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24 de marzo de 2026

ENTRE NOSOTROS

Por Sebastián Lalaurette

Resabios del horror: la dictadura que aún vive en la provincia de Buenos Aires

A 50 años del golpe, en Buenos Aires quedan huellas de los años de plomo. Leyes y decretos aún vigentes rigen parte de la vida institucional, las fuerzas de seguridad no abandonaron algunas prácticas de aquellos años y la mayoría de los bonaerenses enterrados como NN aún no fueron identificados.

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El pasado, en un sentido, no existe: es lo que alguna vez estuvo y ya no está, sólo está el presente. Pero también puede decirse que el pasado es lo único que existe. Que es el presente lo que no se puede aprehender nunca, lo que está a cada instante convirtiéndose en pasado. En medio de estas dos verdades contradictorias está la experiencia del pasado que asoma en el presente, que se resiste a morir.

Cuando ese pasado es horroroso, su persistencia trae a nuestro día a día un aliento de horror. O debería traerlo.

La Junta Militar gobernó el país entre 1976 y 1983. Videla, Massera y Agosti, los primeros.

En la provincia de Buenos Aires, la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983 no es un mero recuerdo. Sus raíces negras se extienden bajo la realidad cotidiana. Entre las normas que rigen el funcionamiento de las instituciones hay muchas que fueron impuestas por el régimen militar o por sus antecesores. Y en las comisarías, las prisiones y los juzgados persisten prácticas violentas y autoritarias. Por no mencionar que miles de bonaerenses siguen sin aparecer.

En estas normas escritas y no escritas, en estos nombres sin fecha de deceso, la dictadura en la provincia de Buenos Aires sigue viva.

Normas que nadie derogó
**Reglas de facto que siguen rigiendo las vidas de los bonaerenses**

En la provincia de Buenos Aires hay 2045 decretos-leyes vigentes de un total de 3217 que fueron sancionados en distintos gobiernos de facto. Casi la mitad de ellos (1534) se impusieron durante la última dictadura. También se dictaron 364 “ordenanzas generales” que entraron en vigor en todos los municipios.

Muchos aspectos de la vida política e institucional de la provincia de Buenos Aires se rigen por normas dictatoriales. Hasta la subrepresentación legislativa de la provincia más grande del país en el Congreso de la Nación reconoce esa fuente. La Ley 22.847, promulgada por el gobierno de facto en los últimos meses de la dictadura, sigue vigente. Es la norma que determinó la forma de calcular la cantidad de diputados nacionales que le corresponden a cada provincia, y que fijó un “colchón” mínimo de cinco representantes para las más chicas (Tierra del Fuego por entonces aún no era una provincia) y un adicional fijo de tres diputados para cada una.

Como resultado de esa disposición, nunca modificada, Buenos Aires es la provincia más perjudicada proporcionalmente en el reparto de bancas en la Cámara baja, ya que, con el 38% de la población del país, tiene un 27,2% de los diputados nacionales.

Pero la influencia de los gobiernos totalitarios sobre las normas institucionales en la Provincia va mucho más allá. La propia Ley Orgánica de las Municipalidades fue sancionada en 1958, durante un gobierno de facto. Los reclamos de autonomía de los municipios se basan en que la Constitución bonaerense les da facultades que esa ley no les reconoce. Pero incluso “hay una discusión legal muy fuerte sobre la validez de la propia Constitución”, advierte el exdiputado Walter Abarca.

Ocurre que una de las cosas que hizo la dictadura fue derogar la Carta Magna vigente y retrotraerla a la versión anterior, pero al tratarse de un gobierno ilegal, hay quienes piensan que la Constitución que debería regir en la Provincia es justamente la que fue revertida por los militares.

Walter Abarca

Abarca fue el impulsor de una iniciativa para identificar todas las leyes, decretos y ordenanzas emitidas durante gobiernos anticonstitucionales que continúan vigentes en la provincia de Buenos Aires para proponer la derogación de todas las que fuera factible derogar y reemplazarlas por normas de la democracia.

