Municipios vs. Camioneros: una nueva guerra por la municipalización de la basura
Intendentes bonaerenses buscan revisar contratos millonarios de recolección en medio de la crisis fiscal, mientras Camioneros responde con amenazas, protestas y bloqueos para frenar cualquier cambio en el sistema.
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La discusión por la municipalización del servicio de recolección de residuos comenzó a transformarse en uno de los focos de mayor tensión política y sindical en la provincia de Buenos Aires. Mientras varios intendentes del conurbano analizan cómo reducir el peso de contratos millonarios que golpean las cuentas municipales, el sindicato de Camioneros salió a resistir cualquier modificación del esquema actual con amenazas, protestas y fuertes presiones.
El debate tomó fuerza luego de que el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, admitiera públicamente la necesidad de revisar el sistema de recolección. “Es uno de los gastos más importantes que tiene cualquier municipio”, sostuvo el jefe comunal, quien además planteó la posibilidad de rediseñar el esquema junto a empresas y sindicatos ante el creciente deterioro de las finanzas locales.
Detrás de la discusión aparece un problema estructural que los intendentes vienen analizando desde hace meses: el costo cada vez más elevado de los contratos de recolección en medio de la caída de la recaudación y el ajuste sobre las cuentas municipales. Descalzo incluso apuntó contra el Gobierno nacional por el impacto fiscal que afrontan las comunas y reclamó eliminar o reducir el IVA del 21% que pagan los municipios por el servicio.
Pero la posibilidad de avanzar hacia modelos municipales encendió rápidamente la reacción del sindicato de Sindicato de Camioneros. Pablo Moyano salió con dureza a cruzar al titular de Fesimubo, Hernán Doval, por impulsar la municipalización total del servicio de barrido y recolección. En un video difundido en redes sociales, Moyano acusó al dirigente municipal de actuar “como jefe de prensa de sus patrones, que son los intendentes municipales”.
El dirigente camionero fue más allá y vinculó el debate con una supuesta reforma laboral encubierta. “Todos quieren lo mismo: precarizar trabajadores, bajar salarios y destruir derechos laborales”, lanzó, en una escalada discursiva que elevó la tensión política y sindical alrededor del conflicto. Además, advirtió que no permitirán “ni un solo puesto de trabajo menos” y convocó a delegados bonaerenses a presionar contra cualquier intento de municipalización.
El caso que terminó de encender las alarmas fue el de Villa Gesell. Allí, el intendente Gustavo Barrera firmó un decreto para municipalizar parte del barrido manual que realizaba la empresa Santa Elena. La medida derivó en la pérdida de alrededor de 45 puestos de trabajo y provocó una reacción inmediata del gremio, que respondió con protestas frente al Palacio Municipal, quema de neumáticos y bloqueos de camiones en pleno centro geselino.
La tensión escaló al punto de obligar la intervención del gobierno de Provincia de Buenos Aires. Tras negociaciones encabezadas por funcionarios provinciales y conversaciones con el gobernador Axel Kicillof, se dictó la conciliación obligatoria por 15 días para frenar los despidos y abrir una mesa de diálogo. La medida buscó contener un conflicto que ya había generado cortes totales de tránsito, protestas durante un feriado y complicaciones para vecinos y comerciantes.
En paralelo, el municipio de La Plata avanzó con un esquema similar impulsado por el intendente Julio Alak. La gestión resolvió municipalizar la recolección en nueve localidades de la periferia, quitándole parte del servicio a la empresa ESUR. La decisión encendió alertas políticas y derivó en un pedido de informes presentado por concejales de La Libertad Avanza, que reclamaron precisiones sobre el alcance de los cambios y advirtieron sobre los riesgos que podría generar cualquier falla en un servicio considerado esencial.
