La movida para la creación del Consejo del Empleo Municipal, que lleva una década de demora, reencendió la interna entre los gremios y el largo camino podría empantanarse otra vez
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Hace más de una década que los sindicatos de empleados municipales de los 135 distritos bonaerenses esperan con ansias que se convoque a formar el Consejo del Empleo Municipal, un cuerpo consultivo en el que representantes de las comunas y de los propios trabajadores podrán sentarse a una mesa para negociar, por ejemplo, un piso común para el salario y otras condiciones de trabajo de los empleados, que hoy, en varios distritos, perciben sueldos por debajo de la línea de indigencia.
La ley que dispone la creación del cuerpo fue sancionada en 2014 y reglamentada en 2016, pero desde entonces jamás se pudo constituir. Y ahora, que parece que la cosa está encaminada, el sendero podría volver a empantanarse: las tensiones entre los distintos gremios que representan a los municipales y las diferencias en su relación con el gobierno de Axel Kicillof hacen asomar la perspectiva de la judicialización y, en todo caso, auguran un diálogo ríspido cuando finalmente se dé el objetivo largamente soñado.
El punto en discordia es la composición del Consejo, que debe conformarse con representantes de los municipios (intendentes o funcionarios de las diversas comunas) y de los sindicatos y federaciones de empleados municipales. Serían once contra once, como en un partido de fútbol. El problema reside en cuáles son los once que se sentarían del lado de la mesa correspondiente a los trabajadores.
¿Por qué pasó tanto tiempo y el Consejo aún no existe? Desde el sector sindical apuntan contra los jefes comunales. “Muchos intendentes se resisten porque no quieren llegar a esta instancia. Es como tener paritarias provinciales”, explicó Juan José Maury, secretario de Finanzas de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires (FSTMPBA).
Ahora, sin embargo, se alcanzó la masa crítica para avanzar, porque 66 de los 135 municipios bonaerenses (es decir, prácticamente la mitad) accedieron a integrar el cuerpo. El ministro de Trabajo de la Provincia, Walter Correa, emitió una resolución para reglamentar su composición y funcionamiento. La resolución fue celebrada por las organizaciones gremiales que tienen representación entre los trabajadores municipales. Pero no por todas. El principal objetor es Hernán Doval, líder de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) y además, autor de la ley que dispone la creación del Consejo: la redactó y presentó cuando era diputado provincial. Lleva el número 14.656, pero se la conoce como “ley Doval”.
La FESIMUBO irá a la Justicia para frenar la resolución del ministro Correa, que, a entender de Doval, viola la ley porque modifica el cálculo para la asignación de los once lugares destinados a la parte gremial.
Andrés Reveles, subsecretario de Relaciones del Trabajo de la cartera laboral, argumentó que el gobierno siempre buscó conformar el Consejo, pero que la ley Doval “tiene defectos de forma que la hacían impracticable”. Por eso el ministro recurrió primero a la Asesoría General de Gobierno para que le informara si era posible poner en marcha el sistema, y sólo entonces adoptó su resolución.
Fastidiado, Doval señaló que la Asesoría se limitó a reiterar el mecanismo escrito en la propia ley, pero Correa lo cambió igual. En ese dime y direte se demora la creación de un ente que los empleados municipales esperan con ansiedad.
¿CÓMO REPARTIR? Una distinción que cotiza a la suba
Parece un término traído del mundo bursátil, pero las apariencias engañan: la frase “trabajadores cotizantes” designa sencillamente a los trabajadores que aportan a algún sindicato. Y está en el meollo del desacuerdo que amenaza con paralizar una vez más la constitución del Consejo del Empleo Municipal.
La frase fue introducida por el ministro de Trabajo, Walter Correa, en la resolución por la que pone en marcha el proceso para crear el cuerpo. Y establece una diferencia no tan sutil: no todos los trabajadores de los municipios están sindicalizados. Calcular un porcentaje sobre uno u otro número modifica el “piso” de representación que necesitan gremios y federaciones para sentarse a la mesa de negociación con los intendentes.
Ahí está, ahora, el problema. Todas las agrupaciones coinciden en que el Consejo debe ponerse en funcionamiento, pero mientras la mayoría de los gremios celebran la resolución del ministro, Hernán Doval, de la FESIMUBO, afirma que la inclusión del concepto de “trabajadores cotizantes” busca que “se pueda sentar cualquiera”.