Este “Nunca Más legislativo” comenzó a vehiculizarse con la constitución de una comisión presidida por Marcelo Santillán, ex intendente de Adolfo Gonzales Chaves y actual secretario en Lotería de la Provincia. El equipo liderado por Santillán rastreó e identificó decretos-leyes y ordenanzas generales sancionadas por gobiernos no constitucionales y arribó a los números que se dan más arriba. Entre ellas identificó normas tan centrales como la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Código Procesal Civil y Comercial y varias reglas de procedimiento administrativo, el Código de Faltas bonaerense, la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, la creación de las cajas de previsión social y varias disposiciones relativas al derecho de reunión.

De todas estas normas, hay 84 que son “vertebrales en la organización del Estado provincial y con impacto, directo o indirecto, en la vida cotidiana de organismos, instituciones y ciudadanos y ciudadanas bonaerenses” y cuya derogación, por lo tanto, se considera prioritaria. De estas normas, más de la mitad provienen de la última dictadura.

Marcelo Santillán

Ese conjunto de normas debería ser tratado en las comisiones respectivas de la Legislatura para que se analice la viabilidad de su derogación y reemplazo. El “proceso de reparación histórica legislativa” se inició en 2023, con la inminencia de una fecha redonda: los 40 años de democracia ininterrumpida. Hasta ahora, sólo se derogaron cuatro.

En cuanto a las ordenanzas generales, por ser de aplicación en los municipios, la potestad de derogarlas corresponde a cada comuna.

De todas maneras, Abarca cree que hace falta un cambio aun más profundo. “Estamos convencidos de que hay que reformar la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Algunos artículos son de 1934”, indicó.

La herencia autoritaria
La picana, el recetario represivo y el “algo habrán hecho”

Pero la herencia de la dictadura no se materializa solamente en leyes y decretos. También cristalizó en prácticas que, aun luego de varias décadas, siguen vigentes en distintas áreas del Estado, como las fuerzas de seguridad, el sistema penitenciario y hasta el Poder Judicial, y que reflejan una esencia autoritaria, no democrática.

“Nunca hubo en la institución policial ni en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) una práctica democratizadora. Las prácticas de tortura son comunes. Hoy todavía encontrás casos de uso de picana eléctrica”, remarcó Roberto Cipriano García, coordinador de la mesa ejecutiva de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En efecto, aún hoy sigue habiendo casos de policías que aplican esa forma de tortura a los detenidos, a pesar de que el régimen democrático ya transita su quinta década. En noviembre del año pasado tres uniformados fueron detenidos en Moreno por picanear a jóvenes en la comisaría 1ª de Moreno, donde se daba una “práctica regular” de violencia, amenazas y denigración. En 2023, dos uniformados fueron condenados a penas de prisión por aplicar picana y golpes a tres jóvenes en Remedios de Escalada. En La Plata y Pergamino también hubo denuncias a policías por utilizar este mecanismo de tormento.

Lo mismo ocurre en las cárceles, donde la CPM constata día a día episodios de violencia y maltrato a los internos, incluyendo diversas formas de tortura.

¿Por qué siguen ocurriendo estas cosas? “Nunca se erradicaron porque, tal vez, nunca se problematizaron lo suficiente”, dijo Cipriano García. “Se instituyó el ‘vale todo’ y sigue vigente. En la provincia de Buenos Aires, en las dos gestiones de León Arslanian, se intentó modificar esa estructura policial, pero no se consiguió. Los policías tienen que cursar una materia que se llama Derechos Humanos, pero después salen a la calle y el que no se comporta como los demás se queda afuera.”

Roberto Cipriano García

Para el especialista, “el problema es que las políticas son transversales a todas las gestiones: los discursos de Javier Alonso, de Sergio Berni, de Cristian Ritondo, de Alejandro Granados, de Carlos Stornelli, son iguales, dicen todos lo mismo, explican el fenómeno de la misma manera. Y aplican las mismas recetas”.

Y eso no es todo: también en la Justicia sigue operando una visión no democrática y estigmatizadora, apuntó Cipriano García. “En muchos despachos judiciales no hay una perspectiva de derechos humanos sino de segregación. A un villero no se le cree.”

“En la dictadura se instaló esta idea de ‘Por algo será’, ‘Algo habrán hecho’. Eso se replica hoy. Ha sido una constante en todos estos años. Muchas veces los presos cuentan estas cosas que les pasan y eso ni siquiera se registra. En general no hay una escucha atenta. La idea es que el preso siempre miente”, señaló.

