La Tecla
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El reclamo de un grupo de intendentes para que la totalidad de los fondos del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal sea de libre disponibilidad, en medio de la crisis de recursos que atraviesan los distritos, chocó hoy con la inflexible postura de los legisladores.
El eje del reclamo -el Foro de Intendentes de la UCR lo encabeza- apuntaba al 30% de los fondos que actualmente está condicionado a programas específicos en áreas como infraestructura, transporte y cultura. Hoy, solo el 70% se distribuye automáticamente entre los municipios a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD).
Para avanzar en este tema, se reunieron en la Cámara Baja provincial el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, junto con el presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, y los legisladores Mariano Cascallares, Juan Pablo De Jesús, Facundo Tignanelli (presidente del bloque Fuerza Patria), los massistas Rubén Eslaiman y Alexis Guerrera y los titulares de los bloques del PRO, Alejandro Rabinovich, y de la UCR abadista, Diego Garciarena.
Según pudo recoger La Tecla.info, la intención no fue la de atender el reclamo de los jefes comunales, sino dejar en claro que la reglamentación de la Ley sancionada contempla las facultades de la Bicameral, ante las dudas que despertó la redacción de la misma.
Por otra parte, se acordó acelerar la puesta en marcha de la comisión que manejará de forma discrecional el 30% de los fondos para los municipios, según los tres programas a los que los intendentes deberán adherir, vinculados a obras, cultura y transporte.
Al respecto, un intendente amarillo aseguró a La Tecla.info que están de acuerdo con el reclamo de los alcaldes de la UCR para distribuir el 100% de los fondos a los municipios con el criterio de libre disponibilidad. Los jefes comunales del PRO se reunirán mañana para unificar su postura y comunicarla, en principio, a Rabinovich.
Es que, de acuerdo a la normativa incluida en la Ley de Endeudamiento, el 30% del dinero del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, obtenido del 8% de la toma de deuda, debe estar bajo el control de la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control (Ley N° 14.812).
“Es no entender la realidad por la que atravesamos los municipios. Necesitamos fondos para asegurar el pago de sueldos y aguinaldos, lo de las obras en este contexto es secundario”, lanzó un alcalde de la UCR días atrás.
Bianco explicó que esa limitación no responde a una decisión del Ejecutivo, sino a una definición de la Legislatura. “La propuesta original del gobierno era que el 100% se repartiera por CUD”, señaló, pero aclaró que durante el tratamiento parlamentario se introdujo la modificación que fijó el esquema actual.
En ese sentido, el funcionario fue categórico respecto a los límites del Ejecutivo: “Nosotros no podemos modificar lo que está determinado por ley. Tenemos que cumplirla”. De esta manera, descartó cualquier posibilidad de avanzar por vía administrativa o decreto.
El planteo, sin embargo, ya llegó formalmente al gobierno provincial. Bianco reveló que mantuvo una reunión con representantes del Foro de Intendentes radicales, quienes impulsan la flexibilización del fondo para poder disponer libremente de esos recursos en un contexto de caída de ingresos.
Lejos de rechazar la iniciativa, el ministro abrió la puerta a una eventual modificación, pero con una condición clave: “No tenemos ningún problema en que el 100% sea distribuido por CUD, pero eso lo tiene que resolver la Legislatura”.
De este modo, el gobierno bonaerense buscó correrse del centro del conflicto y trasladar la discusión al ámbito legislativo, donde debería impulsarse una reforma de la ley vigente si prospera el reclamo de los intendentes.
El trasfondo es fiscal. Con municipios cada vez más dependientes de la coparticipación y con menos margen para generar recursos propios, la posibilidad de contar con fondos de libre disponibilidad se volvió un punto crítico en la gestión local.
Así, la disputa por el 30% del fondo no solo refleja una discusión técnica sobre la asignación de recursos, sino también una pulseada política en la que los intendentes buscan mayor autonomía financiera en un escenario económico cada vez más restrictivo.