FSTMPBA vs. FESIMUBO Una vieja rivalidad entre gremios que reaparece, pero al revés
“Nosotros somos mayoría. Tenemos más gremios”, dijo Juan José Maury, de la FSTMPBA, más conocida como Federación Municipal, que defiende el derecho de la entidad a sentarse a la mesa de negociación con los intendentes. La comparación, claro, es con la FESIMUBO, que afirma ser la única federación con la cantidad de afiliados suficiente como para integrar el Consejo.
La rivalidad entre ambas federaciones se había manifestado hace más de una década, cuando la FSTMPBA, que por entonces encabezaba Oscar Ruggiero, fue a la Justicia para impedir que se aplicara la “ley Doval”. Ahora retorna, pero invertida: la coalición de gremios actualmente liderada por Walter Leonardi impulsa la creación del Consejo del Empleo Municipal, mientras que Doval busca judicializar la resolución del ministro Correa para disputar su composición.
La interna en el mundo de los sindicatos municipales bonaerenses no se limita a la puja entre ambas federaciones. Mientras Doval asegura que no busca atacar a los “compañeros” de las otras organizaciones gremiales, sino garantizar que se cumpla la ley en letra y espíritu, del otro lado arrecian las críticas.
“Esto viene a poner en negro sobre blanco que los compañeros que optaron afiliarse a uno u otro sindicato tienen que estar representados en la mesa. Es una democratización de las relaciones laborales. Se termina con el unicato”, dijo Claudio Arévalo, titular de la ATE bonaerense.
Maury es aun más directo en su cuestionamiento. “Nosotros venimos trabajando en esto. Nos reunimos con el ministro Walter Correa, que es el que se ha puesto este tema al hombro, y tuvimos la oportunidad de hablar con el Gobernador. Este señor se dedica a tirar piedras nada más. Habla mucho pero hace poco”, dijo el gremialista.
La FESIMUBO no participó de la reunión entre el ministerio de Trabajo y los gremios que tuvo lugar hace pocos días para ajustar las tuercas hacia la constitución del cuerpo que pondrá frente a frente a intendentes y sindicatos.
Iguales, pero distintos Qué puede pasar de ahora en más con los que no entran en la cuenta
Nadie sabe bien cuántos trabajadores municipales hay en este momento en la provincia de Buenos Aires. Las estimaciones recogidas por La Tecla van de 200.000 a 350.000, según a quién se le pregunte.
¿Por qué la cifra es incierta? No es porque la cantidad de empleados sea un dato móvil, que varía según los ingresos y egresos, lo que no movería demasiado el amperímetro. Es porque hay diferentes modalidades de contratación, lo que en definitiva quiere decir que hay trabajadores registrados que tienen estabilidad y una gama de derechos garantizados y otros, que a veces hacen exactamente el mismo trabajo, se encuentran en una situación precaria, sin relación de dependencia con la comuna y sin demasiadas garantías.
¿Qué pasará con los monotributistas que facturan por sus servicios en vez de tener un contrato laboral y percibir un sueldo en blanco todos los meses? ¿Qué pasará con los miles de integrantes de cooperativas contratadas por diversas comunas para realizar las mismas tareas que de otra manera se encomendarían a empleados de planta? Una fuente gremial dijo a esta revista que la cantidad de empleados en estas situaciones probablemente supera a la de los trabajadores formalizados.
En principio, poco impacto pueden tener en ese universo los acuerdos a los que se llegue en el Consejo del Empleo Municipal, donde estarán representados los trabajadores afiliados a sindicatos y federaciones. Pero el propio funcionamiento del cuerpo podría servir para mejorar su situación, apuntan algunos gremios.
“Nosotros tenemos muchas expectativas. Una de las cosas que estamos pidiendo, y por la que vamos a presionar en el Consejo cuando esté funcionando, es que todos los trabajadores que están en cooperativas sean pasados a planta permanente”, dijo Arévalo, de ATE.
Por ahora, la tendencia no abona ese optimismo. Cuando el intendente de La Plata, Julio Alak, anunció que daría de baja miles de contratos con cooperativas para pasar a un esquema de licitación de servicios, se produjo una protesta violenta con destrozos en el Palacio Municipal. El pase a planta nunca estuvo sobre la mesa.
