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Lunes, 16 noviembre 2026
Argentina
CUOTAS VENCIDAS

Katopodis no logra cobrar una deuda y el monto pendiente ya supera los $2.500 millones

La Provincia actualizó la deuda de la Cooperativa de Electricidad General Balcarce, que había sido intimada por casi $1.900 millones. El monto creció por nuevos períodos impagos y planes de regularización vencidos. Ahora tiene diez días hábiles para cancelar o adherir a un plan de hasta 60 cuotas, bajo amenaza de acciones judiciales.

Katopodis no logra cobrar una deuda y el monto pendiente ya supera los $2.500 millones
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El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, volvió a poner la lupa sobre la situación financiera de la Cooperativa de Electricidad General Balcarce Limitada. A través de la Resolución 839-MIYSPGP-2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno provincial actualizó el pasivo que la entidad mantiene con el Fideicomiso de Inversiones en Transporte de la Provincia de Buenos Aires (FITBA).

La cifra pasó de los $1.891.638.708,89 determinados en julio a un total de $2.743.618.984,85, calculados al 30 de agosto de 2026. El incremento responde a la actualización de las obligaciones anteriores, nuevos períodos impagos y cuotas vencidas de los planes de regularización a los que había adherido la cooperativa.

El conflicto tiene como origen los agregados tarifarios que la distribuidora eléctrica cobró a sus usuarios y que debía transferir al FITBA. Se trata de tres componentes: transmisión, generación distribuida y adicional por costo de generación distribuida. Según la Provincia, esos recursos fueron efectivamente recaudados, pero no ingresaron al fideicomiso, pese a tener un destino específico dentro del sistema eléctrico bonaerense.

La situación ya había sido motivo de una primera intimación, oficializada mediante la Resolución 580/2026, publicada el 31 de julio. En aquella oportunidad, el Ministerio de Infraestructura había establecido un plazo de diez días hábiles para cancelar los casi $1.900 millones, bajo advertencia de avanzar con acciones judiciales.

Sin embargo, la deuda continuó acumulándose. En su presentación ante el Ministerio, la propia cooperativa reconoció las obligaciones pendientes y solicitó incorporar los períodos de abril, mayo y junio de 2026. También pidió autorización para cancelar el pasivo mediante un plan de 60 cuotas, argumentando las dificultades económico-financieras que atraviesa.
Un nuevo plazo y la amenaza judicial
Frente a ese escenario, Katopodis resolvió conceder un nuevo plazo excepcional y perentorio de diez días hábiles desde la notificación de la resolución para regularizar la totalidad de la deuda. La normativa habilita a la entidad a seleccionar un esquema de hasta 60 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, calculadas mediante el sistema francés.

Además, la resolución contempla una alternativa para reducir parcialmente el monto reclamado. La cooperativa solicitó que se transfieran al FITBA $1.295.893.916 correspondientes a liquidaciones retenidas del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias (FPCT), administrado por el OCEBA. El Ministerio aceptó instrumentar esa cesión de créditos mediante escritura pública, con intervención de la Escribanía General de Gobierno.

En caso de concretarse, ese importe deberá descontarse del título ejecutivo correspondiente a la deuda reclamada. Es decir, los $2.743 millones constituyen el pasivo determinado antes de computar esa eventual compensación.

La advertencia judicial, de todos modos, quedó expresamente establecida. Si la cooperativa no cancela la deuda ni adopta el plan de facilidades dentro del plazo otorgado, Provincia Fideicomisos S.A.U. deberá iniciar las acciones judiciales para perseguir el cobro. La resolución constituye un título ejecutivo, lo que habilita un procedimiento específico para reclamar las obligaciones.

Incluso si la entidad opta por financiar el pasivo, el incumplimiento de tres cuotas consecutivas o alternadas facultará a Provincia Fideicomisos a iniciar acciones judiciales por el saldo pendiente, más los intereses correspondientes.

De esta manera, la administración bonaerense vuelve a intimar a la Cooperativa de Electricidad General Balcarce, esta vez por una cifra que ya supera los $2.743 millones. Mientras tanto, el Ministerio busca recuperar fondos tarifarios que, según sostiene, fueron cobrados a los usuarios pero nunca llegaron al fideicomiso provincial.

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