8 de mayo de 2026
EN CRISIS
Universidades en alerta: recortes, obras frenadas y un colapso que ya golpea a PBA
Más de 60 universidades nacionales denuncian que el Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario mientras se profundiza el ajuste sobre salarios, becas, investigación y funcionamiento. El escenario en la provincia
Más de 60 universidades nacionales lanzaron una campaña federal para exigirle al gobierno de Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y con los fallos judiciales que ordenan recomponer salarios, becas y gastos de funcionamiento. Bajo la consigna #CumplanLaLey, el sistema universitario se prepara para una nueva marcha federal el próximo 12 de mayo en medio de una crisis presupuestaria que ya impacta de lleno en el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
El eje del conflicto no es solamente político, sino también legal. La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada con mayoría especial en ambas cámaras del Congreso, vetada luego por el Presidente y restituida posteriormente por el Parlamento. Aun así, las universidades denuncian que el Gobierno no la aplica y tampoco cumple con las resoluciones judiciales que lo obligan a recomponer partidas. En paralelo, las transferencias a las universidades acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, uno de los recortes más profundos desde el retorno de la democracia.
El impacto más fuerte se observa en los salarios. Docentes y nodocentes perdieron alrededor del 32% de su poder adquisitivo desde fines de 2023 y hoy perciben los salarios más bajos de los últimos 23 años. Según datos del sistema universitario, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 cada trabajador perdió el equivalente a más de siete salarios mensuales. “En lo que va del gobierno, hemos perdido siete salarios”, resumió Guillermo Tamarit, rector de la Universidad Nacional del Noroeste bonaerense.
La situación golpea con especial crudeza a las universidades del conurbano, donde crece la matrícula pero los recursos siguen congelados. La Universidad Nacional de Moreno declaró la emergencia presupuestaria y salarial por tercer año consecutivo y denunció que las transferencias nacionales cayeron un 45% en términos reales desde 2024. En algunos casos, un ayudante de primera cobra apenas 250 mil pesos netos por diez horas semanales de clase, situación que ya provocó renuncias docentes y amenaza la continuidad académica.
El ajuste también impacta sobre los estudiantes. Las Becas Progresar permanecen congeladas en 28 mil pesos y el presupuesto destinado a ese programa cayó más de un 95% en términos reales respecto de 2023. Las universidades advierten que esos montos ya no alcanzan ni para cubrir transporte y materiales básicos, lo que pone en riesgo la permanencia de miles de jóvenes en el sistema educativo.
Otro de los sectores más golpeados es el científico. El Gobierno dio de baja convocatorias completas de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), dejando más de 6.000 proyectos sin financiamiento y afectando a unos 25.000 investigadores y becarios. El Consejo Interuniversitario Nacional alertó que la interrupción de esos programas compromete equipos de trabajo construidos durante años y puede generar daños difíciles de revertir.
En paralelo, las universidades enfrentan un aumento explosivo de costos operativos mientras las partidas permanecen prácticamente congeladas. En Moreno, por ejemplo, la factura eléctrica pasó de 3 millones de pesos en 2024 a 24 millones en 2026, mientras obras de infraestructura quedaron paralizadas por falta de fondos. “No tenemos posibilidad de programar actividades; solo podemos sostener día a día lo más importante”, advirtió Tamarit, quien describió un sistema obligado a sobrevivir sin margen para proyectar investigación, extensión o crecimiento académico.
Frente a este escenario, las universidades avanzan con medidas judiciales y movilizaciones para intentar frenar el deterioro. El reclamo ya no apunta solamente a una recomposición salarial o presupuestaria, sino a la supervivencia de un sistema que forma a más de dos millones de estudiantes y que históricamente funcionó como uno de los principales motores de movilidad social y producción científica del país.