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Viernes, 29 marzo 2024
ECONOMíA
18 de agosto de 2020

Mar del Plata: los juicios que prenden las alarmas

El Estado municipal arrastra causas millonarias cuyos fallos harían tambalear aún más las cuentas. La Contaduría calcula una derrota en unos 42 juicios.Los detalles.

Mar del Plata: los juicios que prenden las alarmas - La Tecla

Vía La Tecla Mar del Plata

Las arcas de la Comuna atraviesan momentos de zozobra desde la irrupción de la pandemia mundial del coronavirus. Un esquema adverso en el que el rescate de Nación y Provincia será esencial para los sectores de la economía local castigados por la crisis, y con un Estado municipal resignado a recaudar cerca de $5 mil millones menos de los $17 mil millones proyectados para el ejercicio 2020.

Con este escenario, el panorama luce incluso más adverso si se tienen en cuenta la gran cantidad de juicios millonarios que debe afrontar el Municipio, cuyos desenlaces podrían poner aún más en jaque a las finanzas.

Según lo expuesto en la Memoria Anual de la Rendición de Cuentas 2019 de la Administración Central, la ciudad acumula más de 40 litigios en los que es prácticamente segura una derrota. Allí asoma un gasto que ya está contemplado por el Ejecutivo tras los últimos avances: la cancelación de la deuda por la obra de cuatro natatorios en los polideportivos de los barrios Libertad, Colinas de Peralta Ramos, Centenario y Camet.

En concreto, el gobierno llegó a un acuerdo con Centro de Construcciones S.A., la firma a cargo de los trabajos, mediante el cual se le deberá abonar $43.886.713 en 35 cuotas mensuales de $1.253.906, pagaderas del 1 al 10. La conciliación debe tener el visto bueno del Legislativo que, con planteos del kirchnerismo, le dio aprobación en comisión por mayoría.

No obstante, el mayor punto de conflicto se observa en otra cuestión, con implicancias en el gobierno del exintendente Carlos Arroyo. En octubre de 2018, el líder de Agrupación Atlántica modificó, vía decreto, unas bonificaciones especiales para los docentes del sistema educativo municipal, beneficio adquirido por ordenanza en 1989, y que les permitía percibir mejores salarios que, por caso, los maestros del ámbito provincial. Hasta ese entonces, el beneficio se equiparaba al cargo de maestro de grado con la categoría 12 del escalafón municipal con una carga horaria de 35 horas semanales; el cambio pasó el calculó a 24 horas semanales.

La situación generó un gran conflicto con el sindicato de los municipales y con el propio Concejo Deliberante. Se iniciaron varias demandas judiciales por parte de los docentes afectados, mientras que a la Suprema Corte bonaerense también llegó una causa por conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Deliberativo, ya que los ediles intentaron restituir a través de una ordenanza las bonificaciones, mientras que Arroyo buscó frenar la acción, primero con un veto, rechazado por el HCD, y luego en Tribunales.

En enero, el intendente Montenegro sancionó el decreto 79/20 y retrotrajo la situación al volver a equiparar el cálculo en 35 horas. Sin embargo, no hubo avances en el pago retroactivo del beneficio no percibido por los docentes entre octubre de 2018 y diciembre de 2019. La deuda -reconocen en el propio Ejecutivo- asciende a unos $200 millones, sin contar los intereses, lo que implicaría un gran desembolso para el gobierno municipal en caso de que avancen las diversas causas colectivas presentadas por la mayoría de los docentes.

En los expedientes que tramita la Justicia Contencioso Administrativo, el gobierno expuso su negativa a reconocer el reclamo indemnizatorio de los maestros. Según la Municipalidad, el decreto de Arroyo fue “un acto administrativo válido y legítimo, lo que descarta absolutamente la nulidad pretendida por la actora, y con ello la posibilidad del reconocimiento retroactivo del pago de la bonificación”.

“El decreto 79/20, en modo alguno cuestiona al anterior, sino que, por el contrario, se limita a reemplazar los artículos 9 y 10 por razones de oportunidad, mérito y conveniencia y en ejercicio de las facultades que son propias del Departamento Ejecutivo”, se esgrimió.

Esa postura se vio alimentada por el reciente fallo de la Suprema Corte en la causa por competencia de poderes iniciada por Arroyo, a la cual declaró abstracta (ver cuadro) y en cuya resolución sostuvo que pronunciarse sobre la cuestión de fondo “constituiría una declaración meramente teórica e inoficiosa”.

