Una legisladora del Frente Renovador presentó un proyecto que busca crear un organismo que custodie, administre y determine el destino de vehículos, inmuebles y otros activos vinculados a causas penales.

Mientras embargan a CFK, diputada peronista quiere una ley para reutilizar bienes decomisados

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En medio de los cortocircuitos dentro del peronismo bonaerense, una diputada del Frente Renovador presentó un proyecto de ley que no cayó del todo bien en el kirchnerismo. Mientras la justicia avanza con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, la diputada bonaerense Ayelén Rasquetti presentó un proyecto de ley para establecer un nuevo régimen de administración y reutilización social de los bienes secuestrados y decomisados en causas penales de competencia provincial.

El proyecto de ley llega en un momento un tanto inoportuno, sobre todo luego de que la justicia dictamine el embargo de los bienes de la expresidenta en el marco de la Causa Vialidad, que la condenó a seis años de prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. En el último fallo, embargaron hasta el departamento ubicado en San José 1111, donde Cristina cumple con su condena.

La iniciativa plantea que aquellos bienes que hayan sido utilizados, obtenidos o que constituyan un beneficio de actividades delictivas puedan dejar de permanecer bajo custodia durante extensos períodos y pasar a tener un destino productivo o social, siempre bajo las condiciones fijadas por la Justicia.

Entre los principios que propone el proyecto aparecen la conservación del valor de los bienes, la reparación integral de las víctimas, la preservación del valor económico del decomiso, la reutilización social y la transparencia en su administración y destino.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de la Agencia Provincial de Bienes Secuestrados y Recuperados, un organismo autárquico y descentralizado que funcionaría dentro de la órbita del Ministerio de Justicia bonaerense.

La agencia tendría a su cargo la custodia, administración, asignación y eventual disposición de los bienes secuestrados y decomisados por orden judicial. El proyecto establece además que deberá trabajar de manera coordinada con otros organismos estatales.

El organismo sería conducido por un directorio de cuatro integrantes: un presidente designado por el Poder Ejecutivo provincial, un representante propuesto por el Ministerio Público Fiscal, otro por la Suprema Corte bonaerense y un cuarto integrante propuesto por organizaciones de la sociedad civil inscriptas en un registro especial.

Además, se prevé la creación de un Registro Provincial y Público de Bienes Secuestrados y Recuperados, destinado a garantizar publicidad y transparencia sobre los activos bajo administración de la agencia.

El texto establece distintos mecanismos según el tipo y las condiciones de cada bien. En determinados casos, los bienes decomisados podrían ser reutilizados socialmente por organismos estatales u organizaciones de la sociedad civil.

La asignación debería realizarse a partir de propuestas públicas y transparentes, con prioridad para iniciativas que permitan reparar a las víctimas y generar el mayor impacto social posible en la lucha contra el crimen organizado.

También se contempla la realización de audiencias públicas antes de resolver el destino de determinados bienes, especialmente cuando por sus características, origen o relevancia institucional y social resulte necesario ampliar la participación de la comunidad.

Las audiencias deberían realizarse en la localidad donde se encuentren los bienes y ser transmitidas por medios digitales, mientras que posteriormente quedaría disponible en internet el registro audiovisual del encuentro.

La iniciativa no se limita a objetos de menor escala. El régimen contempla vehículos, embarcaciones, aeronaves, inmuebles y unidades productivas vinculadas con investigaciones penales.

En el caso de empresas o unidades productivas decomisadas, la propuesta busca priorizar la continuidad de la actividad económica y la preservación de los puestos de trabajo cuando existan posibilidades concretas de mantener o reanudar la producción.

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