Espacios de Memoria
Los edificios del horror

En la provincia de Buenos Aires funcionaron 251 centros clandestinos de detención (CCD) en los que se mantenía a personas secuestradas y muchas veces se las torturaba y asesinaba. Era una práctica extendida en todo el país, donde funcionaron más de 800 de estos centros.

De los 251 CCD que funcionaron en la provincia, 153 eran controlados por la Policía bonaerense, 29 por el Ejército y el resto por la Armada, Prefectura Naval, la Fuerza Aérea, la Policía Federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y otros organismos del Estado dictatorial.

Por una ley provincial, estos edificios, ahora despojados de su función represiva, fueron transformados en “Espacios de Memoria” que pueden visitarse para conocer cómo se desarrollaba la negra mecánica del horror. Lugares icónicos como el “Pozo de Banfield” están señalizados como tales y en ellos se producen actividades educativas, recreativas y de investigación.

El “Pozo de Banfield” fue uno de los centros de detención y tormento ilegal.

La CPM, además, está a cargo de la gestión de los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que se dedicaba al espionaje político y elaboraba fichas sobre ciudadanos y grupos a los que se atribuían ideas de izquierda o asociación con agrupaciones consideradas “subversivas”.

La DIPPBA fue creada en los años ’50, pero en los ’70, cuando Ramón Camps conducía la Policía bonaerense, se transformó en uno de los principales instrumentos de persecución del régimen dictatorial. En aquellos momentos, la DIPPBA trabajaba en tándem con la Dirección de Inteligencia que lideraba el comisario Miguel Etchecolatz.

Los archivos de la DIPPBA contienen unas 217.000 fichas sobre personas que cayeron bajo la mirada del régimen de facto, guardadas en 28 cajones. También hay 43.250 fichas temáticas, 2500 referidas a partidos políticos, 3500 sobre el factor religioso y un millar relativas a entidades estudiantiles.

Los que no están
La presencia de la ausencia

El otro aspecto en el que la dictadura se hace presente aún en la realidad está, paradójicamente, compuesto por ausencias. A diferencia de un homicidio común, que da lugar a la apertura y cierre de una causa judicial, al duelo y a la elaboración de ese duelo, la desaparición forzada prolonga el crimen en el tiempo, de modo que sigue ocurriendo día a día.

En la provincia de Buenos Aires, al igual que en el conjunto del país, es imposible, por la propia naturaleza de los hechos, saber exactamente cuántas personas fueron víctimas de desaparición forzada. Los datos oficiales verificables hasta 2019 permitieron arribar a una lista de 3208 bonaerenses desaparecidos. Son un hueco en la realidad del tamaño de un pueblo pequeño, o toda la matrícula de una escuela.

El portal de Datos Abiertos del gobierno bonaerense brinda acceso a la lista con todos los registros, incluyendo el nombre completo de cada persona, la fecha y lugar de su secuestro, una breve descripción de cómo ocurrió, en qué CCD permaneció detenida (si se conoce el dato) y un enlace a información detallada con lo que se conoce sobre el caso.

Miles de bonaerenses continúan desaparecidos

La CPM realizó un conteo exhaustivo que concluyó este año y en el que incluye a todas las personas que sufrieron desaparición forzada en la provincia, contando también a las que luego fueron trasladadas a prisiones o liberadas (es decir, que estuvieron desaparecidas temporalmente). Arribó a la cifra de 9834 víctimas de esta modalidad represiva. También contabilizó 8528 casos de personas sometidas a torturas y tormentos.

Esos datos forman parte del Registro de Violencia Genocida (REVIGE), relativo exclusivamente a la provincia de Buenos Aires entre los años 1974 y 1983, y que también da cuenta de privaciones ilegales de la libertad, ejecuciones sumarias, amenazas, robos, violencia sexual, simulacros de asesinato y otras prácticas del Estado represor.

El REVIGE arroja otro dato que permite ver una forma adicional en que el pasado sigue presente. Hay 37 cementerios repartidos por el territorio bonaerense en los que se hallaron cadáveres de víctimas de desaparición forzada. Sólo un 15% de esas personas fueron identificadas. El resto siguen siendo una deuda.

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