La agenda judicial se acelera, genera nuevos dilemas y expone a Axel Kicillof
La Suprema Corte pidió crear nuevos órganos mientras busca que se avance con su proyecto de autarquía y volvió a poner presión sobre el Gobierno bonaerense. El movimiento ocurre cuando la Comisión de Mapa Judicial se preparaba para discutir proyectos y elevar sus recomendaciones a la Legislatura.
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La Justicia bonaerense atraviesa días de movimiento con la Suprema Corte que acelera sus pedidos para crear nuevos órganos judiciales e impulsa su proyecto de autarquía. En tanto, la Comisión Permanente del Mapa Judicial tenía previsto reunirse el próximo miércoles para avanzar con un dictamen, pero ahora surgen especulaciones sobre una posible suspensión del encuentro.
La Comisión fue creada precisamente para que representantes de los distintos poderes y sectores vinculados al servicio de Justicia puedan realizar un diagnóstico común, ordenar las iniciativas existentes y establecer prioridades antes de que los proyectos lleguen al recinto. Los movimientos de la Corte podrían alterar ese esquema de trabajo y poner en discusión qué iniciativas deben avanzar y por qué vía.
La reunión prevista para el miércoles todavía no está confirmada y corre riesgo de postergarse a partir de los últimos movimientos del máximo tribunal. La posibilidad de que el espacio continúe con el análisis de los 16 proyectos mientras la Corte reclama por separado la creación de nuevos organismos agrega una discusión política e institucional que hasta hace pocas semanas no estaba en primer plano.
La Comisión Permanente del Mapa Judicial retomó su actividad durante este año con representantes de la Suprema Corte, la Procuración General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía, la Legislatura y los colegios profesionales. El objetivo planteado fue realizar un diagnóstico común sobre las necesidades del sistema, ordenar los proyectos de creación de juzgados y establecer un orden de prioridades. Entre las iniciativas analizadas hay una presencia importante de proyectos vinculados al fuero de Familia.
La idea era que ese trabajo derivara en un dictamen consultivo para diputados y senadores, pero sin tener una resolución vinculante. La misma es una instancia institucional destinada a reunir información, cruzar las necesidades de cada departamento judicial y ofrecer una mirada conjunta antes de avanzar con nuevas estructuras.
En ese contexto, la Corte tomó una decisión que modifica el escenario ante el pedido a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la creación de nuevos órganos en distintos fueros y la puesta en funcionamiento de dependencias creadas por leyes anteriores que todavía no fueron habilitadas. La solicitud alcanza juzgados de Garantías, Correccionales, Familia, Contencioso Administrativo y Trabajo, entre otros organismos.
También solicitó que se completen los procesos de designación de magistrados para dependencias que ya fueron creadas pero que permanecen sin funcionar. El planteo vuelve a colocar sobre la mesa una de las principales dificultades del sistema y es que no alcanza con crear un juzgado por ley si después no existen magistrados, personal, infraestructura y presupuesto para ponerlo en marcha.
A ese reclamo se suma la decisión de avanzar con una reforma del Cuerpo de Magistrados Suplentes y la propuesta para ampliar las cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo, con cambios en su integración y competencia territorial. La Corte sostiene así una agenda propia de reorganización del servicio de Justicia que se superpone, al menos parcialmente, con los temas que la Comisión de Mapa Judicial buscaba ordenar.
Pero el movimiento de mayor alcance político es el proyecto de autarquía judicial y la Corte busca que se trate en la Legislatura con el objetivo de obtener mayor autonomía económica y financiera para administrar sus recursos. La iniciativa plantea una discusión que excede la creación de nuevos juzgados y entra de lleno en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
La autarquía también tiene un vínculo directo con la Comisión de Mapa Judicial porque la ley que creó ese ámbito le asigna, entre sus funciones, la elaboración de propuestas vinculadas con la implementación progresiva de la autarquía del Poder Judicial, además del análisis de las modificaciones necesarias en el ordenamiento territorial y funcional y de los proyectos que planteen la creación o transformación de órganos judiciales.
Por eso, la aceleración de la Corte puede generar ruido entre los distintos actores que participan de la discusión. La Comisión se había planteado como el espacio para ordenar las demandas y construir consensos entre los tres poderes, mientras que el máximo tribunal ahora lleva directamente a la Legislatura un proyecto que impacta sobre uno de los ejes que también forman parte de esa agenda común.
La situación vuelve a dejar al gobernador, Axel Kicillof, en una posición incómoda ya que el Ministerio de Justicia participa de la Comisión y trabaja en la cobertura de cargos judiciales. El titular de la cartera, Juan Martín Mena, había anticipado que la Provincia prepara cerca de 200 pliegos para enviar al Senado, en un intento por avanzar con las vacantes existentes en juzgados, fiscalías, defensorías y cámaras.
Sin embargo, todavía permanecen sin resolución las cuatro vacantes de la Suprema Corte y el máximo tribunal funciona actualmente con tres integrantes y la cobertura de esos lugares depende de propuestas del Gobernador y del posterior acuerdo del Senado. Esa situación se suma a los reclamos de la propia Corte para contar con nuevos organismos y magistrados.
El cuadro muestra así una agenda judicial que se mueve desde distintos frentes: la Corte impulsa la autarquía y reclama nuevas estructuras; el Ministerio de Justicia prepara pliegos; la Legislatura deberá discutir los proyectos que lleguen a sus cámaras; y la Comisión de Mapa Judicial intenta ordenar las iniciativas existentes y establecer prioridades.
El problema aparece cuando esas agendas comienzan a superponerse y se esperan definiciones de Kicillof para resolver los temas en cuestión. Si la Comisión tenía previsto definir un criterio común para recomendar a la Legislatura cuáles de los 16 proyectos debían avanzar, el reclamo directo de la Corte por nuevos órganos introduce una nueva variable.
La discusión de fondo excede la creación de uno u otro juzgado ya que se trata de definir quién establece las prioridades para reorganizar la Justicia bonaerense, con qué criterios y con qué recursos. La Comisión de Mapa Judicial había comenzado a construir una respuesta conjunta entre los poderes. Ahora, la ofensiva de la Corte por la autarquía y por nuevos órganos suma una nueva capa al debate y vuelve a poner a Kicillof ante la necesidad de tomar definiciones sobre una agenda que distintos sectores del sistema judicial consideran pendiente.
