Tres años consecutivos de ajuste redujeron el financiamiento universitario más de un 31% en términos reales, pulverizaron el poder adquisitivo docente y cancelaron miles de proyectos de investigación. Las universidades públicas del conurbano bonaerense, más jóvenes y con menos recursos propios, son las que más acusan el golpe.

El sistema universitario público argentino atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas décadas, y las universidades del conurbano bonaerense se encuentran entre las más golpeadas. La Universidad Nacional de Moreno (UNM) declaró la emergencia presupuestaria y salarial por tercer año consecutivo; la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) de Florencio Varela hizo lo propio ante el desfasaje entre una matrícula en expansión y un presupuesto que no la acompaña; y la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) alertó en varias oportunidades su crítica situación. Mientras el gobierno nacional avanza con un ajuste que ya acumula más de dos años consecutivos, las instituciones que forman a más de dos millones de estudiantes en todo el país operan al límite de sus capacidades, con salarios pulverizados, presupuestos licuados por la inflación y proyectos de investigación cancelados de manera abrupta.

Los números son contundentes. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el salario real de docentes y no-docentes universitarios acumuló una caída superior al 33%, según el informe de coyuntura elaborado por el Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes. Esto significa que un profesor adjunto que en 2023 podía acceder a una determinada canasta de bienes y servicios, hoy solo puede adquirir dos tercios de esa misma canasta. Para revertir esa pérdida, el informe advierte que serían necesarios incrementos nominales cercanos al 50%, una cifra que el gobierno se ha negado sistemáticamente a conceder.

En términos concretos, un docente adjunto con dedicación simple percibe menos de 335.000 pesos brutos mensuales, cuando debería cobrar cerca de 495.000 pesos si el salario hubiera seguido el ritmo del Índice de Salarios del Sector Privado Registrado del INDEC. La diferencia no es un tecnicismo estadístico: son más de 2,6 millones de pesos resignados en 24 meses por cada cargo de dedicación simple, y más de 10,4 millones para quienes tienen dedicación exclusiva.

La situación en el conurbano expone con particular crudeza el impacto del ajuste sobre instituciones más jóvenes y con menor espalda financiera. Desde enero de 2024, las transferencias del gobierno nacional a la UNM cayeron un 45% en términos reales, con un recorte del 15% solo en 2026. Un ayudante de primera con baja antigüedad percibe apenas 250.000 pesos netos por diez horas de clase semanales, lo que ya provocó renuncias que ponen en riesgo la continuidad pedagógica. Las Becas Progresar permanecen congeladas en 28.000 pesos, una cifra que no cubre siquiera el transporte y los materiales básicos. La UNAJ, por su parte, funciona hoy con el mismo presupuesto real que en 2023, pero con más de 33.000 estudiantes regulares -5.000 más que el año pasado- y 7.500 nuevos ingresantes en 2026.

Guillermo Tamarit, rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), dialogó con La Tecla y sintetizó el daño con precisión: "en términos salariales, en lo que va del gobierno, hemos perdido 7 salarios. Y en términos de ingresos de gastos, 9 meses de ingresos". Agregó que las universidades perdieron la capacidad de planificar: "no tenemos la posibilidad de programar actividades, más que sostener día a día lo más importante".

El ajuste no respeta categorías: golpea transversalmente a docentes, no-docentes y científicos. El personal no-docente acumuló una pérdida del 30,5% en términos reales entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. Los investigadores del CONICET retrocedieron un 38,5% en el mismo período, y los empleados estatales bajo el régimen SINEP, un 29,9%. El patrón es inequívoco: el ajuste opera de manera sistemática sobre el empleo público calificado, incentivando la reducción de dedicaciones, la acumulación de empleos fuera del sistema o la salida definitiva de la actividad académica.

En diciembre de 2025, el gobierno nacional decidió dar de baja los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) de las convocatorias 2022 y 2023. La convocatoria 2022 ya había sido evaluada y adjudicada; la de 2023 estuvo abierta durante más de dos años y fue cerrada sin adjudicaciones efectivas. El resultado: más de 6.000 proyectos sin financiamiento, 25.000 investigadores con sus líneas de trabajo interrumpidas y más de 1.200 becarios con las trayectorias formativas paralizadas. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que la eliminación de los PICT compromete la subsistencia de cientos de equipos consolidados y debilita los mecanismos de formación de recursos humanos altamente calificados.

El impacto presupuestario no se distribuye de manera uniforme entre las funciones universitarias. El 88% del presupuesto corresponde a salarios, lo que significa que la restricción financiera cae principalmente sobre los ingresos del personal. Las partidas destinadas a funcionamiento, extensión, infraestructura y equipamiento quedan sometidas a una presión adicional. La UNM lo ilustra con precisión: la factura de electricidad pasó de 3 millones de pesos en febrero de 2023 a 24 millones en abril de 2026. El edificio Dorrego II, que alojaría 19 nuevas aulas, permanece paralizado desde 2024 por falta de fondos para infraestructura. La UNM enfrenta además un problema particular: el 30% de su oferta académica son carreras nuevas cuyos docentes no fueron incluidos en el Presupuesto 2026, obligando a la institución a financiarlos con fondos propios y desatendiendo áreas como la investigación y la vinculación tecnológica.

El informe de la UNQ advierte que la pérdida de capacidades tiende a consolidarse a través de salidas, reducción de dedicaciones y debilitamiento de trayectorias formativas, y que a diferencia de otros componentes del gasto público, estas capacidades requieren largos períodos de construcción y su recomposición resulta costosa y lenta, incluso ante eventuales mejoras presupuestarias futuras. El financiamiento universitario acumuló una caída real de poco más del 31% entre 2023 y 2025, con una nueva reducción proyectada del 7% para 2026.

