Golpe al bolsillo en el Conurbano: AySA prepara una nueva suba de tarifas
La empresa propone modificar el esquema de facturación en el AMBA, con aumentos promedio del 22,6% para el 60% de los usuarios y reducciones para otros 684.000. Los cambios se aplicarían de manera gradual y estarán sujetos a la aprobación del ente regulador
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A pocas semanas de concretarse su traspaso a manos privadas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) impulsa una modificación del sistema tarifario que podría impactar en millones de hogares de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. La iniciativa será debatida este lunes en una audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), aunque su implementación dependerá de la aprobación del organismo.
Según la propuesta, 1.998.747 usuarios residenciales afrontarían incrementos promedio del 22,6%, mientras que otros 683.927 recibirían reducciones cercanas al 14,7%. En tanto, unas 672.194 cuentas permanecerían sin modificaciones por esta reforma. Para los hogares alcanzados por las subas, la factura mensual promedio pasaría de $29.116 a $35.710, sin contemplar impuestos ni futuras actualizaciones inflacionarias.
Uno de los principales cambios consiste en actualizar los coeficientes zonales utilizados para calcular las facturas. El sistema vigente, basado en parámetros establecidos décadas atrás, sería reemplazado por una clasificación de cinco categorías elaborada con información del Censo 2022 y datos del INDEC. De esta manera, la ubicación y las características de las viviendas tendrán una nueva incidencia sobre el monto del servicio.
Además, AySA plantea eliminar progresivamente el descuento del 15% que actualmente reciben determinados usuarios. Esta medida afectaría a unas 504.000 cuentas que experimentarían aumentos únicamente por perder ese beneficio. La quita explicaría más de la mitad de la facturación adicional prevista y se concretaría en tres etapas, con reducciones sucesivas de la bonificación hasta su eliminación.
Para evitar incrementos bruscos, la compañía propone aplicar las modificaciones de manera escalonada. Las reducciones llegarían desde el primer mes, mientras que los aumentos derivados de la reclasificación tendrían un límite mensual acumulativo. Según las estimaciones, el 63% de los usuarios alcanzados por las subas completaría el ajuste en seis meses y los casos de mayor impacto podrían extenderse hasta 19 meses. Algunas correcciones finales llegarían al 149%.
Con la reforma completamente implementada, AySA proyecta una recaudación adicional de $140.000 millones anuales, que, según la empresa, serían destinados íntegramente a ampliar la tarifa social. Actualmente, el programa beneficia a unas 122.000 personas, mientras que la compañía registra una morosidad cercana al 12% y alrededor de 400.000 usuarios que no realizaron pagos durante los últimos cinco años.
La discusión tarifaria se produce en la antesala de la privatización del 90% de las acciones estatales de AySA, cuya venta fue adjudicada por US$340,2 millones y cuyo traspaso está previsto para el 13 de noviembre. En paralelo, la empresa proyecta inversiones por $2,92 billones entre 2027 y 2031, junto con la instalación de al menos 100.000 medidores domiciliarios anuales. La audiencia pública no será vinculante y el ERAS tendrá la última palabra sobre los cambios propuestos.
