19 de abril de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Afiliados de IOMA denuncian infiltración policial y apuntan a La Cámpora tras las acusaciones de Homero Giles
Un grupo de afiliados autoconvocados respondió mediante una carta abierta a las acusaciones del presidente del organismo, Homero Giles, negando financiamiento político y detallando graves fallas en la atención sanitaria. El documento expone desde la infiltración policial en grupos de pacientes hasta el desvío de recursos en un contexto de falta de insumos básicos y cortes de servicios.
El conflicto entre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y sus afiliados en Mar del Plata ha escalado a una nueva instancia de confrontación pública tras la difusión de una carta abierta firmada por los beneficiarios autoconvocados de la ciudad. El texto surge como una respuesta directa a las recientes declaraciones de Homero Giles, presidente del organismo, quien había sugerido que las protestas locales respondían a intereses políticos y contaban con financiamiento externo.
En su réplica, los afiliados no solo negaron estas acusaciones, calificándolas de "agravios ofensivos", sino que presentaron una serie de denuncias que exponen una crisis estructural y operativa en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires.
La organización, compuesta mayoritariamente por docentes jubilados, personas con discapacidad y familiares de pacientes, defendió su autonomía financiera mediante la exposición de sus propios gastos, los cuales aseguran cubrir con aportes mínimos y voluntarios para sostener sus acciones de visibilización.
Sin embargo, el punto más crítico del descargo radica en la denuncia de una presunta persecución estatal: los afiliados aseguran que un agente de la Policía Bonaerense, vinculado a la seguridad de la delegación local, se infiltró bajo una identidad falsa en su grupo de WhatsApp durante más de un año.
Según el documento, este efectivo habría accedido a conversaciones sensibles sobre historias de vida, pedidos desesperados de medicación y relatos de angustia de personas con enfermedades crónicas, lo que constituye para ellos una violación a la intimidad y un mecanismo de amedrentamiento.
En términos de prestación médica, el conflicto en Mar del Plata se ha agudizado tras el corte de convenios con las tres clínicas privadas de mayor relevancia en la ciudad, una situación que dejó a miles de usuarios sin opciones de internación o cirugía. Los firmantes también señalaron una inacción deliberada por parte de la Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino, alegando que la entidad prioriza vínculos políticos partidarios por sobre la representación de los derechos de los afiliados. Denuncian, además, que mientras se recortan prestaciones esenciales —como la entrega de pañales, reducida a un máximo de cuatro unidades diarias, o la provisión de medicación oncológica y tratamientos de radioterapia—, el IOMA ha destinado fondos a actividades que consideran ajenas a la salud, tales como talleres de yoga, clases de folclore, bingos y la contratación de "agentes sanitarios" sin formación técnica, vinculados a la militancia juvenil.
Por último, la carta pone el foco en el modelo de gestión que promueve la actual administración provincial, mencionando la proliferación de policonsultorios que funcionan como intermediarios bajo sospecha de irregularidades, mientras se desfinancia a las instituciones médicas tradicionales. El escenario planteado por los afiliados autoconvocados no se limita a una queja por falta de servicios, sino que se traduce en una ofensiva judicial de envergadura. El documento confirma el impulso de una causa penal contra el gobernador Axel Kicillof y el propio Homero Giles por delitos que incluyen administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, dejando en manos de la justicia la determinación de responsabilidades sobre lo que definen como una vulneración sistemática del derecho a la vida.