El retroceso del 8,7% en el salario real fuerza a miles de hogares marplatenses a endeudarse con tarjetas y créditos informales para comprar alimentos y pagar servicios esenciales.
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El deterioro continuo del poder adquisitivo y el aumento acelerado de los costos fijos reconfiguran la dinámica socioeconómica de General Pueyrredón. Para los vecinos, lo que comenzó como un intento por amortiguar los golpes tarifarios derivó en una espiral insostenible de sobreendeudamiento. Con un salario real que registra un retroceso acumulado del 8,7% según datos oficiales del INDEC, la tasa de mora en General Pueyrredon alcanzó el 16,57% a julio de 2026, consolidando una preocupante tendencia alcista que condiciona la economía de miles de hogares marplatenses. La radiografía local impacta: un total de 78.064 marplatenses registran deudas en situación irregular, sobre un universo de 329.531 deudores únicos contabilizados en el distrito por la Central de Deudores. El monto total acumulado de la deuda en mora en General Pueyrredon asciende a $284.944,25 millones, representando más del 4% de la incidencia sobre la provincia de Buenos Aires. Esta asfixia cotidiana golpea de lleno el consumo esencial y empuja a los sectores vulnerables a circuitos crediticios leoninos e informales. En esta trama, los deudores en situación de mora menores de 25 años representan más del 10% del universo del distrito, advirtiendo sobre el impacto del sobreendeudamiento en la juventud marplatense y la prematura erosión de sus antecedentes financieros. Frente a este panorama, la posible quita de subsidios agrega una amenaza determinante. De este modo, más de 260 mil usuarios residenciales en el Partido de General Pueyrredon perderían los beneficios subsidiarios de la Zona Fría de aprobarse la reforma tarifaria nacional. En un distrito con bajas temperaturas constantes, la eventual eliminación del subsidio de gas provocaría aumentos estimados de entre el 30% y el 50% en las boletas residenciales marplatenses durante los meses invernales de mayor consumo, forzando a elegir qué obligaciones cancelar para sostener la mesa familiar.
Acorralado por la drástica caída en las transferencias externas y la urgencia de sostener los servicios urbanos, el Estado municipal atraviesa un dilema de proporciones complejas. El incremento de los tributos comunales, especialmente visibilizado en la Tasa de Alumbrado o las contribuciones viales, adheridas estratégicamente a las boletas de servicios para garantizar cobrabilidad, despierta cuestionamientos crecientes en una sociedad sin resto económico. La estrategia de fiscalización municipal colisiona frontalmente con la realidad de los contribuyentes. Mientras la administración local busca resguardar las arcas públicas en un contexto recesivo, el margen de absorción de los vecinos se reduce al mínimo. La discusión en el ámbito legislativo marplatense refleja la distancia entre las necesidades presupuestarias comunales y la disponibilidad monetaria de la ciudadanía, tensando la relación entre el Estado local y sus vecinos. La dimensión política del problema expone las grietas del modelo e impulsa reordenamientos legislativos. La defensa de la economía comunal frente a los alineamientos automáticos aisló a las posturas alineadas con el ajuste irrestricto de La Libertad Avanza, consolidando un frente multisectorial en resguardo del bolsillo barrial. En este marco, el gobierno municipal camina por una delgada cornisa: sostener la operatividad de los servicios sin precipitar el colapso de los contribuyentes. En ese escenario, los interrogantes institucionales sobre la gobernabilidad futura resultan ineludibles. ¿Hasta qué punto resistirá la capacidad contributiva antes de registrar un quiebre masivo en la recaudación comunal? ¿Tiene el Municipio alternativas viables si cae drásticamente la cobrabilidad de sus tasas habituales? La respuesta a estas incógnitas definirá el inestable equilibrio político y la sustentabilidad social de un distrito al límite de su tolerancia fiscal. Mar del Plata en una pendiente financiera crítica.
