Menos de la mitad de los municipios bonaerenses cumple con todos los estándares de transparencia. La propia Provincia saca una nota mediana. ¿Por qué cuesta tanto la apertura?

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El juego de la transparencia en la provincia de Buenos Aires todavía se juega con un vidrio a través del cual no se ve demasiado. O al menos eso es lo que se atisba en base a los números que miden la PERFORMANCE del gobierno bonaerense y de los municipios que, según el análisis más reciente, aún tienen un buen trecho por recorrer para alcanzar el ideal.

Este panorama es el que surge del Índice de Transparencia (IT) calculado semestralmente para cada uno de los distritos bonaerenses por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que releva la disponibilidad de información pública para la consulta de cualquier vecino a través de Internet, en cuestiones relativas al presupuesto, los gastos, la recaudación y la deuda de la comuna.

Las conclusiones del último informe son más bien amargas. Menos de la mitad de los municipios bonaerenses registra un cumplimiento perfecto en todas las áreas, tanto en lo que están legalmente obligados a hacer como en lo que es opcional pero recomendable. Casi uno de cada seis registra un cumplimiento nulo de los requisitos.

En efecto, 21 de los 135 municipios se adjudican 0 o 5 puntos entre los 100 posibles, lo que significa que los vecinos de esos distritos están completamente a oscuras en lo que tiene que ver con las cuentas públicas.

¿Por qué cuesta tanto aplicar políticas de transparencia en la era de Internet? Hay intendentes que simplemente se resisten, explicó a La Tecla Javier Turiansky, director ejecutivo de la filial bonaerense de la ASAP. “A veces los contadores de los municipios nos dicen que hay información que no publican porque el intendente no quiere, especialmente en lo que tiene que ver con el detalle de los gastos”, confió.

De todas maneras, el especialista se apresuró a aclarar que incluso un cumplimiento al 100 % de todos los estándares no es una garantía de honestidad. “Un gobierno puede perfectamente publicar toda la información y al mismo tiempo ser absolutamente corrupto; y al revés, puede no publicar nada y manejarse en forma totalmene honesta”, puntualizó. Por ejemplo, los gastos de una comuna pueden incluir precios “inflados” que escapen a un ojo avizor. Esto no lo evita la ley actual, aunque se podría paliar con una norma que obligue a seguir estándares en los precios de determinados tipos de obras, sugirió Turiansky.

Más allá de eso, la ASAP destaca que a lo largo de los años las comunas han ido avanzando a paso firme en la dirección de una mayor apertura, un poco por presión política y otro poco porque la propia ASAP ha venido insistiendo en la necesidad de implementar políticas de gobierno abierto.

Según Turiansky, los informes semestrales que elabora la entidad tienen gran impacto en los municipios. “Muchos intendentes se preocupan por llegar al 100 % y cuando lo logran, lo usan para obtener rédito político”, afirmó. Por otro lado, añadió, no son pocos los que se quejan cuando el IT arroja un número desfavorable para sus distritos.

Juan Fiorini, de Junín, es uno de los intendentes que exhiben el cumplimiento perfecto como una marca de orgullo. Camina sobre las huellas de su antecesor, Pablo Petrecca, que en diciembre pasado dejó la intendencia para asumir un cargo de senador provincial.

“Hay una decisión política de publicar la información para que esté disponible para los vecinos. Y para esto se tomaron otras decisiones antes, como la de crear una agencia de recaudación, que está en marcha desde hace dos años”, contó Fiorini. “Tenemos sistemas y equipos propios para hacerlo. Pero no es una cuestión de costos. El costo no es alto. Es una cuestión de decisión y de ejecución”, agregó.

¿Y a los vecinos les importa realmente este tema o les pasa por el costado? Tanto Fiorini como Turiansky coinciden en que la transparencia no figura entre los reclamos prioritarios de la gente, más preocupada por la prestación de los servicios públicos, la seguridad o la salud.
Pero estas prácticas suman. “Vemos que los vecinos no reclaman transparencia como cuestión fundamental, pero la valoran”, afirmó el alcalde juninense.

El gobierno bonaerense tiene toda una estructura dedicada a la profundización de la transparencia y la implementación de políticas de gobierno abierto, tanto en la propia administración provincial como en los municipios, a los que brinda capacitación en la temática. Esta estructura opera bajo la órbita del ministerio de Justicia, a cargo de Juan Martín Mena, y la encabeza Ana Laura Ramos, subsecretaria de Transparencia Institucional, con varias dependencias bajo su mando.

En los últimos años, la Provincia ha registrado avances y retrocesos en la materia. Así lo evidencia la evolución de un índice que elabora anualmente el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) para todas las provincias.

