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El Gobierno bonaerense le puso reglas al uso de la inteligencia artificial dentro del Estado provincial. A través del decreto N° 742, se aprobó un marco que obliga a todos los organismos públicos a pasar un control previo antes de desarrollar, comprar o poner en marcha cualquier sistema de IA.
El documento tiene como objetivo promover la incorporación de IA en los organismos provinciales para mejorar la eficiencia, calidad y transparencia de los servicios públicos, garantizando una utilización "ética, segura y responsable" de estas tecnologías, al tiempo que busca fortalecer la soberanía tecnológica y favorecer la innovación pública.
El marco establece once principios rectores que deberán guiar el desarrollo y uso de IA en la administración pública provincial, entre ellos la centralidad humana y el respeto por los derechos fundamentales, la transparencia y trazabilidad de los sistemas, la protección de datos personales, la supervisión humana en la toma de decisiones y la no discriminación.
En cuanto a los aspectos operativos, la norma dispone que todos los organismos, entes descentralizados y entidades autárquicas deberán requerir de manera obligatoria la intervención de la Subsecretaría de Gobierno Digital antes de desarrollar, usar o contratar sistemas de inteligencia artificial, así como ante cualquier modificación sustancial de los ya implementados.
Entre las atribuciones asignadas a la Autoridad de Aplicación se destacan la fijación de estándares para la adquisición e implementación de sistemas de IA, la evaluación y gestión de riesgos, la homologación de las soluciones utilizadas por los organismos y la elaboración de un manual de pautas para la contratación pública de estas tecnologías. También podrá convocar a un consejo asesor interdisciplinario y multisectorial, cuyos integrantes ejercerán funciones ad honorem.
El texto prevé además mecanismos de evaluación de riesgos e impacto que deberán considerar los efectos sobre derechos fundamentales, la calidad de los datos de entrenamiento, los posibles sesgos en los sistemas, las implicancias laborales y el impacto ambiental y energético del desarrollo y operación de estas herramientas.
El marco será de aplicación obligatoria para toda la Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada y autárquica, mientras que los municipios fueron invitados a adherir de manera voluntaria en el ejercicio de sus propias competencias.
