30 de diciembre de 2025
JUSTICIA Y SEGURIDAD
El Gobierno apeló el fallo y logró que siga vigente el protocolo antipiquetes
El juzgado concedió el recurso con efecto suspensivo y frenó la nulidad dictada en primera instancia. Ahora será la Cámara Contencioso Administrativo Federal la que defina el futuro de la medida impulsada por el Ministerio de Seguridad, en medio de la inminente feria judicial.
El Gobierno nacional movió rápido tras el revés judicial y apeló el fallo que había declarado nulo el protocolo antipiquetes. La jugada tuvo un primer resultado favorable: el juzgado interviniente concedió el recurso con efecto suspensivo, lo que deja sin aplicación (por ahora), la sentencia que anulaba la medida diseñada durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.
Con esta decisión, la definición pasa a manos de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que deberá resolver si el protocolo es válido o no desde el punto de vista legal. Mientras tanto, el esquema de actuación de las fuerzas federales frente a cortes y manifestaciones en jurisdicción nacional continúa vigente y puede seguir aplicándose si el Ejecutivo así lo decide.
La apelación fue presentada por el Estado nacional a través del área de Asuntos Judiciales del Ministerio de Seguridad. Allí se cuestionó de manera directa la sentencia dictada el 29 de diciembre y se solicitó expresamente que el recurso suspendiera los efectos del fallo, pedido que fue aceptado por el magistrado de primera instancia.
En términos concretos, la concesión del recurso mantiene el statu quo previo a la resolución judicial que había declarado la nulidad. Fuentes judiciales explicaron que esto implica que no hay modificaciones inmediatas en el accionar de las fuerzas federales ante protestas sociales y cortes de tránsito en rutas o accesos bajo órbita federal.
El fallo apelado se había dictado en el marco de una acción de amparo presentada por organizaciones de derechos humanos, que cuestionaron la legalidad del protocolo por considerar que vulneraba derechos constitucionales ligados a la protesta social. La resolución judicial había generado un fuerte impacto político y reavivó el debate sobre los límites del accionar estatal en este tipo de situaciones.
Desde el Gobierno sostienen una postura opuesta. En su presentación ante la Justicia, el Estado argumentó que el protocolo no restringe ni regula el derecho a manifestarse, sino que fija pautas de actuación para las fuerzas de seguridad frente a posibles delitos, especialmente aquellos vinculados al entorpecimiento del transporte y la libre circulación de terceros.
Además, el Ejecutivo advirtió que dejar sin efecto la medida le provoca un “gravamen irreparable” y remarcó las consecuencias institucionales de desactivar una herramienta que, según su mirada, apunta a garantizar el orden público sin afectar derechos básicos.
El calendario judicial también juega su propio partido. Este martes es el último día hábil antes del inicio de la feria judicial de enero, por lo que la Cámara deberá decidir si habilita el tratamiento del expediente durante el receso. De no hacerlo, la discusión quedará postergada hasta febrero y el protocolo antipiquetes seguirá vigente durante todo ese período.
La eventual habilitación de la feria dependerá de que los jueces consideren que existe una urgencia institucional que justifique avanzar sin esperar al reinicio de la actividad ordinaria. Mientras tanto, el conflicto se mueve en paralelo en los tribunales y en el plano político.