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Martes, 17 noviembre 2026
Argentina
DIPUTADOS

Ludopatía: con collage de propuestas, avanza la ley tras el “tiroteo” entre sectores

Luego de chispazos entre sectores del oficialismo y pirotecnia con la oposición, la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía dio despacho a tres dictámenes para que pueda debatirse en sesión la semana próxima. Antes, buscan sesión conjunta de Legislación General y Presupuesto. Las posturas y las cifras millonarias en disputa.

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La comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados avanzó hoy con el proyecto que busca poner límites a las plataformas digitales y obligarlas a desembolsar cifras millonarias.

Luego del fracaso de la cita anterior, caída por falta de quorum, el grupo emitió varios dictámenes y confirmó que en los próximos días buscará realizar una sesión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Legislación General, las dos que faltan transitar, para que pueda debatirse y, eventualmente, aprobarse en la sesión de la próxima semana.

Al finalizar el cónclave, la titular de la comisión y coautora del proyecto camporista junto a Facundo Tignanelli, ambos de Fuerza Patria, aseguró que “el objetivo de hoy era tener quórum y sacar dictamen favorable de este proyecto para que siga su trámite legislativo y eso lo logramos, así que es un buen balance de la comisión”.

Tras arduas discusiones, los legisladores emitieron tres dictámenes: el primero con las modificaciones propuestas por el radical Diego Garciarena; otro con cambios sugeridos por
Marcela Basualdo (FP), Fernando Rovello (PRO), Fabián Luayza (Nuevos Aires) y el insaurraldista Juan Pablo De Jesús, y el de la presidencia, que solo fue acompañado por el massista Roberto Vázquez. El libertario Francisco Adorni se abstuvo.

En cuanto a las modificaciones propuestas por la oposición, Olivetto aclaró que “puntualmente manifestaron cuestiones respecto de los fondos y sobre el abordaje del mundo del juego ilegal, que nosotros también estábamos aceptando. Pero ahora que ya está, que salió de esta primera comisión de origen, que es la especializada en ludopatía, lo más importante es que hay un acuerdo entre las medidas para garantizar que los menores no apuesten, las medidas de acompañamiento para los adultos que apuestan y también para las restricciones en materia de publicidad. En legislación general es el ámbito adecuado para discutir el resto de los temas”.

Ludopatía: con collage de propuestas, avanza la ley tras el “tiroteo” entre sectores

Sobre el pedido del Gobierno provincial, expresado por el ministro Carlos Bianco, la legisladora explicó que “hay un artículo de la Ley Impositiva, que es el artículo 111, que establece ya por ley este gravamen para la parte de las apuestas de los slots, que son las maquinitas del 2%, que eso lo paga el apostador. Nosotros no estamos de acuerdo en cobrarle al apostador, pero si eso era un impedimento para que el proyecto avance, lo incorporamos dentro de nuestro proyecto integral como un fondo más para que se pueda avanzar en el trámite legislativo, porque creemos que no debe darse esta discusión en el marco de la ley de Presupuesto y la Impositiva, porque en parte también es lo que nos trajo hasta acá”. 

“Las apuestas se aprueban de manera online en la provincia de Buenos Aires, es una ley impositiva en el 2018, en el gobierno de Vidal. Entonces creemos que tiene que darse un tratamiento separado y sobre todo más urgente, porque el Presupuesto no tiene estado parlamentario todavía”. 

Consultada por uno de los fondos, y creada alguna sospecha sobre posibles falseamientos en las declaraciones juradas de las operadoras, Olivetto consideró: “Nosotros creemos que las empresas licenciatarias tienen ganancias extraordinarias, que encima no quedan en la provincia de Buenos Aires, sino que en más de un 80% se giran al exterior y solo dejan en nuestro territorio problemas. Es una decisión política para nosotros cobrarle lo más que se pueda, porque en riesgo está la salud, el bienestar y la vida en comunidad. Es una decisión política. Nos formamos de esta manera para poder discutir la rentabilidad de los que más tienen, que sólo generan problemas en las comunidades y que estamos dispuestos a dar esa discusión sabiendo lo complicada que es una promoción técnica, qué fue lo que se pasa a legislación general.

A su turno, De Jesús comentó: “Las apuestas online se convirtieron en una preocupación cada vez más presente en muchas familias. Hoy un adolescente puede acceder desde su celular a plataformas que lo exponen a situaciones muy difíciles, con consecuencias que no son solamente económicas, sino también emocionales, familiares y sociales. Es una problemática que tenemos que abordar con mucha responsabilidad”.

En este sentido, remarcó la necesidad de fortalecer la presencia del Estado frente a una problemática que atraviesa a distintos sectores de la sociedad. “Detrás de esta problemática hay chicos, chicas y familias que muchas veces no saben cómo enfrentar lo que está pasando. Por eso necesitamos herramientas para prevenir, para controlar a quienes ofrecen estas apuestas y también para acompañar a quienes necesitan ayuda. Es importante que ese trabajo llegue a cada comunidad, a través de los municipios y las instituciones que están cerca de las familias”, sostuvo.

