2 de enero de 2026
“DURO GOLPE”
Voces de alerta por la concentración de poder en la nueva SIDE de Milei
La reestructuración del sistema de inteligencia por decreto reaviva viejos fantasmas del espionaje interno. Especialistas y dirigentes advierten por la concentración de poder, la pérdida de controles civiles y el avance de la vigilancia estatal sobre la política y la sociedad.

La reestructuración del sistema de inteligencia que dispuso Javier Milei mediante el DNU 941/25 reabre una de las discusiones más sensibles de la democracia argentina. En pleno receso parlamentario, el Ejecutivo modificó por decreto cerca de 40 artículos de la Ley de Inteligencia Nacional, alterando equilibrios institucionales que habían sido construidos tras décadas de consensos básicos.
Uno de los puntos más controvertidos es la redefinición de las “amenazas” o “riesgos” para la seguridad nacional. El decreto amplía de forma ambigua ese concepto e incluye, en los hechos, a activistas, opositores políticos y periodistas, habilitando prácticas de espionaje interno que la legislación vigente buscaba desterrar tras la experiencia autoritaria.
En esa misma línea, el DNU otorga a la SIDE una discrecionalidad inédita bajo la figura de la “preservación de métodos y fuentes”. Sin límites claros ni controles efectivos, esta cláusula funciona como una carta blanca para que los agentes de inteligencia operen por fuera del marco legal, amparados en la noción genérica de seguridad nacional.
La opacidad es otro de los ejes centrales de la reforma. Al declarar encubiertas la totalidad de las actividades de inteligencia, el decreto debilita los mecanismos de transparencia y elimina, en la práctica, el control sobre los fondos reservados. El sistema se convierte así en una caja negra de recursos públicos, inaccesible al escrutinio ciudadano.
El rol del Congreso aparece severamente recortado. El DNU elimina instancias de control civil sobre la inteligencia militar y le otorga mayor autonomía al Estado Mayor Conjunto, rompiendo el principio de separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior que fue un pilar del consenso democrático desde 1983.
A esto se suma la creación de un nuevo esquema de vigilancia digital. El Centro Nacional de Ciberseguridad, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, concentrará la recolección y el procesamiento de información digital para el Sistema de Inteligencia Nacional, ampliando las capacidades de monitoreo sobre la población.
En un análisis de la reforma, el diputado socialista Esteban Paulón advirtió que representa un “duro golpe” para la democracia y agregó: “El Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU. La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie. Defendamos la libertad, pero la de verdad”.
En la misma línea, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica–ARI) aseguró: “Todos espiados. Todos sospechosos. el dnu 941/25 de milei es un retroceso intolerable y de nulidad absoluta”.
Ni lerdos ni perezosos, desde el bloque de diputados del PRO, que encabeza Cristian Ritondo, anunciaron la conformación de “un equipo especializado que se encuentra analizando el Decreto 941/2025” y se abstuvieron de sentar una posición clara al respecto.
“Consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva”, explicó la bancada proísta en un comunicado.
“Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprensión de personas”, precisó el bloque PRO. “Uno de los puntos que destacamos como claramente positivo es la integración y unificación de bases de datos estatales. Esta modernización era una deuda histórica: Argentina se encontraba décadas atrasada en materia de interoperabilidad de información estratégica para la seguridad nacional.”
En contraste, el bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) solicitó la conformación de la comisión bicameral dedicada a los temas de inteligencia para “tratar en forma urgente” el DNU de Milei.
El titular de la bancada, Germán Martínez, le elevó formalmente ese pedido al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
En consonancia, desde el Interbloque Unidos (que agrupa a Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal) lanzaron un comunicado en el que rechazan el DNU y exigen “restablecer el control parlamentario” de las actividades de inteligencia.
“No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aun cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU. Es indispensable que se constituyan y designen de inmediato”, afirman los legisladores.
Tras criticar la “opacidad” que el decreto genera en el sistema y el peligro de habilitar “prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles” , el interbloque advierte: “La seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero no puede construirse debilitando la Constitución, el Congreso y las garantías que protegen a cada ciudadano. No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”.
Por su parte, el partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN) de Margarita Stolbizer consideró que el DNU es “inconstitucional, arbitrario y de altísimo riesgo para la democracia y para los derechos de las personas”.
“Es inaceptable que el ‘personal de inteligencia’ pueda tener facultad para detener personas” y consideró que Milei “ha incurrido en un claro abuso de poder, violentando los consensos democráticos de la Argentina y sus propias atribuciones constitucionales”, afirmaron las autoridades del partido (Sergio Abrevaya, presidente, y Gonzalo Toselli, secretario general).
“El Decreto 941/25 debe ser rechazado de inmediato por el Congreso Nacional, declarándose su nulidad absoluta e insalvable”, concluyeron.
Desde el sector sindical, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) consideraron que el decreto de Milei es “un golpe a la democracia”.
“Este decreto, dictado sin urgencia ni necesidad, vulnera el Congreso y el debate democrático. Constituye un retroceso gravísimo y un peligro extremo para las libertades individuales: transforma a la SIDE en una policía secreta”, advirtieron la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma en un comunicado conjunto.
Desde el ala oficialista, el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo (integrante de las Fuerzas del Cielo, alineadas con Santiago Caputo), se encargó de defender el DNU.
“En ningún momento hay secuestros sin aviso ni nada de las fantasías que se inventan los zurdos y sus cómplices de la oposición de Corea del Centro”, afirmó Romo en una publicación en X (antes Twitter) en la que enumera las condiciones que deben cumplirse para que agentes de inteligencia puedan detener a personas.
Tal como advierten los especialistas, lejos de una modernización técnica, la reforma plantea un cambio de paradigma. El énfasis ya no está puesto en la protección frente a amenazas externas, sino en el control interno y la acumulación de poder discrecional en manos del Ejecutivo, con débiles contrapesos institucionales. Por eso, los detractores de esta reforma sostienen que el debate trasciende lo jurídico y se instala en el corazón del sistema democrático.