Frente a este cuadro, las universidades no se quedan en el diagnóstico. La UNM ratificó su decisión de impulsar acciones judiciales para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en sintonía con las definiciones del CIN. Tamarit subrayó que el reclamo tiene doble respaldo institucional: existe una ley vigente y una medida precautoria que el gobierno impugnó ante la Cámara, y que la Cámara rechazó. La pregunta que queda abierta es cuánto puede absorber un sistema que forma a dos millones de estudiantes, produce conocimiento y sostiene trayectorias de movilidad social antes de que el ajuste deje daños irreversibles. La evidencia disponible sugiere que ese punto ya está cerca.

Guillermo Tamarit (Rector UNNOBA)
"En lo que va del gobierno, hemos perdido 7 salarios"

- ¿Cómo se encuentra la situación actual de las universidades?

- En lo que va del gobierno, hemos perdido 7 salarios todas las universidades. Y en términos de ingresos y gastos, 9 meses. Esto es lo que la ley de financiamiento universitario contempla, que es volvernos a los niveles de diciembre del 2023, por eso a esta altura tiene este impacto. Además, hay distintas medidas, que también son variables, no solo en cada universidad, sino en cada unidad académica.

Y lo que sí estamos haciendo ahora es concentrar una actividad para el día 15, con la consigna de que la universidad no se apaga. Cada universidad va a establecer distintas modalidades para mantener la vigencia del reclamo, porque siempre es bueno recordar que hay una ley vigente, que es la ley de financiamiento universitario, y también una medida precautoria que el gobierno impugnó ante la Cámara y la Cámara rechazó; o sea, esa medida judicial también está vigente. Estamos esperando que el gobierno responda a estas dos cuestiones: en primer lugar, que ponga en marcha la ley, y que dé una respuesta urgente tanto al tema de salarios como al de becas, que es lo que la medida judicial establece.

- ¿Y en el día a día, cómo lo están manejando y cómo los afecta a nivel de gastos, compromisos y manejo cotidiano?

- En primer lugar, todas las universidades hemos perdido el futuro. No tenemos la posibilidad de programar actividades; solo podemos sostener día a día lo más importante, que es la actividad académica, porque naturalmente no pueden ser los estudiantes los que paguen este conflicto. Las actividades de extensión y las de investigación no solo sufren el desfinanciamiento de las universidades, sino también el desfinanciamiento del sistema nacional, que está en sus mínimos históricos. Entonces, atender lo urgente es todo lo que podemos hacer, sin ninguna perspectiva de programar más allá de lo que está en marcha, y con muchísimas dificultades mes a mes. Porque no solo reclamamos lo que corresponde, sino que también hay que empezar por dejar de perder: con estos niveles inflacionarios, cada mes que pasa estamos retrocediendo. No ya plantearnos recuperar —que, insisto, es lo que establecen la medida legislativa y la medida judicial—, sino que, además, con un 3% de inflación mensual, naturalmente retrocedemos en todos los aspectos.

El escenario en Moreno

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) ha declarado la EMERGENCIA PRESUPUESTARIA Y SALARIAL por tercer año consecutivo. Desde enero de 2024, las transferencias del Gobierno Nacional han sufrido una caída del 45% en términos reales. Sólo en 2026 ese recorte fue del 15%.

Esta situacion se traduce en carencias que condicionan el funcionamiento básico de nuestra institución:

El poder adquisitivo del personal docente y nodocente ha caído entre un 32% y un 40%. Actualmente, un Ayudante de Primera con baja antigüedad percibe apenas $250.000 netos por 10 horas de clase semanales. Este escenario ha provocado renuncias, poniendo en riesgo tanto la continuidad y calidad pedagógica como la eficiencia administrativa.

Los programas de ayuda estudiantil hoy ofrecen montos muy bajos que resultan insuficientes para sostener la cursada. Las Becas Progresar, por ejemplo, permanecen congeladas en $28.000, una cifra que no cubre siquiera los costos básicos de transporte y materiales.

La UNM enfrenta un desafío particular: el 30% de nuestra oferta académica consiste en carreras nuevas que aún no completan sus ciclos (como el 6° año de la Escuela Secundaria, 4° año de Diseño y 3° de Abogacía). El problema es que los salarios para estos docentes no fueron incluidos en el Presupuesto 2026, por lo tanto, mientras reclamamos al gobierno nacional esas transferencias, la Universidad debe costear estos sueldos con fondos propios, desatendiendo áreas vitales como la investigación científica y la vinculación tecnológica con las empresas locales.

Respecto a otro rubro importante del presupuesto, como son los Gastos de Funcionamiento e Infraestructura, la situacion también es compleja. En efecto, mientras los costos operativos se disparan, las partidas para mantenimiento permanecen prácticamente congeladas:

Tarifas: La factura de electricidad pasó de $3 millones (febrero 2023) a $24 millones (abril 2026). Solo en febrero de este año, la luz aumentó un 35%, mientras que los gastos de funcionamiento se incrementaron muy por debajo de esa cifra.

Obras paralizadas: Desde 2024 no se reciben fondos para infraestructura. El edificio de aulas Dorrego II permanece paralizado, privando a los estudiantes de 19 nuevas aulas.

La situación de la Universidad Nacional de Moreno es crítica. Tras dos años previos de déficit acumulado, la crisis presupuestaria amenaza con interrumpir el derecho a la educación superior de miles de jóvenes de la región.

Por todo lo expuesto, y en sintonía con las definiciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la UNM ratifica su decisión de impulsar las acciones judiciales para exigir que el Gobierno Nacional aplique de forma urgente la Ley de Financiamiento Universitario.

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