La entidad de profesionales bonaerenses, en el ojo de la tormenta: aportes millonarios, jubilaciones de miseria y sospechas sobre el manejo de los fondos.
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La Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires atraviesa un escenario de creciente conflictividad. En medio de los cuestionamientos al funcionamiento de las entidades profesionales, una ola de denuncias puso nuevamente bajo la lupa al sistema previsional. Aportes cada vez más elevados, jubilaciones que no alcanzan y deudas difíciles de afrontar alimentan el malestar de numerosos profesionales bonaerenses.
La controversia se produce en medio de la ofensiva del Gobierno de Javier Milei para avanzar con la desregulación de los colegios profesionales y revisar los aportes obligatorios a las cajas previsionales. Desde el oficialismo nacional cuestionan los costos de matriculación y colegiación, a los que consideran barreras económicas para el ejercicio laboral, mientras que las entidades profesionales advierten sobre las consecuencias de modificar los regímenes vigentes.
En ese contexto, referentes de La Libertad Avanza impulsan iniciativas legislativas para eliminar o reducir matrículas, aranceles y otras obligaciones económicas. El debate, además, se trasladó a municipios bonaerenses, donde sectores libertarios promueven propuestas para flexibilizar los requisitos de habilitación profesional. También suma al creciente reclamo de libre elección de obras sociales, que, además de los profesionales colegiados también alcanza e empleados estales de diferentes estamentos. Esta discusión suma presión sobre las cajas previsionales, que enfrentan crecientes cuestionamientos de sus propios afiliados por los elevados aportes y las prestaciones que reciben.
La polémica se extiende al COMEI, el sistema de cobertura médica vinculado a la Caja. Afiliados denunciaron prestaciones insuficientes, problemas administrativos y dificultades para sostener el servicio. Tal es así, que se multiplican los reclamos a lo largo y ancho de la Provincia de quienes no pueden hacer frente a los elevados aranceles, además de quedar atados a un sistema de prestaciones poco eficiente.
Pero el conflicto ya no se limita al costo de los aportes. Entre los afiliados crecen los pedidos de transparencia y los interrogantes sobre la administración de los fondos, donde, algunos profesionales plantearon sospechas de irregularidades y la propia Caja se llamó al silencio frente a las consultas de este medio.
En paralelo, el proceso electoral de la entidad sumó nuevos cuestionamientos. Desde el Colegio de Odontólogos del Distrito VIII denunciaron presuntas diferencias de criterio en la oficialización de listas de distintos distritos, situación que, según advirtieron, pone en discusión la igualdad de condiciones y la transparencia del procedimiento.
Así, mientras aumentan las exigencias económicas y se multiplican las críticas a la conducción, la Caja queda atrapada en una controversia que combina reclamos previsionales, cuestionamientos administrativos y disputas institucionales. Del otro lado aparecen profesionales que aseguran trabajar cada vez más para sostener un sistema que, según denuncian, no les garantiza una jubilación digna, o bien complican el presente frente al millonario desembolso.
EL DRAMA DE LOS PROFESIONALES Millonarios aportes, atención cuestionada y reclamos constantes
La Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires vuelve a quedar en el centro de la polémica. Profesionales activos y jubilados profundizaron sus reclamos contra el sistema previsional por el incremento de los aportes obligatorios, las deudas acumuladas y las dificultades para acceder a una jubilación digna.
Según denunciaron, los aportes mensuales rondan entre $400.000 y $500.000, mientras que las jubilaciones apenas alcanzan los $700.000.
Los testimonios reflejan situaciones todavía más extremas. Una profesional aseguró haber pagado $1,7 millones de Caja en un solo mes, además de $470.000 de matrícula y otros $145.000 de registro profesional. Otros denunciaron deudas de hasta $23 millones, intereses elevados y moratorias que consideran imposibles de afrontar.
La controversia también alcanza al COMEI, el sistema de cobertura médica vinculado a la institución. Entre las denuncias aparecen prestaciones insuficientes para intervenciones costosas, aumentos constantes y dificultades administrativas que, según los afiliados, comprometen la continuidad de la atención sanitaria. Uno de los testimonios más sensibles corresponde al familiar de una odontóloga que ejerció durante 47 años. Según relató, su madre terminó perdiendo la cobertura a los 90 años por una deuda acumulada tras problemas con el débito automático, pese a haber aportado durante décadas.
El malestar también golpea a quienes recién comienzan su carrera. Jóvenes profesionales aseguran que los costos obligatorios dificultan el ejercicio de la actividad, mientras que otros afirman haber abandonado especializaciones para afrontar sus compromisos previsionales. “No podemos tener una jubilación digna. Aportamos durante 30 años para que ahora nos pase esto”, lamentaron distintos profesionales que expusieron la crítica situación frente a la Caja y al COMEI.
DANIEL DELPINO – FEPUBA Cajas y colegios afuera: la polémica intención del Gobierno Nacional
Daniel Delpino, presidente de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Buenos Aires (FEPUBA), cuestionó la intención del Gobierno nacional de modificar la regulación de las cajas previsionales y los colegios profesionales. En este sentido, defendió el sistema vigente y advirtió sobre los riesgos que implicaría avanzar con su desregulación.“No puedo decir otra cosa que esto nos genera preocupación”, sostuvo el dirigente, aunque aclaró que todavía se desconocen los detalles de la iniciativa y si el Ejecutivo buscará instrumentarla mediante leyes o decretos. Además, recordó que propuestas similares ya habían surgido durante la década del noventa.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la autonomía provincial. Delpino explicó que los colegios y consejos profesionales fueron creados por leyes provinciales y que las funciones de fiscalización les fueron delegadas legalmente. Por eso, consideró que cualquier modificación necesitaría algún tipo de adhesión de las provincias. El titular de FEPUBA defendió el funcionamiento de estas instituciones, que cuentan con elecciones periódicas, renovación de autoridades y representación de mayorías y minorías. “Cumplen un rol fundamental para adentro y para afuera. Son el reaseguro de la sociedad”, afirmó.
También alertó sobre las consecuencias que podría tener una eventual eliminación de los controles profesionales. En particular, mencionó los casos de ejercicio ilegal por parte de personas sin títulos habilitantes o que no reúnen las condiciones necesarias. “¿Qué organismo va a controlar o verificar que eso pase o sancionar si pasa? No sabemos”, planteó. En materia económica, aseguró que las cajas previsionales se financian con aportes de sus afiliados, sin recursos estatales. Como ejemplo, mencionó que los arquitectos bonaerenses pagan una matrícula anual cercana a los 200 mil pesos, además de realizar sus contribuciones jubilatorias. Finalmente, Daniel Delpino reconoció que el sistema puede modernizarse, pero rechazó la posibilidad de eliminar las instituciones existentes. Consideró que el esquema es “mejorable o actualizable”, aunque insistió en que no corresponde prescindir de estos organismos.