Finalmente, el legislador señaló que “la salud y el bienestar de nuestros jóvenes tienen que estar por encima de cualquier interés económico. Este proyecto es un paso importante para avanzar en esa dirección y dotar a la Provincia de nuevas herramientas para prevenir la ludopatía, combatir las apuestas ilegales y acompañar a las familias que atraviesan esta problemática”.

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Siete empresas y un negocio millonario

En la provincia de Buenos Aires hay siete plataformas autorizadas para operar apuestas online: Betano, Bet365, Betsson, BetWarrior, Bplay, Sportbet y Stake.

Detrás de estas marcas aparecen compañías internacionales asociadas con operadores locales, entre ellos empresarios históricos del juego, grupos vinculados a casinos y firmas con una fuerte presencia en el negocio de los bingos. Uno de los nombres que aparece en este entramado es Daniel Mautone, vinculado a operaciones locales de apuestas y con una extensa trayectoria en el sector.

Como si las sospechas de presiones empresariales no fueran suficientes, el gobierno provincial abrió otro frente de conflicto.

El proyecto impulsado por Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto contempla controles sobre la identidad de los jugadores, restricciones publicitarias, mecanismos para prevenir la ludopatía y mayores herramientas contra el juego clandestino. Pero el punto que concentra la mayor discusión es económico.

La iniciativa obliga a las empresas a aportar recursos equivalentes al 100% de sus inversiones en publicidad, promoción y patrocinio. De ese dinero, el 70% se distribuiría entre los municipios y el 30% se destinaría al Ministerio de Salud bonaerense.

Además, establece una contribución mensual equivalente al 3% de los premios pagados, a cargo de las operadoras, destinada a financiar clubes de barrio, entidades de bien público y becas deportivas.

Tignanelli sostuvo públicamente que este último mecanismo permitiría obtener más de $700 mil millones, una estimación que todavía requiere respaldo en información económica detallada de las licenciatarias. Una cifra que ayuda a entender por qué la discusión ya dejó de ser exclusivamente sanitaria.

El lobby bajo sospecha y los diputados que faltaron

La ausencia masiva del jueves pasado hizo estallar la polémica. Además de Olivetto y Vázquez, los otros siete integrantes de la comisión no participaron. Entre ellos estuvieron Fernando Rovello, del PRO; Diego Garciarena, de la UCR; Francisco Adorni, de La Libertad Avanza; Fabián Luayza, de Nuevos Aires; y los oficialistas Juan Pablo de Jesús, Marcela Basualdo y Lucía Iañez. Esta última había comunicado previamente que no asistiría.

Tignanelli fue contundente al denunciar los intereses que, según su interpretación, están detrás de las demoras. Aseguró que los legisladores deberán definir a quién representan y apuntó contra las siete empresas que manejan el negocio legal de las apuestas.

La respuesta llegó desde el PRO. Fernando Rovello cuestionó especialmente la creación de un fondo de más de $700 mil millones que, según advirtió, podría convertirse en una caja política manejada por La Cámpora.

Desde el kirchnerismo rechazaron esa interpretación y aseguraron que el dinero tendría una asignación directa para clubes y deportistas. El radicalismo, por su parte, planteó modificaciones para que los recursos se distribuyan entre los municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD).

Así, detrás del debate sobre la ludopatía aparecen diferencias concretas respecto de quién paga, cuánto se recauda, quién controla y cómo se distribuye el dinero.

Kicillof también entró en la pelea

Como si las sospechas de presiones empresariales no fueran suficientes, el gobierno provincial abrió otro frente de conflicto.

Este lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cuestionó que el proyecto se hubiera presentado sin consultar previamente al Ejecutivo. Si bien acompañó los objetivos de prevención, reclamó que los aspectos económicos fueran discutidos en la Comisión de Presupuesto.

La respuesta de Tignanelli no tardó en llegar. El diputado aseguró que el texto fue conversado permanentemente con el titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, y que también participaron funcionarios del Ministerio de Salud. La diferencia no es menor.

El Ejecutivo pretende avanzar con una alícuota del 2% sobre determinados premios de apuestas online, mecanismo cuya aplicación encontró obstáculos judiciales y que ahora busca incorporar al Presupuesto 2027.

Tignanelli sostiene que ese sistema recauda sobre los apostadores, mientras que su propuesta obliga a las empresas a aportar parte de sus utilidades. Además, asegura que los recursos previstos por el Gobierno representarían apenas el 10% de lo que permitiría recaudar su iniciativa. Bianco, por su parte, negó que el Ejecutivo hubiera intervenido para provocar la falta de quórum del jueves pasado.

La discusión dejó al descubierto otra interna entre La Cámpora y el kicillofismo, esta vez alrededor de un negocio que mueve cifras millonarias y cuya regulación sigue sin encontrar consenso político.
 

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