Un trabajo realizado por los equipos del ex senador provincial Marcelo Daletto sostiene que el Estado bonaerense tiene una falla estructural recurrente. La inequidad entre lo que aporta y lo que recibe y los cambios propuestos.

La provincia de Buenos Aires destinó solo el 6,6% del gasto a obra pública en 2025

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Un informe sobre gasto de capital de las provincias en 2025 indica que fue del 9,5% del gasto total, un número menor al del 2023 (12,4%) y al del 2024 (9,8%). El ranking es liderado por Santiago del Estero, con el 28,8%, mientras que la última provincia es Santa Cruz con el 1,1%, mientras que el Estado Nacional solo gastó el 3%.

El relevamiento, realizado por los equipos de trabajo del ex senador provincial Marcelo Daletto, indican que el desempeño presupuestario de la Provincia de Buenos Aires demuestra una falla estructural recurrente.

“Pese al incremento real interanual alcanzado en 2025 (+10%), la Provincia destinó apenas un 6,6% del gasto a erogaciones de capital en el ejercicio 2025, cifra que se reduce al 4,4% en el primer trimestre de 2026. La contracción observada en 2026 enciende una alerta sobre el rumbo del resto del año y plantea un interrogante central: ¿se consolidará en el acumulado anual una pauta de inversión reducida cercana a la de inicios de 2026, o logrará la provincia converger hacia los niveles ejecutados en 2025?”, se preguntan los autores del estudio.

En tal sentido, indicaron que “al analizar la situación bonaerense es indispensable abordar el reclamo histórico en materia de recursos federales. La Provincia de Buenos Aires aporta cerca del 40% de la recaudación tributaria nacional, pero recibe tan solo el 21,2% de la masa coparticipable. Esta inequidad distributiva impacta directamente en la capacidad de financiamiento de la provincia”.

“Reclamar una Coparticipación más justa y la transferencia de los fondos nacionales que le corresponde debe ser una bandera permanente e irrenunciable de cualquier gestión provincial. Sin embargo, el reclamo hacia el Gobierno Nacional no exime a la provincia de su responsabilidad en la administración interna de sus recursos. No alcanza solo con recibir más fondos; es imprescindible transformar la matriz interna del gasto público para evitar que los mayores ingresos terminen absorbiéndose en erogaciones corrientes en lugar de transformarse en infraestructura”, proponen.

Además, sostienen que “desde el retorno de la democracia, los máximos niveles de gasto de capital en la provincia de Buenos Aires se registraron bajo las gestiones de Alejandro Armendáriz (14,4%) y Eduardo Duhalde (13,4% y 13,7%). En este último período, el impulso de la inversión pública —sostenido por la creación del Fondo del Conurbano— se dio en paralelo con el proceso de descentralización educativa, que obligó a la Provincia a absorber el financiamiento del sistema escolar y elevó de forma permanente la carga del gasto corriente”.

“Sin perjuicio de ello, la gestión de Duhalde alcanzó el máximo histórico posterior al retorno de la democracia en 1997, con un 17,6%. Posteriormente, la inversión en infraestructura sufrió un fuerte menoscabo que se gestó en la previa de la crisis de 2001 bajo la gobernación de Ruckauf / Solá (4,9%) y se consolidó con el colapso económico. Esta dinámica de baja inversión en capital se mantuvo con Daniel Scioli (6,7% y 4,9%)”, agregan.

En el caso de la gestión de María Eugenia Vidal, evaluaron que se buscó recomponer la partida alcanzando un promedio del 7,5% (registrando una inversión 2017 del 9,4% marcando el mayor porcentaje post crisis del 2001), mientras que los períodos recientes de Axel Kicillof mantienen la tendencia a la baja, promediando un 6,9% en su primera gestión y descendiendo a un 6,3% en su segundo mandato.

Finalmente, consideraron necesario incorporar a la Ley de Administración Financiera Provincial como regla que, al momento de diseñar el presupuesto, se disponga un 20% del total del gasto a erogaciones de capital, así la Provincia pasaría de la zona amarilla o roja a la zona verde.

“La pauta fijada como política pública deberá implementarse en forma paulatina, disponiendo una cláusula de aplicación transitoria que prevea el avance del porcentaje año tras año desde su vigencia. Por ejemplo, partiendo del nivel actual que ronda entre el 4,4% (primer trimestre 2026) y el 6,6% (cierre 2025), dicha cláusula debería fijar un sendero gradual que establezca un 10% para el 2027, un 13% para el 2028, un 16% para el 2029 y alcanzar el 20% en el 2030”, señalaron.

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