray Luis Beltrán y Enrique del Valle Iberlucea. Allí, una máquina que trabajaba en la renovación de la red de distribución de gas dañó una cañería de media presión y desencadenó una explosión seguida de un incendio que dejó una persona fallecida, alrededor de 30 heridos y cuantiosos daños materiales.
Durante un encuentro con los vecinos, registrado por un teléfono celular y difundido posteriormente por el portal Lanús Picante, Álvarez intentó explicar hasta dónde puede llegar la intervención de la Comuna. Sin embargo, una de las definiciones más sensibles para los damnificados fue que no habrá indemnizaciones municipales que permitan compensar las pérdidas sufridas.
El intendente diferenció tres posibles vías de intervención: la asistencia que pueda brindar el Gobierno local, la colaboración de empresarios y organizaciones de la zona y los reclamos judiciales contra los responsables del siniestro. En ese último punto, fue claro: cada damnificado deberá impulsar sus propias acciones contra MetroGAS y quienes resulten responsables.
La explicación deja a las familias y comerciantes frente a un escenario complejo. Mientras esperan recuperar sus viviendas, locales y pertenencias, también deberán transitar los procedimientos administrativos y judiciales para determinar quién responde económicamente por los daños.
Asistencia, pero sin hacerse cargo de las indemnizaciones
La postura de Álvarez contrasta con los anuncios realizados por el propio Municipio durante el fin de semana. La Comuna había comunicado una ayuda económica extraordinaria e inmediata para las personas directamente damnificadas en el epicentro, además de la eximición de tasas municipales para los comercios afectados.
También anunció que enviaría un proyecto a la Legislatura bonaerense para solicitar exenciones de Ingresos Brutos, el impuesto Inmobiliario y Patentes para los vecinos de la zona, junto con un plan de reconstrucción del centro comercial.
No obstante, las medidas de asistencia no resuelven el interrogante central de los afectados: quién se hará cargo de reponer los bienes destruidos y afrontar las pérdidas económicas ocasionadas por la explosión. En ese sentido, el jefe comunal buscó delimitar las responsabilidades municipales y trasladó el eje de la discusión indemnizatoria a la empresa distribuidora y a la Justicia.
La distancia entre los anuncios de ayuda y la posibilidad concreta de reparar los perjuicios abre un interrogante sobre el alcance de la respuesta estatal ante una tragedia que alteró la vida de decenas de familias y comerciantes.
La incertidumbre por los servicios y la seguridad
En el encuentro también aparecieron reclamos por la restitución de los servicios públicos. Los vecinos manifestaron su preocupación por la posibilidad de recuperar el suministro eléctrico mientras persistían olores a gas y denuncias por eventuales pérdidas.
Álvarez señaló que cualquier reconexión debía contar con las autorizaciones técnicas correspondientes y mencionó la posibilidad de utilizar generadores controlados para permitir que los comercios retomaran su actividad. Sin embargo, no ofreció garantías generales sobre la seguridad de las instalaciones y sostuvo que las decisiones debían quedar sujetas a las verificaciones de los responsables del operativo.
A la incertidumbre se sumó el malestar por la falta de respuestas de MetroGAS. Algunos comerciantes cuestionaron que personal de la empresa hubiera pasado durante la noche para cerrar medidores sin brindar explicaciones formales sobre los procedimientos realizados.
Mientras tanto, el Municipio continúa con el relevamiento de los afectados para determinar el alcance de los daños y organizar la asistencia.
Una tragedia bajo investigación
La explosión dejó una persona fallecida y alrededor de 30 heridos. La investigación judicial, a cargo de la fiscal Yanina Estévez, titular de la UFI 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, busca establecer las responsabilidades por la rotura de la cañería y las posibles fallas en los protocolos de emergencia.
En las primeras horas posteriores al episodio fueron demorados dos directivos de MetroGAS, aunque la fiscal aclaró que no había detenidos. Las pericias deberán determinar las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.
Por su parte, el Gobierno de Lanús anunció que se presentará como querellante en la causa y cuestionó el presunto incumplimiento de los protocolos de emergencia por parte de la distribuidora.
Así, mientras la investigación intenta establecer qué ocurrió y quiénes deben responder por la tragedia, los damnificados ya recibieron una primera definición política: el Municipio podrá asistirlos y acompañar sus reclamos, pero no será quien pague las indemnizaciones. Para quienes perdieron sus casas, comercios y pertenencias, la reconstrucción no solo dependerá de recuperar los servicios, sino también de conseguir respuestas de las empresas responsables.