Fondos para obras bajo sospecha: elevan a juicio a exfuncionarios de Villa Gesell
El juez consideró que existen pruebas suficientes sobre un posible cambio de destino de recursos nacionales destinados a la repotenciación eléctrica del distrito. La causa involucra al ex contador Gustavo Ciriaco y a la ex tesorera Silvia Jorge, acusados de utilizar partidas afectadas a infraestructura para cubrir gastos corrientes de la administración municipal entre 2015 y 2019.
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La Justicia bonaerense resolvió elevar a juicio la causa por presunta malversación de caudales públicos que tiene como imputados al ex contador municipal de Villa Gesell, Gustavo Víctor Ciriaco, y a la ex tesorera Silvia Patricia Jorge. La resolución fue firmada el 4 de mayo por el Juzgado de Garantías de Villa Gesell, que rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa y habilitó el avance del expediente hacia la etapa de debate oral.
La investigación se originó a partir de presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a la obra de “Repotenciación Eléctrica del Partido de Villa Gesell”, financiada con recursos nacionales. Según consta en la causa, los hechos investigados abarcan el período comprendido entre diciembre de 2015 y agosto de 2019.
De acuerdo al requerimiento fiscal, los funcionarios habrían dado a parte de esos fondos una aplicación distinta a la prevista originalmente, utilizando dinero asignado a la obra pública para afrontar gastos corrientes de la administración municipal. La acusación sostiene que para concretar esas maniobras se libraron cheques y se realizaron movimientos entre cuentas bancarias municipales.
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos y Económicos, cuyo titular, el fiscal Mario Pérez, impulsó la elevación a juicio. En el expediente también se incorporaron informes bancarios, registros contables, copias de cheques, expedientes administrativos y pericias elaboradas por la Policía Judicial y la UIDE.
En su planteo, la defensa de Ciriaco y Jorge negó la existencia de delito y argumentó que todas las operatorias cuestionadas respondían a mecanismos habituales de administración financiera municipal. Sostuvo además que los movimientos de fondos se encontraban respaldados por normas y circuitos administrativos internos, y que la acusación fiscal realizó una interpretación “parcial y descontextualizada” de los hechos.
Otro de los puntos discutidos en la investigación estuvo relacionado con la constitución de plazos fijos y el destino de los intereses generados. La defensa aseguró que esos recursos permanecieron dentro del sistema de cuentas municipales y que nunca existió apropiación indebida ni perjuicio económico directo.
Sin embargo, el juez consideró que existen elementos suficientes para sostener la hipótesis acusatoria y entendió que el debate sobre la legalidad o no de las maniobras debe resolverse en un juicio oral. En la resolución, el magistrado afirmó que se aprecia “un cambio en el destino de los fondos” y remarcó que la obra financiada con dinero nacional no se encontraba finalizada.
Con esta decisión, la causa avanzará a la próxima instancia judicial, donde se determinará si existió efectivamente una maniobra de malversación de fondos públicos. El expediente vuelve a poner bajo análisis el manejo de recursos afectados a obras públicas y el control sobre la utilización de partidas específicas dentro de las administraciones municipales.
El concejal Luis Vivas, del bloque Consolidación Argentina – Unidad Vecinal Geselina, se refirió a la resolución judicial que dispuso la elevación a juicio de la causa vinculada al presunto desvío y utilización irregular de fondos destinados a la obra de repotenciación eléctrica de Villa Gesell, una investigación que apunta al manejo de recursos públicos que debían destinarse a una obra estratégica para la ciudad.
La resolución, dictada por el Juzgado de Garantías interviniente, rechazó los planteos de sobreseimiento presentados por las defensas y consideró que existen elementos suficientes para que los hechos investigados en torno al destino de los fondos de la repotenciación eléctrica sean debatidos en la instancia de juicio oral.
En ese marco, Vivas sostuvo que “durante años venimos advirtiendo sobre situaciones que reflejan falta de transparencia, discrecionalidad en el manejo de recursos públicos y posibles irregularidades administrativas que afectan directamente a los vecinos de Villa Gesell. Lo ocurrido con los fondos de la repotenciación eléctrica es extremadamente grave porque se trata de recursos que debían destinarse a mejorar la infraestructura y los servicios para toda la comunidad”.
El edil remarcó que esta causa se suma a una serie de denuncias, pedidos de informes y planteos públicos impulsados desde su espacio político vinculados al uso de fondos municipales, contrataciones, manejo presupuestario, obras públicas y control de los recursos del Estado local. Según expresó, desde hace tiempo viene señalando la necesidad de esclarecer el destino de partidas millonarias y garantizar mecanismos reales de rendición de cuentas.
“Los vecinos tienen derecho a saber cómo se administra cada peso que ingresa al municipio. No puede naturalizarse la falta de controles ni el uso poco claro de los recursos públicos”, expresó Vivas.
Asimismo, señaló que desde el Concejo Deliberante se han impulsado distintas iniciativas orientadas a fortalecer los mecanismos de transparencia, acceso a la información pública y control institucional, muchas de las cuales —afirmó— no obtuvieron acompañamiento del oficialismo.
Vivas también manifestó su preocupación por “la reiteración de situaciones que terminan siendo investigadas judicialmente mientras el municipio atraviesa dificultades económicas, conflictos salariales y problemas en la prestación de servicios”.
Finalmente, el concejal indicó que continuará impulsando acciones legislativas y pedidos de información vinculados a la administración municipal, sosteniendo que “la transparencia y el control no deben verse como ataques políticos, sino como obligaciones fundamentales en cualquier sistema democrático”.
“Es fundamental que la Justicia pueda avanzar y esclarecer los hechos investigados, garantizando el debido proceso y la verdad para toda la comunidad”, concluyó.
