Entre polémicos proyectos, el cuestionado rol del Concejo, las denuncias en la Justicia y los conflictos de intereses de funcionarios, Mar del Plata busca su desarrollo urbano.
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La fisonomía de Mar del Plata no cambiaría por azar ni por la inercia del merca do. Detrás de cada torre suntuosa que alteraría la línea de la costa y rompería el per fil de las lomas históricas operaría una matriz política e institucional que habría transformado al Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) en una pieza ornamental.
Durante las últimas tres décadas, y a través de distintas gestiones municipales de diverso signo ideológico y color político, el recurso de la ordenanza de excepción habría dejado de ser un instrumento administrativo de uso extraordinario para convertirse en la regla general de la planificación urbana.
En el centro de esta arquitectura de poder convergerían el estudio Mariani-Pérez Maraviglia Cañadas, la constructora IMASA comandada por Florencia Miconi y un Concejo que actuaría de forma sistemática como una “escribanía” a libro cerrado para convalidar indicadores de altura y densidad sin precedentes. La mecánica del sistema sería tan opaca como eficiente. Los proyectos que violarían de forma severa los pará metros del código ingresarían al circuito municipal bajo el ropaje de propuestas de puesta en valor o dinamización económica.
Sin embargo, la revisión técnica en las comisiones legislativas respondería a una lógica de mayorías automáticas que aprobarían expedientes sin la debida exigencia de compensaciones urbanísticas reales o plusvalías públicas. Mientras los desarrlladores privados multiplicarían exponencialmente la rentabilidad por metro cuadrado al obtener permisos para construir hasta el triple de lo permitido, la ciudad absorbería el impacto de la sobrecarga en la infraestructura de agua, cloacas y energía, gestionada por Obras Sanitarias (OSSE) y las distribuidoras locales.
Este esquema de captura de rentas extraordinarias habría creado un cerco donde unos pocos actores concentrarían negocios millonarios mientras el Estado municipal delegaría el control del suelo.
Esta dinámica no solo erosionaría el patrimonio arquitectónico y ambiental de General Pueyrredon, sino que comenzaría a distorsionar la propia matriz económica del sector privado. El monopolio de hecho que ostentaría el estudio Mariani en las gran des licitaciones y proyectos de envergadura generaría un clima de creciente desconfianza entre los inversores tradicionales.
La percepción corporativa de que las reglas de juego estarían moldeadas a medida de un solo grupo empresario alejaría la llegada de nuevas inversiones, restringiría la competitividad en los concursos públicos y amenazaría con golpear la generación de mano de obra genuina en el rubro de la construcción. El recelo empresarial radicaría en una certeza amarga: la excepción con nombre propio limitaría el desarrollo libre del mercado y sometería la planificación de la ciudad a las urgencias financieras de un cartel inmobiliario. El frente institucional, sin embargo, habría comenzado a resquebrajarse en las dependencias judiciales.
La parálisis administrativa provocada por la falta de res puestas oficiales ante los reclamos vecinales y ambientalistas habría obligado a la sociedad civil a agotar la vía municipal y trasladar el conflicto al fuero Contencioso Administrativo y Penal. Allí, las audiencias judiciales por proyectos emblemáticos como la torre de 35 pisos en el predio de La Robla expondrían las contradicciones más severas del esquema: desde declaraciones de profesionales con amnesia selectiva y justificaciones de hiperdensidad basadas en una visión salvaje del mercado, hasta la convalidación de expedientes sin las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) definitivas y graves conflictos de intereses en las áreas técnicas del Ejecutivo.
A este panorama se sumaría el entramado de irregularidades técnicas en los despachos del Ejecutivo municipal, donde las evaluaciones de impacto ambiental y los dictámenes de factibilidad urbana quedarían sistemáticamente salpicados por sospechas y evidentes conflictos de intereses entre consultores privados y funcionarios de área. Mientras el vecino común debería enfrentar severas restricciones administrativas y burocráticas para realizar modificaciones menores en su propiedad, las megatorres avanzarían mediante trámites exprés que eludirían los controles de los entes reguladores.
Esta asimetría normativa terminaría por consagrar un esquema donde la ley se aplicaría de forma rigurosa para el ciudadano a pie, pero se volvería flexible para quien ostentaría acceso al poder.
“La Feliz” se encontraría en una encrucijada donde la discusión por el suelo urbano definiría su modelo de desarrollo para los próximos 50 años. La complicidad entre el poder de turno y los grandes grupos constructores ya no solo afectaría la preservación de chalets y la sombra sobre las playas, sino que pondría en jaque la sostenibilidad de los servicios y la transparencia institucional.
