Un fallo acerca el cierre de la causa por YPF y aleja el reclamo de US$16.000 millones
La jueza de Preska dejó sin efecto su sentencia de primera instancia contra la Argentina, en línea con la decisión de la Cámara de Apelaciones que revocó la condena. Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos deberá resolver si toma el caso tras el recurso de los demandantes
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La jueza federal estadounidense Loretta firmó una resolución que acerca el cierre formal en primera instancia del juicio por la expropiación de YPF. La medida deja sin efecto la sentencia que había dictado en 2023 contra la Argentina, por un monto superior a los US$16.000 millones, luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocara esa condena en marzo.
La decisión incorpora al expediente el fallo de la Cámara y dispone el cierre de la causa en ese juzgado de Nueva York. Sin embargo, el conflicto judicial todavía no está definitivamente resuelto, ya que los demandantes presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir el resultado.
El reclamo fue impulsado por el fondo Burford Capital, que litiga en representación de los derechos de las empresas Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. Ahora, el máximo tribunal estadounidense deberá decidir si acepta revisar el caso, una instancia que podría modificar el escenario favorable para el Estado argentino.
Según el exsubprocurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Soler, la resolución de Preska también representa un rechazo al intento de los demandantes de postergar el cierre del expediente de primera instancia mientras esperan una definición de la Corte Suprema.
La causa se originó en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol. El litigio posterior se centró en el incumplimiento del estatuto de la petrolera, que establecía la obligación de realizar una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas cuando se tomara el control de la compañía.
El Grupo Petersen, vinculado con la familia Eskenazi y titular de una participación minoritaria, quedó en el centro de la disputa. Sus empresas terminaron en quiebra en España luego de que la suspensión del reparto de dividendos afectara su capacidad para afrontar los créditos utilizados para adquirir las acciones.
Mientras Repsol alcanzó un acuerdo de compensación con la Argentina por US$5.000 millones en bonos soberanos en 2014, el reclamo de los accionistas minoritarios derivó en la demanda presentada por Burford en 2015 ante los tribunales de Nueva York.
