“Revisión técnica”: Provincia le baja el pulgar a una obra millonaria en distrito libertario
El Gobierno bonaerense anuló una licitación por más de $1.850 millones en Tres de Febrero, distrito conducido por La Libertad Avanza. Argumentó “revisión técnica”, pero la decisión impacta en una obra clave y abre interrogantes sobre criterios políticos en la asignación de inversiones públicas.
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Pese a haber atravesado todo el proceso competitivo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió dar de baja una de las obras públicas más importantes proyectadas para el conurbano: la puesta en valor del Sendero Matienzo, en Ciudad Jardín, partido de Tres de Febrero. La iniciativa, que contaba con un presupuesto oficial superior a los $1.854 millones, fue cancelada en su totalidad pese a haber atravesado todo el proceso licitatorio.
La medida fue oficializada por el Ministerio de Infraestructura a través de una resolución que no solo deja sin efecto la licitación pública, sino que además rechaza todas las ofertas presentadas por las empresas interesadas, en un proceso que ya había despertado fuerte expectativa en el sector.
Según los argumentos formales, la decisión responde a la necesidad de realizar una “revisión técnica del proyecto” para evitar que la obra no cumpla con las “metas prestacionales vigentes”. En esa línea, desde la administración provincial sostuvieron que se busca relanzar una futura licitación más acorde a las necesidades actuales.
Sin embargo, el dato político no pasa desapercibido: la obra estaba prevista en un distrito gobernado por La Libertad Avanza, lo que alimenta interpretaciones sobre el trasfondo de la decisión. La cancelación implica, en los hechos, frenar una intervención urbana relevante en uno de los municipios del conurbano norte.
El proceso había avanzado considerablemente. La licitación había sido lanzada en 2025, se habían cumplido las instancias de publicación y apertura de sobres, y se habían presentado más de una decena de oferentes, entre constructoras y uniones transitorias de empresas.
Pese a ese nivel de avance, la normativa permite al Estado dejar sin efecto el procedimiento antes de la adjudicación sin generar derecho a indemnización para los participantes. Ese punto fue explicitado en la resolución para blindar jurídicamente la decisión.
Otro aspecto relevante es que, con la cancelación, también se dispuso la desafectación de los fondos previstos para la obra, lo que reabre la discusión sobre el destino de esos recursos en un contexto de restricciones presupuestarias y redefinición de prioridades.
En términos de gestión, el argumento técnico aparece como eje central, pero en el plano político la medida se inscribe en un escenario de tensión entre la administración bonaerense y municipios opositores, especialmente en materia de obra pública.
La paralización de proyectos de alto impacto territorial suele tener consecuencias directas en el desarrollo local, tanto en infraestructura como en empleo, lo que incrementa la sensibilidad de este tipo de decisiones.