Todos los sectores políticos de la ciudad coincidieron en señalar el manejo de los tiempos políticos por parte de los supremos, a la espera de un cambio en la política oficial. Los docentes, en tanto, lamentan un fallo favorable que hubiera alimentado su reclamo.

 
La advertencia de Contaduría por las bonificaciones

En la Memoria Anual de la Rendición de Cuentas 2019, Contaduría ya anticipaba el conflicto en ciernes por la retroactividad de las bonificaciones docentes. “Resultaría prudente efectuar las previsiones económicas y financieras necesarias para afrontar el pago de las diferencias entre los montos abonados en concepto de Bonificación Especial Docente entre octubre de 2018 y  diciembre de 2019, los que podrían resultar exigibles de expedirse en tal sentido los órganos judiciales competentes”, plantearon desde la dependencia.


Un conflicto de poderes abstracto

El 5 de agosto pasado, la Suprema Corte bonaerense declaró como “abstracta” la demanda por competencia de poderes de Arroyo contra el Concejo en el marco de la discusión por las bonificaciones docentes.

La resolución del máximo tribunal dispuso “declarar abstracta la cuestión litigiosa, por lo cual no corresponde emitir pronunciamiento acerca de ella”. Con esas pocas palabras se descartó la demanda que en diciembre de 2018 entabló el Ejecutivo municipal contra el Concejo por la sanción de una ordenanza que restituía el beneficio que tienen los maestros desde 1989.

La resolución llegó con una demora considerable, teniendo en cuenta que la Ley Orgánica de las Municipalidades plantea que en estos casos de competencia de poderes, por tratarse de  situaciones sensibles para la institucionalidad, deberán ser resueltas en un plazo de 30 días desde iniciado el reclamo judicial.

 
Los polideportivos, a debate en la próxima sesión

Esta semana, el Concejo podría terminar de ratificar, en sesión ordinaria, el acuerdo para cancelar la deuda de los polideportivos. No obstante, el kirchnerismo mostró reparos en torno al  expediente y señaló que, en vez de cerca de $44 millones, se terminarán pagando unos $60 millones por los intereses generados desde 2015. “Las cuentas no son claras, no nos parece una negociación beneficiosa”, planteó la edil Virginia Sívori.


El Municipio, contra una pesquera

La disparada de casos de coronavirus tuvo su correlato en la arena judicial. En este caso, el Municipio demandó a una pesquera ilegal donde se registró uno de los brotes en julio. Según precisaron desde el gobierno, la acción judicial fue motivada por una publicación periodística en la que se da cuenta que “se habrían llevado a cabo diferentes comunicaciones entre el propietario de la pesquera denunciada -Enrique Ulloa- y sus empleados, en la que manifiesta que pagaba coimas” para que la pesquera, que regenteaba “sin contar con la correspondiente habilitación municipal”, pudiera seguir trabajando, según reza un párrafo de la presentación realizada ante la Fiscalía General.

A raíz de ello, desde Legal y Técnica solicitaron que se investigue la posible comisión de los delitos tipificados en los artículos 258 y 259 del Código Penal.


Ordenanza antipirotecnia: una norma que podría quedar sin efecto

El Concejo aprobó en diciembre la prohibición del uso y venta de fuegos artificiales. Los empresarios del sector buscan restringir la medida y ya tienen antecedentes a favor: en Mar Chiquita se frenó una iniciativa similar.

En diciembre de 2019, el Concejo aprobó por decreto una ordenanza para prohibir la venta y el uso de pirotecnia en la ciudad. La Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (Caefa) radicó una denuncia por inconstitucionalidad de la norma, pero el juez Marcelo Fernández, del Juzgado Contencioso Administrativo N°1, la dejó en stand by porque la ordenanza aún no había sido aprobada en sesión ordinaria ni promulgada, aunque se aplicó.

A comienzos de julio, el juez Simón Issach (del Contencioso N°2), sí aceptó una cautelar en favor de la Caefa por una ordenanza idéntica sancionada en el distrito vecino de Mar Chiquita. Pese al  envión, la cámara no retomó la ofensiva en Mar del Plata, a la espera de una señal que surja desde la política local.

En la entidad se mostraron abiertos a iniciar un diálogo sobre el debate en torno al uso  responsable. “La división no es entre pirotecnia sonora y lumínica, es entre pirotecnia de alto o bajo impacto sonoro. Apoyamos las campañas que alertan sobre las implicancias nocivas en personas con trastorno del espectro autista”, planteó a La Tecla el vocero Ezequiel Asquinasi.


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