19 de mayo de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
La pulseada por Punta Mogotes
La Provincia proyecta licitar los balnearios y luego transferir el complejo, pero el Municipio pide frenar el proceso en la Justicia y avanzar antes con la municipalización del predio.
El conflicto por el control del complejo Punta Mogotes no da respiro. Entre demandas cruzadas, proyectos de modernización y viejas deudas que parecen interminables, la pulseada entre el Municipio y la Provincia se juega en múltiples tableros. El anuncio de la licitación del complejo y el futuro traspaso a la Comuna, una vez finalizadas las obras, generó aún más tensión.
El punto de inflexión del conflicto se produjo con la presentación judicial impulsada por Guillermo Montenegro en 2024, quien intentó avanzar con el pago de la deuda histórica de la Administración Punta Mogotes (APM), estimada en alrededor de 14 millones de pesos, con el objetivo de destrabar la situación institucional y reclamar la restitución del complejo a la órbita municipal.
En el medio se desató una disputa judicial entre el Gobierno bonaerense y la Comuna, con distintas instancias y dos fallos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que ratificaron que el juicio por la “consagración de pago” debe tramitarse en los tribunales marplatenses. En paralelo, la Provincia avanzó con el Concurso de Ideas para renovar el complejo, mientras en el Concejo Deliberante se presentaron distintos reclamos por la municipalización y pedidos para frenar el concurso y cualquier avance del Gobierno bonaerense sobre Punta Mogotes.
Luego, el anuncio realizado por el gobierno de Axel Kicillof cayó como un bombazo en Mar del Plata. Augusto Costa, ministro de Producción, confirmó que se avanzará con la elaboración de los pliegos para licitar las 24 unidades balnearias del complejo, un predio estratégico de 930 mil metros cuadrados y 2,5 kilómetros de frente costero que se convirtió en el principal eje de disputa entre La Plata y el Municipio.
El esquema proyectado por el Ejecutivo bonaerense contempla un proceso por etapas: prórroga de las concesiones vigentes —que vencen entre junio y septiembre—, llamado a licitación pública, adjudicación de nuevas concesiones con obras de infraestructura y, finalmente, la transferencia del complejo a la órbita municipal una vez ejecutadas las mejoras previstas. Desde la Provincia remarcaron que la intervención busca garantizar un “proceso ordenado de modernización y puesta en valor”.
Sin embargo, lejos de bajar la tensión, la iniciativa profundizó el enfrentamiento político. En el Municipio interpretaron el anuncio como una maniobra para consolidar el control provincial durante años y condicionar el futuro del predio.
En ese marco, la comuna presentó una nueva medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, con el objetivo de frenar cualquier avance sobre la licitación. El planteo solicita impedir “cualquier innovación sobre la situación material y jurídica del predio” hasta que se resuelva el fondo de la causa, donde el Municipio reclama la restitución del complejo tras el intento de pago de la deuda.
En su presentación, el Ejecutivo local advierte que el esquema provincial podría derivar en un proceso sin fin de obras, prórrogas y nuevas concesiones. “Bastaría con que el pliego licitatorio prevea obras durante toda la duración del contrato para que la transferencia nunca opere”, sostiene el planteo judicial, que apunta a evitar lo que define como un “bucle jurídico” que demoraría la devolución del complejo.
El conflicto tiene su raíz en una estructura institucional creada hace más de cuatro décadas. La APM, constituida en 1984 mediante la Ley Provincial 10.233, surgió como un esquema transitorio entre la Provincia y el Municipio, pero terminó consolidándose como un ente de gestión compartida con predominio bonaerense.
El punto de mayor fricción se dio después del anuncio formal de la licitación y futura municipalización, cuando la Provincia convocó a una mesa de trabajo conjunta que incluyó a representantes del gobierno bonaerense, organismos técnicos y autoridades del complejo. El intendente interino, Agustín Neme, fue invitado, pero no participó, lo que profundizó el cruce político y alimentó las acusaciones cruzadas.
Desde el Gobierno bonaerense, en tanto, defendieron el esquema y señalaron que el objetivo es ordenar el proceso de concesiones y garantizar inversiones de infraestructura que hoy no están aseguradas. Además, remarcaron que la participación municipal está prevista en distintas instancias del procedimiento.
Mientras tanto, el futuro de Punta Mogotes vuelve a quedar atrapado entre los tribunales y la política. Con concesiones próximas a vencer, una licitación en marcha y una disputa judicial en expansión, el complejo costero más importante se mantiene en el centro de una pelea que, lejos de cerrarse, parece sumar nuevos capítulos.