El Colegio consideró “necesario pronunciarse sobre el respeto a la independencia judicial y a los mecanismos institucionales de revisión de las decisiones judiciales” en el caso Maximiliano Cabaleyro. Ante el juicio político promovido contra el juez López, aseguraron que este recurso "no puede convertirse en un instrumento de presión o represalia".

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El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires respaldó al juez Alejandro López, del Tribunal Oral Criminal 2 (TOC 2) de San Nicolás, tras el anuncio de un pedido de juicio político impulsado por el diputado local Manuel Passaglia.

El pronunciamiento se produce en el marco de la absolución dictada por el TOC 2 —presidido por López— en favor del sindicalista de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y de otros cinco trabajadores de la empresa Rey Distribución, de San Pedro.

Los imputados —Cabaleyro, Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez— habían sido acusados de bloquear la actividad de la firma y exigir dinero a cambio. Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio habían requerido una pena de diez años de prisión para Cabaleyro.

El tribunal consideró que no se acreditaron los hechos endilgados a los acusados en ninguno de los casos planteados durante el debate. Ante la controversia generada, el Colegio de Magistrados estimó necesario referirse al respeto por la independencia judicial y a los mecanismos institucionales de revisión de las decisiones de los jueces.

“El sistema de justicia contempla el desacuerdo con las decisiones judiciales y establece procedimientos para cuestionarlas y, cuando corresponde, obtener su revisión. Esos mecanismos constituyen las vías institucionales previstas para resolver las controversias sobre las decisiones de las y los magistrados”, señalaron desde el organismo.

Asimismo, remarcaron que “la independencia judicial es una garantía constitucional indispensable para la protección de los derechos de todas las personas” y que “el juicio político es un mecanismo legítimo de responsabilidad de las y los magistrados, pero no puede convertirse en un instrumento de presión o represalia por el contenido de sus decisiones cuando no existen causales legales que justifiquen su remoción”.

“De lo contrario —advirtieron— quienes disponen de mayor poder económico, político o mediático podrían condicionar las decisiones judiciales, en perjuicio de quienes carecen de esos recursos para defender sus derechos. Lo que está en juego, en definitiva, es la igualdad ante la ley”.

Por último, el Colegio reiteró su respaldo al Colegio departamental de San Nicolás y se puso a disposición para colaborar en las acciones institucionales destinadas a preservar la independencia judicial.

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