Cómo se hace
Radiografía de un ranking

Los informes semestrales de la ASAP sobre el nivel de transparencia de los municipios bonaerenses siguen una metodología precisa que considera, por una parte, las exigencias legales que deben cumplir las administraciones comunales, y por otra, las buenas prácticas que, si bien no son obligatorias, se consideran esenciales para cualquier política de gobierno abierto.

Todos los ítems se refieren a la disponibilidad en línea de información relativa a distintas áreas del gobierno y a la facilidad de acceso por parte de los ciudadanos.
El marco legal considerado es la Ley 13.295 de Responsabilidad Fiscal Municipal, incluyendo los preceptos que son opcionales o fueron suspendidos por otras normas pero que forman parte de las prácticas recomendables.

Los factores que componen el índice son la situación económica financiera trimestral, la ejecución presupuestaria trimestral, la ejecución de gastos por finalidad y función y el stock de deuda pública actualizado cada tres meses.

Gobiernos reticentes
Afrentas a la transparencia que no figuran en ningún índice

Hay cosas que los estrictos índices de transparencia no pueden captar. Cuestiones que exceden a la publicación en línea de información sobre las cuentas de un municipio, pero que también tienen que ver con la idea de un gobierno abierto y transparente. Entre estos asuntos se encuentra, por ejemplo, la frecuencia y velocidad de respuesta a los requerimientos de información de los vecinos o a los pedidos de informes presentados en el Concejo Deliberante.

Son cosas difíciles de capturar con exactitud, porque son inherentemente imprecisas. Por ejemplo, un Ejecutivo municipal puede verse bombardeado por pedidos de informes sobre temas de poca importancia. O los vecinos pueden pedir información que no circula bajo la órbita del municipio. “Hay que ver cuál es la calidad del requerimiento”, explicó Javier Turiansky.

Ambas cosas pueden ir de la mano. Merlo está entre los 21 distritos clasificados por la ASAP como de “nulo cumplimiento” con las prácticas de apertura gubernamental, con sólo cinco puntos en el IT. Pero, además, en la oposición acusan al Ejecutivo que conduce Gustavo Menéndez de no brindar información requerida desde el Concejo, como práctica histórica.

“En todos estos años jamás nos han contestado un pedido de informes de cualquier índole”, dijo a La Tecla David Zencich, secretario legislativo del bloque del PRO y concejal en dos ocasiones, durante los mandatos de Raúl Othacehé y del alcalde actual. “No sólo eso: en el Concejo nunca hemos tenido acceso al RAFAM. La transparencia del municipio es cero”, apuntó.

El sistema RAFAM al que hace referencia Zencich es la plataforma digital establecida por el decreto de Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal (de ahí la sigla), al que se supone que todos los ediles deben poder acceder. Son muchos los municipios en los que esto no ocurre.

También es un clásico que se dé otra situación que lamenta Zencich: que la oposición sólo tenga acceso al presupuesto municipal o la rendición de cuentas horas antes de su tratamiento, sin tiempo para una revisión apropiada.

Subibaja transparente
La Provincia, abajo en la tabla y en la búsqueda de consolidar el repunte

Cada año, un equipo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), liderado por la economista Paula Szenkman, elabora el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), que mide la “performance” de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en términos de transparencia y gobierno abierto, y permite la comparación entre las distintas jurisdicciones.

Los resultados para la provincia de Buenos Aires la dejan en la parte inferior de la tabla correspondiente al año 2024, con un ITPP de 7,4. El gobierno bonaerense figura en el puesto 17 de la lista, muy por debajo de los 9,9 puntos de Córdoba (sobre 10 posibles), los 9,75 de Entre Ríos o los 9,7 de Santa Fe.

El índice busca capturar la disponibilidad y detalle de la información que los gobiernos publican en línea y la prontitud con que lo hacen. Está compuesto por cuatro bloques: presupuesto; ejecución y rendición de cuentas; recursos y divulgación.

El índice correspondiente a 2025 aún no se publicó (estará disponible en breve), de manera que habrá que ver si se consolida la recuperación de la Provincia respecto del año previo, cuando su puntaje fue de 6,75, ubicándola en el vigésimo escalón. Fue una de las diez jurisdicciones que mejoraron en el “ranking” en el primer año del gobierno de Javier Milei; las otras catorce empeoraron la nota.

En el desagregado por bloques, el CIPPEC da cuenta de que el gobierno bonaerense mejoró en el de presupuesto y en el correspondiente a la ejecución y rendición de cuentas; en cambio, empeoró en el relativo a los recursos, que comprende la información sobre la recaudación provincial, la deuda pública y las transferencias a municipios.

El ITPP para Buenos Aires viene registrando altibajos desde el inicio de las mediciones del CIPPEC, en 2014. Tras mantenerse entre los 8 y los 9 puntos durante seis años, tuvo una caída abrupta en 2020, cuando estalló la pandemia de COVID-19; se recuperó rápidamente al año siguiente, pero volvió a bajar en 2022 y 2023 y en el último año registrado subió otra vez.

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