Una auditoría de la Armada detectó 645 acreditaciones irregulares de haberes por $981 millones entre 2022 y 2026. Cuatro personas ajenas a la fuerza, entre ellas la esposa del jefe de Revista, concentraron $434 millones. La denuncia llegó a Comodoro Py y el perjuicio, podría superar los $1.500 millones.
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La Armada llevó a la Justicia Federal una investigación interna: 645 acreditaciones indebidas de haberes por $981.148.567,88, entre julio de 2022 y enero de 2026. El escrito identifica por ahora a 23 personas. Fuentes del expediente hablan de un techo cercano a los $1.500 millones y de hasta 50 investigados; esa proyección no está en la denuncia.
El caso saltó en febrero de 2026, al revisar los haberes de enero. Cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos que no les correspondían. Devolvieron el dinero. La auditoría se abrió hacia atrás y cruzó liquidaciones, recibos y los archivos enviados al Banco Nación. Aparecieron pagos que no estaban en la liquidación, montos en el lote bancario que no figuraban en el recibo, duplicaciones y acreditaciones a gente cuyo vínculo con la fuerza no estaba claro.
La maniobra, según la presentación, era posterior al control. Se tocaba el archivo antes de mandarlo al banco, se inflaban importes o se colaban pagos sin respaldo. y después se restituían los valores originales. El recibo en Haberes-Web decía una cosa; la acreditación, otra.
El capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, entonces jefe de Revista, es el principal señalado. Su esposa, de apellido Prieto, concentra el mayor monto individual: 46 acreditaciones por $152,2 millones. Junto con otras tres personas sin relación laboral con la Armada suman $434,2 millones, el 44% del total detectado, en 184 cobros. Atanasoff, según el escrito, admitió conocer esos pagos, dijo que se cargaban a mano y que el fin era “favorecer económicamente” a esas personas. La fuerza lo relevó cuando el cruce histórico confirmó el vínculo con Prieto.
También se investigan haberes locales de un capitán de Corbeta que a la vez cobraba por una misión en el exterior, y pagos a su esposa mientras estaba de licencia sin goce. Devolvieron, hasta la denuncia, $42,5 millones. Quedan pendientes $938,5 millones.
La causa quedó en el Juzgado Federal N° 2 de Sebastián Ramos. La presentó el jefe de Administración Financiera, Carlos Alberto Castro Maggio. Defensa, con Carlos Presti, ordenó formalizarla. La Armada separó liquidación, acreditación y conciliación y habla de “tolerancia cero”.
El piso documental ya está: casi mil millones, más de tres años y un circuito de sueldos que, si la Justicia lo confirma, se adulteraba después de que el control oficial había pasado.
