Piden investigar la venta de campos durante el vacío legal de la Ley de Tierras
El Observatorio de Tierras pidió que las provincias investiguen si se concretaron ventas de tierras a extranjeros durante el breve período en que el DNU 70 dejó sin efecto la Ley de Tierras. Como caso emblemático señalaron la oferta de casi 3.000 hectáreas en Río Pico, con lago privado y 16 km de costa, que se promocionó justo en esa ventana legal. Todavía no se confirmó si la operación se concretó
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El investigador Matías Oberlin, historiador de la UBA e integrante del Observatorio de Tierras (CONICET / PRIHA-FCE-UBA), pidió que los gobiernos provinciales investiguen si se concretaron ventas de tierras rurales a extranjeros durante el breve período en que la Ley de Tierras quedó en suspenso.
Como caso emblemático señaló la oferta de un campo de casi 3.000 hectáreas en Río Pico (Chubut), con lago privado y 16 kilómetros de costa, que se promocionó justo en esa ventana de incertidumbre normativa.
Tal como publicó La Tecla Patagonia, la inmobiliaria Loma Alta Propiedades, vinculada a Martin Gough, difundió entre fines de septiembre y principios de octubre un establecimiento de 2.943 hectáreas con lago privado, laguna, cascada y costa sobre el río Pico, en zona de frontera.
Las publicaciones, incluso en inglés, lo presentaban como una oportunidad de inversión productiva, forestal y turística, y coincidieron exactamente con los días en que el artículo 154 del DNU 70/2023 había derogado las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros.
El 9 de octubre la Corte Suprema revirtió esa decisión y restituyó la vigencia de la norma. Según Oberlin, la inmobiliaria creó un perfil de Instagram solo tres días antes del fallo, invitando a invertir en la Patagonia. El investigador aclaró que todavía no se pudo confirmar si la operación se concretó.
“No sabemos si esa operación se concretó o no”, señaló, y explicó que la dificultad para rastrear las transferencias radica en que la propia Ley de Tierras obliga a declarar las adquisiciones en el Registro Nacional de Tierras Rurales. Por eso consideró que las provincias deben relevar qué operaciones se realizaron en ese período, identificar las zonas involucradas y, de corresponder, iniciar acciones judiciales.
Oberlin advirtió que, si hubo ventas, revertirlas puede ser complejo y demorado, y citó como antecedente el caso de Joe Lewis, quien adquirió tierras de frontera con un lago en la década de 1990.
También reclamó la derogación definitiva del DNU 70 para evitar nuevos períodos de incertidumbre sobre la protección de las tierras rurales. Hasta el momento, ni el Observatorio ni las autoridades confirmaron si la venta del campo de Río Pico se concretó. El pedido apunta a que las provincias realicen un relevamiento exhaustivo de lo ocurrido durante esa ventana legal.
