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Miércoles, 21 octubre 2026
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Clink caja: la Provincia va por $6.860 millones en ropa para estatales

La Provincia abrió una licitación millonaria para vestir a empleados públicos de distintos organismos. En compras anteriores aparecen empresas que repiten contratos y adjudicaciones por encima de los valores de referencia. ¿Cuántas prendas se comprarán y cuánto se pagará por cada una?

Clink caja: la Provincia va por $6.860 millones en ropa para estatales
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En medio de las dificultades financieras de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof prepara otra compra millonaria: casi $6.860 millones para adquirir ropa de trabajo destinada a empleados estatales.

No es una contratación menor. El monto fue fijado en $6.859.758.347,50 y la compra estará a cargo del Organismo Provincial de Contrataciones, que centraliza adquisiciones para distintas dependencias bonaerenses. La licitación fue publicada ayer y las ofertas se abrieran el jueves 29.

La convocatoria alcanza a trabajadores de diferentes jurisdicciones y entidades de la administración provincial. Pero el aviso oficial deja sin responder las preguntas más importantes: cuántos empleados recibirán ropa, cuántas prendas se necesitan y cuánto se presupuestó por cada una.

Los que ya hicieron negocios con la Provincia

La compra de indumentaria estatal no es nueva y los antecedentes permiten identificar a varios proveedores.

En mayo de 2025, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad adjudicó $38,2 millones para vestir al personal de distintas reparticiones. Las ganadoras fueron BIGVEF S.R.L., FREE ON B INDUMENTARIA S.A. y GRUPO SALA S.A.

Pero hay un dato más interesante que los nombres de los proveedores. En la contratación de mayo de 2025, la propia documentación oficial reconoció que cinco renglones fueron adjudicados por encima de los límites establecidos para los valores de referencia.

La explicación administrativa fue que se trataba de las ofertas más económicas entre las técnicamente admisibles.

En septiembre ocurrió algo parecido: otros dos renglones terminaron adjudicados por encima de los límites de referencia, también con el argumento de que las propuestas seleccionadas eran las más convenientes entre las admisibles.

Esto no demuestra por sí solo una irregularidad, pero deja un antecedente concreto sobre los controles de precios en las compras de indumentaria provincial.

Con casi $7.000 millones ahora en juego, la comparación entre las ofertas y los valores de mercado será uno de los puntos centrales para evaluar la nueva contratación.

Los proveedores vienen de años anteriores

En 2023, el Ministerio de Desarrollo Agrario también distribuyó una compra de ropa laboral entre tres proveedores.

La firma CARZALO HNOS. S.A. obtuvo contratos por $25 millones; Mariana Cecilia Yamauchi Quintian, por $13,25 millones; y Martín Ezequiel Dabeni, por casi $7 millones.

En total se adjudicaron unos $45,25 millones.

Dabeni reapareció como oferente en una compra de Desarrollo de la Comunidad de 2025, aunque esa vez fue desestimado por no responder un pedido de documentación complementaria.

Las contrataciones anteriores eran de ministerios individuales, mientras que el llamado actual tiene un alcance más amplio. Por eso, las cifras no pueden compararse como si se tratara de la misma cantidad de ropa ni permiten concluir que los precios hayan aumentado en esa proporción.

Casi $7.000 millones y varias preguntas

La ropa de trabajo es necesaria para muchos empleados que cumplen tareas operativas. Lo que debe justificarse es la magnitud del gasto y el criterio utilizado para establecerlo.

¿A cuántos trabajadores se pretende vestir? ¿Qué organismos recibirán la indumentaria? ¿Cuántos equipos corresponderán a cada empleado? ¿Qué precios unitarios se tomaron para calcular semejante presupuesto?

También habrá que mirar si las empresas que ya ganaron contratos vuelven a presentarse y si sus cotizaciones respetan los valores de referencia.

Por ahora, Kicillof puso sobre la mesa casi $7.000 millones para ropa de trabajo. El 29 de octubre se conocerán las ofertas. Después vendrá la decisión de quiénes se quedan con los contratos y cuánto terminará pagando la Provincia.

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